Balance de las consecuencias de este ignominioso crimen y del largo proceso de búsqueda de la verdad, justicia, reconciliación y dignificación de las víctimas 

Por Rafael Moreno Villa, SJ

El 16 de noviembre se cumplen 32 años de haber sido brutalmente asesinados en El Salvador dos mujeres, madre e hija, y seis sacerdotes jesuitas en una residencia ubicada en el Campus de una de las Universidades de la Compañía de Jesús, la Universidad Centroamericana (UCA). Un crimen planificado y ordenado por el Alto Mando de la Fuerza Armada (FA) salvadoreña, realizado por miembros de la misma y encubierto desde el primer momento por las más altas autoridades de ese país. 

Por tener poco espacio para desarrollar este tema, me centraré en presentar brevemente quiénes fueron las víctimas, la maldad y alevosía con que fueron masacradas y algunas de las más importantes consecuencias que ha tenido este horrendo crimen y el proceso seguido para tratar que se conozca toda la verdad y se aplique la justicia [1]. Proceso que ha sido legitimado por el clamor y la inocencia de las víctimas; impulsado por testigos, familiares, miembros de la Compañía de Jesús y de otras instituciones; fundamentado por imparciales investigaciones de prestigiados organismos defensores de los Derechos Humanos y apoyado por la presión nacional e internacional de miles de personas de buena voluntad.

Quiénes fueron las víctimas [2]
Julia Elba Ramos, 42 años, cocinera en el teologado de los jesuitas, originaria del cantón Las Flores (Santiago de María), en el Departamento de Usulután. Persona fiel, servicial, sensata, discreta, intuitiva y alegre, muy sensible a las necesidades de los demás. Murió tratando con su cuerpo de proteger de las balas a su hija. 

Celina Mariceth Ramos, 16 años, nacida en la hacienda Las Minas, en Jayaque, Departamento de la Libertad. Catequista, estudiante del primer año de bachillerato comercial, en el Instituto José Damián Villacorta, en Santa Tecla. Participó en el equipo de baloncesto y en la banda de guerra de dicho instituto. 

Ignacio Ellacuría, 59 años, filósofo y teólogo, rector. Repensó la universidad desde y para los pueblos explotados y excluidos. Puso todo su peso para combatir la represión y para conseguir una solución negociada. 

Segundo Montes, 56 años, sociólogo, fundador del Instituto de Derechos Humanos. Se concentró en el drama de los refugiados dentro del país y de los emigrantes. Los visitaba en los campos de refugiados en Honduras. 

Ignacio Martín-Baró, 44 años, psicólogo social, pionero de la psicología de la liberación, fundador del Instituto de Opinión Pública de la UCA para facilitar que se conociese la verdad y dificultar que ésta quedara oprimida por la injusticia.  

Juan Ramón Moreno, 56 años, profesor de Teología, maestro de novicios y acompañante de comunidades religiosas. En Nicaragua participó en la campaña de alfabetización.  

Amando López, 53 años, profesor de Teología, antiguo rector del seminario de San Salvador y de la UCA de Managua. En ambos países defendió a perseguidos por regímenes criminales, a veces escondiéndolos en su propia habitación. 

Joaquín López y López, 71 años, el único salvadoreño de nacimiento. Trabajó en el Externado y fue el primer secretario de la UCA en 1965. Después fundó Fe y Alegría, institución de escuelas populares para los más pobres. 

Como dice muy bien su compañero de comunidad, Jon Sobrino, después de hacer las anteriores presentaciones, “todas-os murieron como Jesús, y han engrosado una nube de testigos, cristianos, religiosos, también agnósticos, que han dado su vida por la justicia”. 

Gravedad del crimen
El asesinato de estos hombres y mujeres fue el resultado de un plan pensado y ejecutado en la lógica del terrorismo de Estado, calificado como un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Llevado a cabo durante la noche, en el contexto del conflicto armado salvadoreño, acribillando a ocho personas inocentes. Su objetivo era asesinar brutalmente al Padre Ignacio Ellacuría, presumiblemente por tener la sospecha, totalmente infundada, de que era “uno de los cabecillas de la guerrilla”, “el cerebro del FMLN” (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional). 

