«Es fundamental no permitir que gane la indiferencia»

La frase «México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo» se ha escuchado de distintas maneras y en voz de varias personas, entre ellas la de Carmen Aristegui, al recibir en 2018 el Premio Zenger de la Universidad de Arizona. Desafortunadamente, en 2021, sigue teniendo vigencia, afirmó la periodista en la conferencia de clausura de la decimocuarta edición del Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ).

En la última jornada del foro, cuya sede fue el ITESO, se abordó el tema de la libertad de expresión con la conferencia de Carmen Aristegui y la mesa de diálogo «Alzando la voz ante la adversidad», en la que participaron Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos; Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, e integrantes de Signa Lab ITESO. 

Aristegui, quien participó vía remota, expuso el contexto en el cual se ejerce el periodismo en México. «Tenemos un mapa no resuelto en México, lo que significa una dinámica dominada por la acción criminal, situaciones que no puede controlar el Gobierno de la República que ha decidido algo que es muy controvertido: no solo mantener sino reforzar la presencia militar como la fuerza principal para combatir al crimen organizado, con todo lo que eso significa». 

La periodista señaló que México es un país de contrastes donde hay espacios en los que «florece» el periodismo de investigación y ocurren asesinatos de periodistas. «Esas situaciones coexisten». 

Señaló que es fundamental que exista una sociedad que haga valer su derecho a la información. «Tiene que haber una exigencia permanente de la sociedad hacia a los poderes establecidos, también hacia los propios medios y los medios colocar nuestra directriz hacia la audiencia como principal razón de nuestra existencia», dijo, y agregó que el eje principal del periodismo tiene que ver con proporcionar un servicio público a quienes necesitan información.

«Los periodistas y los medios de comunicación estamos obligados a hacer esa tarea, pero también la sociedad debe hacerse cargo de sí misma y preguntarse qué tanto hace para mantenerse al tanto en el seguimiento de lo que están haciendo en su nombre aquellos a quienes nombró como sus gobernantes. Tenemos que hacer un ejercicio autocrítico como sociedad y los medios como parte de esa sociedad». 

La democracia, afirmó, se construye de distintas formas. Una parte es votar, «pero lejos estamos de que eso sea suficiente para que tengamos como sociedad un músculo vigoroso, una consciencia fuerte de lo que significa la actuación de los ciudadanos, de lo que significa la actuación de los medios y de todos los entes que formamos esta sociedad para que tengamos realmente una democracia, un contexto real de protección y de existencia de derechos humanos, de Estado de Derecho, de participación ciudadana, todo lo que es nuestra carta a Santa Clos, pues no lo vamos a lograr nunca si no estamos ahí actuando». 

Aristegui preguntó: ¿qué tendría que pasar para que México viva razonablemente en paz, sin violencia?  En respuesta señaló que es fundamental no permitir que gane la indiferencia. «No podemos no estar presentes como sociedad. La memoria, la justicia, la paz, la no violencia son los principios fundamentales que deben impulsar la actuación y la vida de cada persona en este país». 

La conferencia completa puede verse en https://bit.ly/3psymPJ.

En riesgo, periodistas y defensores de derechos humanos

Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, señaló que a partir de la guerra contra el narco y bajo el argumento de la presencia de cárteles de drogas se incrementaron las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En su participación en la mesa «Alzando la voz ante la adversidad. La reducción de espacios para la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos», dijo que en la actualidad el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos intenta salvaguardar a más de mil 500 personas con un equipo de 40 personas.

«En esta nueva administración el mecanismo de protección ha tenido que ampliarse 85 por ciento, es decir 85 por ciento de las personas que han pedido protección lo han hecho a partir de esta administración federal, dicho de otra forma, el riesgo en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha aumentado 85 por ciento». 

De las agresiones contra personas defensoras y periodistas, más de 60 por ciento, precisó, no las cometen los cárteles de droga, sino instituciones o servidores públicos. «¿Qué debemos de hacer ante esta circunstancia? Primero regresarle la responsabilidad al Estado. La defensa de derechos humanos y la libertad de expresión no únicamente es un trabajo, es el ejercicio de un derecho, yo ejerzo mi derecho a la libertad de expresión y ejerzo mi derecho a defender derechos humanos, y cuando existe el ejercicio de un derecho existe la obligatoriedad de un estado en garantizarlo. Hay que seguir empujando esta obligatoriedad». 

Sin embargo señaló que para que el mecanismo de protección opere necesita un techo presupuestal de 450 millones de pesos y, en el mejor de los casos, para 2022 contará con 380 millones, de los cuales se deben 150 millones por lo que los recursos para proteger a las personas defensoras de derechos humanos son insuficientes.

Rossana Reguillo, coordinadora de Signa Lab ITESO, manifestó su preocupación por la polarización en redes sociales «que no son algo distinto a la realidad, nosotros con nuestros cuerpos habitamos esas redes sociales. Nuestras arrobas son nuestros cuerpos, son nuestras formas de conectarnos subjetivamente con los otros».

La académica explicó que a Signa Lab ITESO le interesa visibilizar las estrategias de manipulación, esas que expanden la narrativa de que los defensores de derechos humanos en realidad defienden a los delincuentes.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para la oficina de México y América Central, señaló que la «infodemia» tiene como fuente principal a los gobiernos, lo cual no significa que en las fuentes privadas no exista la desinformación.

«Es una responsabilidad informar, sí tienen un derecho a la libertad de expresión las y los jefes de estado y funcionarios públicos, pero limitado en la medida que violentan su calidad de garante del derecho a la libertad de expresión de otras y otros, y el derecho a la información de la sociedad».  

Desinformar desde la tribuna pública, dijo, vulnera el derecho a la información de la sociedad.

En sintonía con la conferencia de Aristegui, Maldonado señaló que México encabeza la lista de los países más letales para ejercer el periodismo, además de que el país está en el top tres de asesinatos a defensoras y defensores comunitarios y ambientales.

«Y en ese contexto estamos, por eso el discurso oficial, venga de donde venga: del presidente, del gobernador, etcétera, tiene que ver con ese contexto de violencia física, psicológica, que ya estaba y que el discurso ‘estigmatizante’ en contra de la prensa o de la defensa de derechos humanos abona y genera un contexto permisivo, lo que le hemos llamado un efecto cascada ya vimos que son los verdaderos maestros de ceremonias para que los ataques se perpetren vía Twtitter y Facebook, porque sí tiene efectos en la psique de las personas. Es ahí donde hay una responsabilidad política de lo que se está diciendo desde la tribuna y de cómo se está auspiciando un discurso de odio en contra de la crítica y la disidencia».  

El panel puede verse en su totalidad en https://youtu.be/4A4QtiiioKA.

FOTOS: Luis Ponciano