La señora Cristina Bautista Salvador, integrante del Comité de padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, compartió su experiencia con integrantes de la comunidad universitaria

«Seguimos buscando a nuestros hijos y exigimos al gobierno que nos presenten con vida a nuestros hijos”, exclamó Cristina Bautista Salvador, ante integrantes de la comunidad universitaria reunida para escuchar su testimonio como madre de uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.  

Invitada por el Departamento de Formación Humana (DFH) y el Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano (PLIUL) para encabezar el conversatorio “Ayotzinapa hoy. De la verdad histórica a medias verdades”, la integrante del Comité de Padres y Madres de los 43 de Ayotzinapa señaló que, así como sus interlocutores, su hijo Benjamín Ascencio Bautista llegó a la universidad “por el sueño de ser alguien en la vida”. Sin embargo, Benjamín apenas estuvo dos meses en la Normal de Ayotzinapa, para luego desaparecer y ser llamado delincuente por el gobierno. 

Nueve años pasaron desde la última vez que Cristina vio con vida a su hijo, Benjamín Ascencio Bautista. “Ha sido muy difícil nuestro caminar. Son nueve años de sufrimiento, sin vivir tranquilos en nuestras comunidades”, continuó la señora. 

La señora, al igual que el resto de padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, vio con esperanza la llegada de López Obrador a la presidencia, ya que él se había comprometido a apoyar para que todas las investigaciones necesarias se dieran. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a brotar los obstáculos desde gobierno y la pandemia ralentizó aún más los procesos. 

“Topamos con el ejército y ya no se pudo avanzar, ya no nos dieron más información [para seguir las investigaciones]. ¿Cómo vamos a alcanzar la verdad si no quieren entregar esos documentos que hacen falta?”, dijo Bautista Salvador. 

“Queremos la verdad, sea lo que sea. Nuestros hijos no desaparecieron, ellos se los llevaron. Queremos que nos digan dónde los dejaron, es nuestra exigencia”, comentó. 

Ante la pregunta de un estudiante de cómo apoyar, la señora señaló que sería de ayuda hacer un documento como comunidad universitaria y hacerlo llegar a la presidencia, a fin de que no se olvide el caso. 

“El gobierno se da cuenta de que no estamos solos. Estamos muy agradecidos con el pueblo de México. Sabemos que hay personas que han levantado la voz y eso nos ha ayudado mucho para no apagar la llama del caso Ayotzinapa”, dijo. 

Asimismo, agradeció al ITESO por recibirla y a su comunidad por seguir pendiente del caso. “Estamos pasando una etapa muy difícil. Íbamos bien, pero de repente quedamos atorados y ya no se puede avanzar con las investigaciones”, lamentó. 

Sandra Lozano Noriega, estudiante de la Licenciatura en Psicología, compartió que ser universitaria va ligado a un acto de responsabilidad social, desde donde toca pensar y actuar.  

“Nos hemos acercado al dolor de nuestros compañeros estudiantes, pero, a la vez, sentimos mucho temor de lo que nos toca hacer desde nuestra trinchera”, dijo, a la vez que aceptó que la rabia, el miedo y el desconcierto han paralizado a la juventud mexicana. Ante ello, toman refugio en saberse parte de una comunidad, aunque no es suficiente. 

Comentó que, como parte de la generación nacida en los primeros años del siglo, creció con la guerra contra el narco como contexto. “No recordamos un México que no fuera violento. Al ver lo que sucede a las y los defensores de derechos humanos, da miedo pensar qué nos puede suceder a nosotros”, señaló. 

Los compañeros de los 43 de Ayotzinapa acabaron su carrera, son maestros y están haciendo su vida. Benjamín y otros 42 estudiantes siguen, hoy en día, desaparecidos. 

El contexto

César Octavio Pérez Verónica, académico del DFH, consideró imperativo que la comunidad universitaria y la sociedad en general conozcan qué ha sido del caso de los 43 de Ayotzinapa, al tratarse de un crimen de Estado. 

Reconoció en este hecho “una de las peores heridas que ha tenido este país y que no se ha resuelto a la fecha”, a la vez que lo catalogó como un síntoma del contexto de extrema violencia que se ha estado cocinando en Guerrero durante al menos los últimos 60 años, protagonizado por un poder político, ejército y crimen organizado coludidos. 

Asimismo, señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fallado en dar luz a la “verdad histórica” que ofreció el gobierno de Enrique Peña Nieto. En aquella versión, el gobierno aseguró que los jóvenes habían sido entregados al crimen organizado para luego ser ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río de San Juan. Tras hacerse público que todo eso fue fabricado, se creó un grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) y se creó una unidad dentro de la Fiscalía General de la República para atender el caso y dar con la verdad. 

“Gracias a este grupo pudimos descubrir no solamente que sí hubo participación del Estado, sino también gente del CISEN, de gobernación y también de personal de la Marina”, señaló el académico. 

Sin embargo, las puertas se cerraron para que el grupo de expertos siguiera trabajando y en julio de 2023 finalmente se retiraron. “Estamos hablando de un sexenio que ha favorecido mucho a las Fuerzas Armadas no solamente en temas de seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene más confianza al ejército que las familias, al GIEI y a las voces de expertos y expertas que están diciendo que efectivamente se está ocultando información por parte de las fuerzas armadas”, dijo. 

Si bien aplaudió que el actual gobierno sí reconoce un crimen de estado, Pérez Verónica afirmó que el avance queda corto. 

FOTO: Zyan André