El presidente del país ha hecho una serie de declaraciones en contra de los organismos autónomas, lo que ha generado un debate sobre su relevancia. El profesor José Bautista nos explica sobre ellos.
FOTO CC. Edificio del INEGI en Aguascalientes.
A raíz de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra de la existencia de los organismos autónomos, “porque no funcionan”, “son caros”, “son gobiernos paralelos al Estado”, “fueron creados en la época neoliberal”, etcétera, se ha generado un debate público sobre su papel y relevancia en la defensa de los derechos ciudadanos. ¿Pero ¿qué son los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA)? ¿cuáles son los pros y contras? ¿a quién conviene su desaparición?
Los llamados OCA son instituciones públicas que “cuentan personalidad jurídica y patrimonio propio, gozan de independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración; están dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y ejercen funciones primarias u originarias del Estado que requieren especialización para ser eficientemente atendidas en el beneficio de la sociedad”[1].
En México el antecedente de los OCA lo tenemos en las universidades y el Banco de México. En 1944 se aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (en vigor en 1945), aunque esta discusión se inició desde 1920, con el propósito de garantizar el servicio de la educación sin la influencia externa de los intereses particulares y de los grupos políticos. El Banco de México adquirió su autonomía constitucional en 1994; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) obtuvo su autonomía constitucional en 1999. El 04/05/2015, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificando la naturaleza jurídica del IFAI[2] dando lugar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como OCA de alcance nacional y con autoridad sobre los órganos garantes de estados y municipios.
Los pros de los OC
La clásica división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es un esquema obsoleto totalmente desfasado de la nueva realidad del Estado contemporáneo (Ackerman, J.); los avances de las reformas democráticas en México se deben en parte al papel que han desempeñado los OCA como el INE (antes IFE), así como al papel de los partidos de oposición, la liberalización de los medios de comunicación, la presión de los organismos de la sociedad civil y de la comunidad internacional. En todos los casos, los poderes establecidos (incluidos los partidos tradicionales) se han opuesto a la creación de los OCA porque “invaden” sus esferas de poder, no están subordinados a ellos y en ocasiones toman decisiones en su contra. En este sentido, los OCA son más sensibles a las demandas y presiones de la sociedad civil; más aún, se asumen como sus defensores de las y los ciudadanos en el caso de violación de sus derechos humanos (CNDH) y de ocultamiento de información (INAI).
Los contras de los OCA
La autonomía no es la panacea, esto es, nada garantiza que los OCA actúen con objetividad, imparcialidad, integridad y honestidad al momento de tomar decisiones. Sus puntos críticos son:
I) la designación de los titulares, generalmente son elegidos con base en una terna que envía el Presidente para la aprobación del Congreso, lo que suele politizarse y convertirse en cartas de negociación o en repartición de “cuotas de poder” entre los partidos políticos;
II) adolecen del servicio profesional de carrera, lo que los convierte en espacios para acomodar a incondicionales del gobierno y de los grupos de poder;
III) no están obligados a rendir cuentas de sus acciones, ni de su desempeño a los ciudadanos (dilema de vigilante: ¿quién vigila al vigilante?), lo que provoca abusos en el manejo del presupuesto (los altos sueldos que critica el presidente).
¿A quién beneficia la desaparición de los OCA?
El mayor beneficiario de la desaparición de estos organismos sería el Ejecutivo Federal por varias razones:
I) anularía contrapesos importantes de la sociedad frente al gobierno;
II) sería juez y parte en los casos de controversia (violación de los derechos humanos, ocultamiento de información, etc.);
III) obtendría más influencia y control en los organismos que combaten la corrupción (el INAI forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción) y
IV) dispondría de más recursos para sus programas sociales y mayores posibilidades de hacer un uso clientelar de éstos. Lo anterior concentraría y acumularía más el poder en el Ejecutivo.
Si bien AMLO es reconocido por su honestidad, liderazgo y cuenta con la aprobación del 56.9 de la población (Mitofsky, dic/2020), la desaparición de los OCA amerita discutirse ampliamente con la sociedad, bajo esquemas de parlamento abierto, pensando en lo que más nos conviene a todos en el corto, mediano y largo plazo. Los gobiernos no son eternos y suelen cambiar con el tiempo.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, citado por Acuayte González, Gerardo, 2020, “Motivos de la irrupción de los organismos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano” en López Olvera, Miguel Alejandro, coord., Poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos, UNAM, IIJ., Serie Doctrina Jurídica No. 890, México, p. 203.
- El Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se creó en 2002.
Los poderes establecidos (incluidos los partidos tradicionales) se han opuesto a la creación de los OCA porque “invaden” sus esferas de poder, no están subordinados a ellos y en ocasiones toman decisiones en su contra
