El Observatorio Qué Comemos y el Centro Universitario de Tonalá de la UdeG presentaron el primer informe sobre el cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en el estado; al final, firmaron un compromiso con representantes de partidos políticos para ejecutar acciones concretas

La buena noticia es que en Jalisco sí hay programas que “de alguna manera” contribuyen a que las personas ejerzan su derecho humano a una alimentación adecuada (DHAA), la mala noticia es que sólo 3.4 por ciento de esas acciones lo hacen de manera directa. La buena es que en los últimos años se registró un aumento en el número de personas con seguridad alimentaria, la mala es que los avances son pocos para quienes viven carencia en la materia. La buena es que Jalisco es considerado como el “Gigante Agroalimentario” de México, la mala es que los monocultivos ganan terreno y cada vez se pierde más la diversidad alimentaria en el estado. Estas buenas y malas noticias están contenidas en el primer Informe sobre el Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en Jalisco, presentado por el Observatorio del Derecho a la Alimentación ¿Qué Comemos? y el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) de la UdeG. 

Durante la presentación del informe, Catalina Morfín, titular de la Dirección General Académica del ITESO, explicó que la información contenida en el documento, así como las recomendaciones hechas en el mismo, “no sólo son pertinentes, sino que son indispensables para que en Jalisco se cumpla el derecho humano a la alimentación adecuada”. La académica explicó que actualmente no hay programas, proyectos y actuaciones que garanticen el acceso a la alimentación debido a que “los gobiernos ya no cultivan la igualdad y la justa distribución de los recursos, además de que ha habido un recorte progresivo de los programas sociales y un aumento de la brecha social. Es momento  de que las universidades produzcan y comuniquen conocimiento contra la concentración de la riqueza”. 

Leticia Salazar, del Departamento de Salud Poblacional del CUTonalá, señala que el informe registra tres aportes principales relacionados con acciones, hallazgos y propuestas de solución. Entre los hallazgos puso como ejemplo que el 40 por ciento de la población de Tlaquepaque y Tonalá padecen obesidad, así como que la diabetes mellutis prevaleces como la tercera causa de muerte en Jalisco. Señaló que, si bien ha habido avances importantes, todavía hay municipios con más del 50 por ciento de su población con carencia de alimentos, como Mezquitic. 

Por su parte, Juan Ángel Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, puso en relieve el informe y lo calificó como “una importantísima iniciativa” que, añadió, “ojalá sirva como ejemplo para ser seguido en otros estados del país”. A su vez, Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, señaló que es necesario restaurar todo el sistema alimentario porque actualmente es uno de los factores que genera más desigualdad. Señaló que desde hace once años se ha buscado que se establezca una ley sobre el derecho alimentario en el país y no ha sido posible.  

Sobre las propuestas de solución que ofrece el informe, Ulises Brambila, coordinador de Comunicación del Observatorio ¿Qué Comemos?, explicó que están contenidas en siete grandes ejes que, a su vez, tienen diferentes líneas de trabajo: protección de la tenencia, propiedad y gestión comunal de la tierra y bienes naturales; protección del derecho al agua; fortalecer la educación alimentaria y estilos de vida saludables adaptados a cada región; apoyar la producción diferenciada, la agroecología y la conversión al policultivo por etapas y regiones; proteger a los pequeños productores, campesinos y jornaleros; proteger a los ciudadanos respecto a su salud, seguridad alimentaria y sus derechos como consumidores; reflexionar qué pasa con el derecho humano a la alimentación adecuada después de la crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia. 

Al finalizar la presentación se firmó una carta compromiso en la que representantes de los partidos Somos, Hagamos y Movimiento Ciudadano se comprometieron a “participar de forma responsable, activa, innovadora y sin conflictos de interés” en la cristalización de las propuestas contenidas en el informe. El compromiso implica que los firmantes participen en al menos dos de las siete propuestas para generar acciones concretas, de modo “que las propuestas se transformen en acciones”.