Desde el 2013, la Asamblea General de la ONU determinó que cada 2 de noviembre se celebraría el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas; impunidad que en México alcanza el 94% 

Cuando un joven opta por estudiar periodismo de manera inmediata sale a relucir la frase: “No te dediques a eso, te van a matar”, y cómo no pensarlo si en México, tan sólo en el primer semestre de 2021, la organización Artículo 19 registró 362 agresiones contra la comunidad periodística; lo que equivale a una cada 12 horas [1] 

Entre las agresiones más “comunes” están las intimidaciones, los hostigamientos, las amenazas, los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público. Estas violencias fueron mayoritariamente cometidas por agentes del Estado en sus tres niveles de gobierno, aunque de estos destacan las autoridades municipales. 

A ello, por supuesto, hay que sumarle las violencias que contra las y los periodistas cometen, en total impunidad, quienes integran el crimen organizado. Poder que, en colusión con las autoridades, ha creado verdaderas zonas de silencio donde es imposible que quienes ejercemos el periodismo podamos reportar lo que ahí sucede, pues hacerlo pone en juego nuestra seguridad y vida. 

Reconocer que quienes deberían de garantizar el libre ejercicio de nuestra profesión son quienes más ejercen la violencia contra nosotros nos coloca en un estado de indefensión, lo cual – en un corto y mediano plazo – se convierte en la razón principal por la que muchos colegas optan por no denunciar las amenazas que sufren. Y esto es, también, lo que los obliga a abandonar su actividad periodística.   

Quienes sí recurren a lo que por ley tienen derecho se ven entrampados en un proceso jurídico-burocrático que tampoco les garantiza ni seguridad ni justicia, pero no por la ausencia de leyes o mecanismos de protección, sino por la falta de voluntad política para aplicar y hacer valer cabalmente estos marcos jurídicos la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la cual se promulgó el 25 de junio de 2012. 

Donde tampoco ha existido voluntad es en el quehacer de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), creada por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) en 2006 y reformada, el 5 de julio de 2010, ahora bajo el nombre de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). 

Desde la creación de esta última institución hasta el 30 de septiembre de 2021 [2] se han abierto 4 mil 799 averiguaciones previas contra delitos cometidos contra periodistas, pero únicamente ha existido determinación en mil 428 casos (el 29%).  

Sin embargo, esto se tradujo en la existencia de alguna resolución judicial, pues muchos de los casos, asegura la FEADLE, se resolvieron mediante un acuerdo reparatorio (29 casos), o porque se desistió de la denuncia (38 casos). 

Si ahondamos en las indagatorias en las que sí se ejerció una acción penal la situación es alarmante, pues sólo se han judicializado 276 casos; esto significa que sólo el 6% de las denuncias obtuvo algún tipo de justicia. Esto significa que la impunidad en los delitos cometidos contra las y los periodistas es del 94%.  

Sobre las y los agresores, la FEADLE informó que en 11 años, sí en 11 años, sólo ha girado órdenes de aprehensión en contra de 153 presuntos responsables; es decir, de 4 mil 799 casos sólo se ha pretendido ejercer acción penal contra 153 personas; es decir, sólo se identificó una probable responsabilidad en tres de cada 100 denuncias presentadas. 

En cuanto a las personas que sí fueron detenidas y que ya recibieron medidas de prisión preventiva oficiosa sólo existen seis casos, y en razón de las personas que ya fueron vinculadas a proceso y están en formal prisión son 126. Esto implica que de 4 mil 799 denuncias presentadas sólo se alcanzó la justicia en el 2.75% de los casos. Es decir, sólo en tres de cada 100 denuncias se castiga a la persona responsable. 

Así que a la expresión social “No te dediques a eso, te van a matar”, le podemos sumar: “No te dediques a esto que te van a matar y tu crimen quedará impune”, lo cual es terrible escuchar para quienes desean ejercer este oficio o para quienes ya lo ejercemos y somos conscientes de que en el país -conforme a Artículo 19– existen 142 periodistas asesinados y 24 desaparecidos.  

