ITESO. UNIVERSIDAD JESUITA DE GUADALAJARA

El Foro en Materia de Personas Desaparecidas dejó clara la intención del ITESO de configurar un espacio de diálogo incluyente, crítico, propositivo y constructivo donde todas las voces cuentan para transformar la realidad. 
POR MONTSERRAT MUÑOZ, VANESA ROBLES, ERIKA TORRES Y ÉDGAR VELASCO

Durante la semana del 27 al 31 de enero, el ITESO se configuró como espacio para exponer, analizar, denunciar y acoger una problemática que nos aqueja a todas las personas en México: la sistemática desaparición de familiares, amistades y colegas.

Con la etiqueta #LesEstamosBuscando se hizo un llamado al que se dieron cita las familias, colectivos, especialistas, estudiantes, e integrantes del gobierno estatal y federal que investigan, denuncian y están en la búsqueda de las personas que un día dejaron de presentarse en casa, en el trabajo o en su salón de clase.

El Foro en Materia de Personas Desaparecidas fue inaugurado por Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ; Catalina Morfín, directora general académica del ITESO, Robin Matthewman, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Luis Arriaga, SJ, Rector del ITESO.

Para Alejandro Encinas el foro representó la esperanza de trazar una ruta de trabajo conjunta para realizar de manera eficaz y responsable las tareas de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a que no se vuelvan a repetir estos hechos ni en Jalisco ni el resto del país.

En tanto que el Rector Luis Arriaga, SJ, y la directora general académica del ITESO, Catalina Morfín, pautaron claramente el punto de partida: asumir que antes de los análisis, posturas y declaraciones se debía comenzar escuchando a los familiares. El Rector advirtió que “a esta acción intelectual, en nuestro foro, le precederá la sensibilización que nos lleve a solidarizarnos efectivamente con quienes son tocados de manera directa por el impacto de la desaparición. Desde nuestra conversión a un corazón compasivo, queremos también contribuir a generar mayor solidaridad y trazar propuestas de solución”; en tanto que la directora Morfín apuntó que de no escucharles “sería traicionar una de las exigencias del espíritu evangélico que nos inspira”, y que es “contribuir a que tengan voz”.

‘Sin las familias no’

El segundo día de actividades se centró en generalidades como conocer cuáles son las obligaciones legales (tanto constitucionales y las que derivan de tratados e instrumentos de derechos humanos), en relación con las personas desaparecidas; las experiencias en la elaboración de la ley general y por qué es tan relevante entender que las familias deben ser parte activa en las políticas públicas en esta materia.

El problema de las personas desaparecidas en México se remonta a los setenta, en el periodo conocido como “la guerra sucia”. Sin embargo, es en los años recientes que el fenómeno ha crecido exponencialmente, llevando la cifra a más de 60 mil personas de las que se desconoce su paradero. A pesar del paso del tiempo y de la cantidad de personas desaparecidas, pocas cosas han cambiado: Las autoridades siguen sin dar una respuesta a la altura del problema y los perpetradores siguen gozando de impunidad. Los que sí han cambiado son los familiares de las víctimas de desaparición: han trascendido el dolor y en su búsqueda se han convertido en expertos en protocolos, en encontrar fallos en la labor de los ministerios públicos, en peritos forenses. Y, más recientemente, en piezas fundamentales para el diseño de leyes y políticas públicas en torno al tema.

Una de las mesas estuvo dedicada a analizar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada en 2017 y cuya característica principal es que en su diseño contó con el trabajo y la colaboración directa de colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil.

La mesa de cierre puso el foco sobre el papel activo de familiares y colectivos en el diseño de políticas públicas relacionadas con el tema de la desaparición. A ella acudieron Aracely Salcedo, fundadora de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba; Ana Paula Serdán, directora ejecutiva del Centro de Colaboración Cívica; y Margarita Sierra, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco, quienes fueron moderadas por Carmen Chinas, investigadora de la Universidad de Guadalajara, quien en la presentación de la mesa calificó como “clave y definitiva” la intervención de familiares y colectivos para lograr avances como la no criminalización, el diseño de protocolos de investigación y búsqueda, así como la presión para generar leyes.

