En el Foro de análisis de la coyuntura: economía, política y medio ambiente en el primer año de Enrique Peña Nieto, Ignacio Román, investigador del ITESO, cuestionó las políticas laborales de un gobierno que ya cumplió un año y medio en el poder.
¿Por qué tener más empleos no es sinónimo de tener una mejor economía nacional?
¿Por qué las culpas se reparten entre aspectos históricos —la mala gestión de los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo—, globales —la crisis financiera en Estados Unidos de 2008— y hasta anecdóticos —la idea de que la rebelión zapatista ahuyentó la inversión extranjera—?
En el primer día del Foro de análisis de la coyuntura: economía, política y medio ambiente en el primer año de Enrique Peña Nieto, organizado por el Centro de Formación Humana, el doctor Ignacio Román, profesor e investigador del Departamento de Economía, Administración y Finanzas del ITESO, analizó la gestión económica y laboral de esta administración presidencial, en la que se han echado a andar diversas reformas, varias de ellas estancadas.
Para el académico con Doctorado en Estructuras productivas y sistema mundial por la Universidad de París VII, el problema es el entendimiento que se le da a la teoría económica aplicada a la situación real y humana de México.
Sexenio tras sexenio, las reformas estructurales prometen beneficios que, a grandes rasgos, se dividen en tres aspectos: más empleo, mejor calidad de vida y preservación del medio ambiente.
Los esfuerzos en lo económico han sido numerosos. La apertura comercial de México en 1986 con su integración al Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT), lanzó esperanzas de más inversión y comercio, lo cual significaría nuevos puestos de trabajo. La promesa se extendió con el primer Tratado de Libre Comercio, firmado en 1993 con Estados Unidos y Canadá.
Las nuevas reformas impulsadas por el gobierno de Peña Nieto anuncian bondades como una mejora en la calidad educativa y reducción en los precios de gas y luz, entre otras cosas. Los impactos esperados específicamente con la reforma laboral y la hacendaria, se enfocan en la creación del empleo formal.
A corto plazo, reconoce Román, sí se han presentado impactos. El nivel de asalariados de grandes empresas crece, pero el otro gran cambio es que las jornadas de trabajo son más largas —de hasta 64 horas semanales, cuando la Ley Federal del Trabajo dicta que son máximo 48, y las extras deberán ser remuneradas—, porque eso es lo que da confianza al inversionista; y al mismo tiempo genera una sociedad más polarizada porque no se tiene regulación y el esquema de derechos se pierde.
Este es, en su opinión, el problema fundamental del impacto a corto plazo: sí se cumplen los objetivos numéricos—sí hay más empleo y sí hay más formalidad—, pero los sueldos no alcanzan para sostenerse; y si además se tiene un panorama sumamente abierto en el que a los mexicanos les cuestan menos los productos importados que los nacionales, el resultado es un mercado interno profundamente deprimido.
“Como conclusión, tenemos un aumento de la formalidad, sí, pero de una formalidad que yo le llamo ‘miserabilizada’”, explicó Román. “Sí se cumplen los objetivos, pero eso no tiene nada que ver con una mejora en la calidad de vida, ni en la dignidad y decencia del trabajo en términos de las definiciones que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Como contraparte, mencionó a Brasil como un buen ejemplo de economía con mayor regulación y apuesta por su mercado interno en América Latina, lo que ha logrado reducir significativamente sus niveles de pobreza siguiendo una lógica a largo plazo.
Román aclaró que la informalidad no es la solución a los problemas de la economía mexicana, pero puede ser el refugio de muchísima gente, debido a la falta de sueldos dignos y pocos empleos en el sector de servicios. “La gente, al final de cuentas, de algo tiene que vivir, no se le puede decir simplemente, ‘tú sobras’”.
“El ciudadano no es solo mercado, y si nos regimos solo por la oferta y la demanda hacemos una caricatura del ser humano”, declaró. Dijo que se trata de ver al ciudadano como algo “rentable” para una empresa, ni tampoco que las universidades sean proveedoras de lo que el mercado laboral necesita, sino que “la educación debe cambiar las cosas, no solo mantener inercias”.
Foto Archivo