La orden fue proceder a su aniquilación sin dejar ningún testigo [3]. Ello explica que hayan asesinado a todas las personas que encontraron en la casa donde habitaba el Rector de la universidad, incluidas dos mujeres. La coartada era simular que se había tratado de una acción guerrillera.  

Sus consecuencias
Por más esfuerzos que el gobierno salvadoreño hizo por encubrir la verdad imputando el hecho a su adversario, al FMLN, al día siguiente del asesinato se supo que los criminales habían sido miembros de la Fuerza Armada del Gobierno. Posteriormente, numerosas evidencias ayudaron a reconstruir los hechos e identificar los presuntos ejecutores y autores intelectuales. Se ha podido comprobar que en la toma de la decisión participaron, por lo menos, cinco miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña; en la planificación, un mayor de la FA; en la ejecución, un teniente de la Escuela Militar junto con un teniente, un subteniente y cinco soldados del batallón Atlácatl. 

El escándalo, la indignación y presión que semejante crimen generó en El Salvador y a nivel internacional fue la última gota que derramó el vaso, haciendo imposible que el Congreso de Estados Unidos siguiera financiando a la FA salvadoreña. Este, junto con otros factores, viabilizaron la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado salvadoreño que culminó en 1990 con la firma de los acuerdos de paz. Algunos de los resultados de estos acuerdos fueron: obligar a pasar a retiro a todos los altos oficiales de la FA que participaron en la guerra, incluidos los autores intelectuales del caso de la UCA, y la disolución del Batallón Atlácatl. 

Veinte años después del cruel asesinato, siendo presidente de El Salvador un candidato del FMLN, entregó a los familiares de los jesuitas caídos el mayor reconocimiento que concede este país: la Orden José Matías Delgado. Explicitó que todos ellos “siempre estuvieron del lado de los derechos humanos, de la democracia, de la búsqueda incansable de la justicia, de la construcción de la verdad y de la paz”. Por ello los propuso “como ejemplo para construir un país nuevo”. Destacó que habían dado su vida “para que El Salvador saliera del círculo infernal del odio que engendra muerte y entrara en el camino de la reconciliación”. Extendió su reconocimiento al trabajo “que en forma humilde llevaron a cabo sus dos colaboradoras, Elba y Celina Ramos [4]».

En el año 2017 se logró la extradición a España de uno de los oficiales acusados de la autoría intelectual del crimen siendo miembro del alto mando de la FA y viceministro de seguridad pública del gobierno salvadoreño. Pudieron extraditarlo por estar preso en Estados Unidos por haber mentido a las autoridades migratorias; ello permitió celebrar la vista pública en la Audiencia Nacional española, que inició el 8 de junio del 2020. El 11 de septiembre de ese mismo año, la sala penal de dicha Audiencia Nacional lo declaró autor de “cinco delitos de asesinato de carácter terrorista”. Lo condenó, “por cada uno de los cinco delitos, a veintiséis años, ocho meses y un día de reclusión mayor, con el límite de cumplimiento de condena que no podrá exceder de treinta años, e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena [5]».

Estos importantes avances en el esclarecimiento de la verdad, en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y en la dignificación de las personas brutalmente asesinadas no han sido aún suficientes para lograr que los culpables reconozcan su delito o se arrepientan de haberlo cometido. Ni siquiera han bastado para que la justicia salvadoreña los sentencie como tales.    