LES ESTAMOS BUSCANDO

Los retos de la búsqueda

Uno de los temas más apremiantes para las familias es el de la búsqueda, investigación y prevención de las desapariciones, y durante el foro fue abordado desde diferentes ópticas: la penal (para entender la dificultad de tipificar un caso como desaparición), la de los estándares internacionales (a partir de los principios rectores de búsqueda), y la legislativa (para que los diputados determinen qué es lo que se requiere para que la legislación jalisciense pueda responder adecuadamente a estos aspectos).

La coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC, (Cepad), Anna Karolina Chimiak, participó en la charla “Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”. Durante el encuentro, se recordó que mientras en México las autoridades han registrado casi 62 mil desapariciones de hombres y mujeres, entre 1995 y 2019, en Jalisco existen casi siete mil denuncias por ese delito. Esto coloca a la entidad en el primer sitio de incidencia de este tipo de crímenes.

Por ello, Chimiak consideró que en Jalisco, un buen punto de partida sería la generación de un diagnóstico que considere el contexto de cada región en la que ocurre el suceso, ya que la aprobación y entrada en vigor de leyes federa-les y estatales que reglamenten y guíen la búsqueda de personas desaparecidas no son suficientes por sí solas.

Avances en Jalisco

Durante el panel “Retos en la implementación del modelo para la búsqueda, identificación e investigación en casos de personas desparecidas en Jalisco”.

La titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, señaló que, a partir de su llegada en enero de 2019, se ha robustecido la plantilla de personal, se creó el área de prebúsqueda y se empezó a trabajar en la digitalización de expedientes para crear bases de datos confiables.

Por su parte, Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador general de la Comisión Estatal e Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), informó que en los últimos tres años se han registrado 159 quejas. El 61 por ciento del total ya fueron resueltas.

Perlasca Chávez propuso el diseño y fortalecimiento de estrategias y políticas públicas, así como las reformas o armonizaciones legislativas para prevenir las desapariciones, sin menoscabo a las acciones que deban emprenderse para la búsqueda.

Enfatizó que es prioritario garantizar el respeto a la dignidad y derecho de las víctimas de acceso a la justicia, a la verdad y la reparación y urgió a trabajar en esquemas para la investigación e identificación de la persona fallecida, su debida conservación, trato digno y localización de familiares.

‘No vamos a parar’

Para Guadalupe Aguilar Jáuregui, del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), los retos son diferentes. Desde hace nueve años está en búsqueda de su hijo, José Luis Arana Aguilar.

Convertida en activista, vierte sus esfuerzos en apoyar a sus compañeras. “(En el colectivo) es donde asumimos retos y tratamos de derrumbar esas paredes y obstáculos. Pero vamos a pasos muy lentos, porque después de nueve años apenas tenemos una ley general, hace apenas un año está la fiscalía”, señaló.

Lamentó la revictimización que sufren los familiares de personas desaparecidas en los ministerios públicos y de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para quienes pidió capacitación. “Nos hemos topado con gente que no saben nada de nada, que no tienen ni tantita sensibilidad para tratar a las víctimas”, dijo.

Pero para ella y para todos los familiares de los desaparecidos y las des-aparecidas, la misión está clara. “No nos vamos a parar hasta encontrar. Nos asustan las cifras, pero para nosotros solo significa que debemos dar más es-uerzo. Si tenemos cifras extraordinarias, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario”, afirmó.

Aunque no es prioridad para las familias, el tema de la declaración especial de ausencia, aún no regulada en Jalisco, también se trató desde las ópticas administrativas, jurídicas, fiscales y en materia de seguridad social, además del intercambio de experiencias que muestran las dificultades para avanzar en el entendimiento de esta figura del derecho civil, que busca responder a las consecuencias de una desaparición: las laborales, fiscales, de seguridad social, mercantiles, patrimoniales y familiares de la persona desaparecida y sus familiares.

El foro, un claro testimonio del compromiso del ITESO con las víctimas, terminó el viernes, pero para quienes asistieron y hablaron desde sus distintas trincheras y saberes, los ecos perduran, con un punto en común: poner a los familiares en el centro de la conversación y escucharles y sensibilizarnos como sociedad, tal como lo mencionó el Rector durante la inauguración:

Tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de las víctimas. Escuchar su interpelación y dejar que la compasión nazca ahí donde antes se anidó el miedo o el egoísmo. Aquí no sólo haremos análisis; a esta acción intelectual, en nuestro foro, le precederá la sensibilización que nos lleve a solidarizarnos efectivamente con quienes son tocados de manera directa por el impacto de la desaparición”.

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