Violencia que no encuentra tregua ni justicia con el cambio de partidos y políticos en el poder, pues en los últimos cuatro gobiernos de la república mexicana han existido asesinatos de periodistas: 22 con Vicente Fox (PAN); 48 con Felipe Calderón (PAN); 47 con Enrique Peña Nieto (PRI) y 22 en la actual administración de Andrés Manuel López Calderón (MORENA). Y como ya se expresó, en todos estos gobiernos ha imperado la impunidad y la injusticia.

A la expresión social “No te dediques a eso, te van a matar”, le podemos sumar: “No te dediques a esto que te van a matar y tu crimen quedará impune”, lo cual es terrible escuchar para quienes desean ejercer este oficio o para quienes ya lo ejercemos y somos conscientes de que en el país -conforme a Artículo 19- existen 142 periodistas asesinados y 24 desaparecidos. 

¿Pero qué hacer? ¿Cómo combatir el desánimo y el miedo que implica ser periodista en México? ¿De qué manera afrontar la impunidad?  

Las respuestas han venido desde el periodismo a través de organizaciones conformadas por colegas que integradas e integrados en proyectos como: la Red de Periodistas de A Pie, la Red Rompe El Miedo, Reporteras en Guardia y la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) han generado verdaderos espacios de capacitación, protección y defensa de las y los periodistas que han sido agredidos, pero también de todas y todos aquellos que, lamentablemente, han sido asesinados y desaparecidos. 

También existen diversas organizaciones civiles que empujan estas mismas denuncias y luchas, entre ellas destacan, por supuesto, Artículo 19, Nuestra Aparente Rendición, FUNDAR y la Red Contra Violencia a Comunicadores, esta última conformada por académicos y universidades públicas y privadas preocupadas por dar capacitación y acompañamiento a las y los periodistas víctimas de la violencia.  

También la respuesta ha venido desde el ejercicio periodístico, pues se han realizado diversos trabajos de investigación para poder develar qué pasó en el asesinato o desaparición de las y los colegas; algunos de los ejemplos más destacados son: “Los Archivos del Caso Regina Martínez” [3], que investiga las omisiones en la investigación del asesinato de la periodista veracruzana ocurrido el 28 de abril de 2012; y “Proyecto Miroslava Breach: las cinco muertes ligadas al crimen” [4], que ahonda sobre los vínculos entre el narcotráfico y los poderes políticos de Chihuahua, mismos que fueron denunciados por la periodista que fue asesinada el 23 de marzo de 2017. 

Desde el periodismo estamos convencidos de que dicha impunidad sólo habremos de combatirla haciendo lo que mejor sabemos hacer: periodismo; de ahí que nuestra apuesta resida en la investigación y en la memoria para recordarle al Estado Mexicano que el 94% de los crímenes están impunes y que es su obligación resolverlos, como también lo es generar las condiciones para ejercer de manera libre nuestra profesión, tal y como lo mandata la ONU al conmemorar esta semana el Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, fecha que se estipuló tras el asesinato de Ghislaine Dupont y Claude Verlon en Malí en 2013. 

Por tanto, el Estado Mexicano está obligado a tomar medidas concretas para “prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones”; así mismo debe “promover un entorno propicio y seguro en el que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias”, lo cual desde luego contrasta con las acciones que se hacen desde “Las Mañaneras” de López Obrador o las “Ruedas de Prensa Semanales” de Enrique Alfaro, donde se señala, muchas veces con violencia y pocas pruebas, a los medios y periodistas que cuestionan o critican sus acciones de gobierno 

Sirva pues esta fecha para recordar que detrás de cada uno de estos casos hay personas y familias que demandan justicia.  No olvidemos tampoco que no se mata a la verdad cuando se asesina a un periodista, pero sí perdemos la vida de quien lo dio todo para que pudiéramos conocer lo que muchos querían ocultarnos. 

Desde el periodismo estamos convencidos de que dicha impunidad sólo habremos de combatirla haciendo lo que mejor sabemos hacer: periodismo; de ahí que nuestra apuesta resida en la investigación y en la memoria para recordarle al Estado Mexicano que el 94% de los crímenes están impunes y que es su obligación resolverlos, como también lo es generar las condiciones para ejercer de manera libre nuestra profesión. 

FOTO: Alejandro Castro