Postura de los jesuitas de Centroamérica
El 7 de junio del 2020, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús y la UCA, hizo públicas, a través de un comunicado, sus posturas sobre el tema: 

  1. Mencionan que ambas instituciones, desde el día del asesinato, “han luchado para que se conozca la verdad y se haga justicia por medio del poder judicial salvadoreño”. 
  2. Confirman que fue “el compromiso de la Compañía de Jesús y de la UCA por defender los derechos humanos y luchar por la justicia que brota de la fe lo que movió a los jesuitas asesinados en la UCA a denunciar los atropellos del poder al pueblo salvadoreño y a buscar el camino hacia la paz para poner fin a una guerra fratricida irracional y sin solución en el campo militar”. 
  3. Recuerdan que “en septiembre de 1991, los nueve militares que fueron los autores materiales del crimen fueron juzgados en El Salvador, en un juicio amañado, siendo absueltos siete de ellos de los crímenes cometidos, y dos de ellos fueron condenados a 30 años de prisión por los delitos de asesinato y proposición y conspiración para actos de terrorismo”. 
  4. Explican que “la impunidad que ha cubierto a este crimen y a muchos otros crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos durante el conflicto armado salvadoreño, llevó a familiares de los jesuitas asesinados, a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y al Center for Justice & Accountability de Estados Unidos, a buscar la vía de la justicia universal, introduciendo el caso en la Audiencia Nacional Española, pues cinco de los jesuitas asesinados habían nacido en España”.
  5. Sostienen que “el dolor causado por un crimen no se resuelve con el olvido, sino con el reconocimiento de la verdad, el arrepentimiento y la dignificación de las víctimas”.   
  6. Reiteran su disposición a perdonar a quienes planearon y ejecutaron ese horrendo crimen, “siempre y cuando se conozca toda la verdad y se deduzcan las responsabilidades respectivas, tarea que le corresponde al poder judicial”.  
  7. Concluyen que “conocer la verdad de lo que pasó en este y otros casos será un bien para El Salvador, contribuirá a la justicia para las víctimas, constituirá un paso trascendental en el proceso de reconciliación y dará paz incluso a los mismos victimarios [6]”.

Confío en que el recordar esta página de la historia salvadoreña nos ayude a tener presente a estas y otras muchas personas que han dado su vida en favor de la justicia y nos motive a poner atención en la preocupante situación actual de ese país, cuyo presidente está tratando de ignorar y revertir las lecciones y logros obtenidos con tanta sangre derramada en esa época.

BIBLIOGRAFÍA 

[1] Para un estudio más detallado sobre este tema ver: 

  • Salvador Carranza (ed.), Mártires de la UCA. 16 de noviembre de 1989, UCA editores, San Salvador, 1990. 
  • ONU, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, De la locura a la Esperanza, N.Y. El Salvador, 1992-1993, pags. 44-55  
  • Martha Dogget. Una muerte anunciada. El asesinato de los jesuitas en El Salvador, UCA editores, San Salvador, 1994. 
  • Teresa Whitfield, Paying the price. Ignacio Ellacuría and the murdered jesuits of El Salvador. Temple University Press, Philadelphia, 1994. 
  • Jon Sobrino, Ignacio Elllacuría and others. Companions of Jesus: The jesuit martyrs of El Salvador, Orbis Books, , New York,1990.  
  • Audiencia Nacional de España, sentencia sobre el caso jesuitas, 11 de septiembre del 2020    

[2] Datos sacados de los artículos Elba y Celina Ramos (1947/1973 – 1989, http://www2.uca.edu.sv › martires › elbaycelinaramos; Jon Sobrino, Se trata de ganar o perder la vida, como dice Jesús. Y de estar dispuestos a pagar el precio, Reflexión y Liberación, 15-11-2014 

[3] Audiencia Nacional de España, sentencia sobre el caso jesuitas, 11 de septiembre del 2020 p. 26. 

[4] Discurso del presidente Mauricio Funes en el homenaje a los jesuitas y sus colaboradoras, San Salvador, 16 de noviembre de 2009. 

[5] Audiencia Nacional de España, p. 127 

[6] Comunicado de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús y de la UCA, San Salvador, 7 de junio del 2020.

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