Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que antes de actuar, las autoridades deben investigar las causas de la violencia y garantizar los derechos sociales de la población.
Homicidios, violaciones, feminicidios, desplazamientos… Desde hace unos 15 años técnicamente México vive la situación de un Estado en guerra y en la que podría ser la peor crisis humanitaria de su historia moderna. Al mismo tiempo enfrenta grandes contradicciones debido a las reformas de sus leyes en materia de justicia penal y de derechos humanos, dijo el pasado lunes 25 de marzo el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar Ugarte.
Estos contrasentidos se expresan en las modificaciones a diversas leyes y a instancias del nuevo gobierno.
Por ejemplo, desde 2008 el Código Penal Federal garantiza el principio de presunción de inocencia, gracias al cual nadie nos puede encarcelar si no hay un juicio previo, y, al mismo tiempo, en estos días una persona acusada de robo a casa habitación —una empleada doméstica, por ejemplo—, robo de combustible o corrupción podrían permanecer en la prisión antes de que le pregunten si ella es responsable, debido a las recientes modificaciones del Artículo 19 constitucional.
Y todavía más. Contra todas las recomendaciones de los organismos que trabajan con los derechos humanos a escala nacional e internacional, el Ejército puede patrullar las calles, por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Estos, en opinión del académico, son desaciertos en las políticas públicas que ha generado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Pedro Salazar Ugarte impartió en la Casa ITESO Clavigero la charla “Derechos Humanos, políticas públicas y conflictos constitucionales. Retos y oportunidades de la Cuarta Transformación” que organizó la Maestría en Derechos Humanos y Paz, del Departamento de Estudios Socio Jurídicos y Políticos del ITESO
Ahí dio a conocer su opinión técnica de que algunas de las decisiones del nuevo gobierno federal afectarán a las personas más empobrecidas.
Según el especialista, la guerra contra el “huachicoleo” no pondrá en la cárcel a sus cabecillas, que tienen recursos para evadir la ley, sino a las mujeres de las comunidades marginadas, donde ocurren las extracciones ilegales, que son las que muchas veces venden un barril o dos litros de combustible para alimentar a su familia. Los recortes de presupuesto a las guarderías federales pondrán en aprietos a los hijos de las madres en pobreza extrema, las que no están aseguradas ni pueden pagar una estancia. Y los patrullajes del Ejército por lo largo y ancho del país pondrán en riesgo a la ciudadanía.
Pero en diversas encuestas los mexicanos piden soldados en las calles. ¿Por qué el Ejército no debería hacer labores de policía? Porque la historia pasada y reciente le ha enseñado a México que en los lugares a los que llegan los militares aumentan las desapariciones y muertes. Y cuando hay enfrentamientos en los que participan las fuerzas militares, no hay algunos muertos. Todos mueren: responsables, inocentes y niños de muy corta edad.
“La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en que estas figuras no son compatibles con un Estado democrático”, recordó Pedro Salazar.
Lamentó que en estos días, y en parte con responsabilidad de los medios de comunicación, los derechos humanos son un concepto muy devaluado en México, porque erróneamente algunos creen que sirven para defender a quienes delinquen. No es así: sirven para que el Estado no abuse de los ciudadanos y todos tengamos garantizado un juicio justo.
Recordó que la agenda de los derechos se promueve desde el horror “y adquiere sentido cuando nos damos cuenta del daño que nos podemos causar, sobre todo desde el poder hacia los más débiles. Cuando algunas voces dicen: ‘ya no hablen de derechos humanos’, se asoman el autoritarismo y el horror”, consideró.
Admitió que existe una gran expectativa sobre el nuevo gobierno federal, cuya llegada responde al hartazgo de gran parte de la población ante la desigualdad socioeconómica, la violencia, la corrupción y la impunidad, y que existen presiones porque los mexicanos exigen una solución rápida a problemas históricos muy complejos.
En su opinión las soluciones rápidas pueden resultar peligrosas ante los problemas estructurales, y la mexicana “es una sociedad indecente en su propia estructura” de desigualdad.
