El discurso de las autoridades asegura la reducción del problema de la inseguridad, y además promueve la polarización de la sociedad y la criminalización de las víctimas, mientras la ciudadanía padece los efectos de la crisis de violencia y desapariciones en la entidad, coinciden especialistas

La normalización de la violencia, la aparición de nuevas formas de delincuencia, la impunidad y la corrupción son sólo algunos factores que abonan a la creciente inconformidad de la sociedad ante un gobierno que parece impávido en la crisis de seguridad actual. Sobre esto versó el panel «La percepción de la ciudadanía ante la inseguridad en Jalisco», organizado por la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales, en el marco de las Jornadas de Gestión Pública, el pasado jueves 24 de marzo, en el ITESO.

Alejandra Cartagena López, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO, señaló que, en general, la percepción ciudadana es que Jalisco es un estado inseguro.

«Esto de encontrar cuerpos en parques donde juegan tus hijos ha dejado la percepción de que vivimos en un estado inseguro, y va más allá de sólo hablar de delitos de alto impacto», señaló.

Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), respaldó lo anterior con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021, que apuntan a que 76 por ciento de la población de Jalisco considera el estado como inseguro.

«Jalisco se coloca en el primer lugar en personas desaparecidas; 16 por ciento de las desapariciones a nivel nacional en 2021 corresponden al estado de Jalisco. Durante la actual administración de Enrique Alfaro Ramírez, las desapariciones tuvieron un incremento de 120 por ciento», dijo.

Además señaló que estadísticas del gobierno federal colocan a la entidad en quinto lugar a escala nacional en el número de homicidios, con 315 registros en los primeros dos meses de 2022, mientras que el Cepad contabilizó 267 fosas clandestinas halladas en Jalisco entre 2019 y 2021, de donde se recuperaron mil 296 cuerpos. «La crisis de violencia y de desapariciones ha contribuido de manera muy fuerte a otra emergencia, que es la forense», apuntó.

«En Jalisco no pasa nada»
Alejandra Cartagena enfatizó que la relación con las autoridades ha sido complicada, a partir del hecho de que no hay un reconocimiento de lo que está pasando. Lamentó también que, desde el gobierno, la crisis se dimensione en cifras y no en personas, lo cual abona a un discurso que criminaliza a las víctimas y promueve la polarización de la sociedad.

«La autoridad ha logrado una administración del horror, al adoptar una narrativa según la cual la persona que desaparece o es asesinada ‘en algo andaba’, y nosotros como sociedad lo justificamos. Eso significa que no estamos exigiendo como sociedad, no estamos acompañando a quienes están viviendo estas violencias», mencionó.

Respecto a las demandas de la ciudadanía, la abogada distinguió dos principales: las lideradas por los colectivos de personas desaparecidas, por una parte, y, por otra, la agenda feminista, que también se opone a la violencia contra las mujeres.

Alejandra Cartagena López, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO; Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Cepad, y Radamanto Portilla, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

Cartagena, quien también es integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), señaló que el papel del gobierno no se limita a tratar la problemática, sino también de prevenirla. «Las autoridades han sido omisas y negligentes. La inseguridad le ha escupido en la cara a las autoridades. En Jalisco no pasa nada. Y si pasa, no pasa nada», mencionó.

En respuesta a la pregunta de Radamanto Portilla Tinajero, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) y moderador del encuentro, Chimiak señaló que la relación de las autoridades tanto con la ciudadanía como con las organizaciones de la sociedad civil se ha caracterizado por una gran falta de confianza. Sin embargo existen ejemplos de colaboración exitosa entre gobierno y sociedad civil, como se vio en el proceso de construcción de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, aprobada en 2021.

Un principal desafío es que se reconozcan las diferentes crisis por las que pasa el estado. De fallar en ello, «no se asume responsabilidad ni se toman acciones para atender lo que está pasando», advirtió Chimiak.

La academia como plataforma articuladora
Las panelistas coincidieron en la importancia de la academia como un actor preponderante para incidir en la agenda política, en vinculación con organizaciones de la sociedad civil y colectivos.

Como egresada de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, Cartagena Enfatizó la importancia de capacitar a los futuros profesionales desde una perspectiva de derechos humanos, en todas las carreras.

«Como academia hemos logrado mucho con diagnósticos e investigaciones que sirven a la ciudadanía, a los colectivos y a las propias autoridades. Tenemos la capacidad de fortalecer las competencias que tienen las autoridades», dijo.

En tanto, Chimiak señaló que las universidades son clave para formar estudiantes con una mirada crítica, a fin de que cuestionen la realidad y el contexto de la sociedad.

«La academia tiene gran potencial por su estructura, su capacidad y los conocimientos que acumula para poder constituir una plataforma de articulación», apuntó.

FOTO: Roberto Ornelas