Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos humanos, aborda los retos que presentan problemas como la inseguridad y la impunidad, además de qué le toca hacer a la universidad ante una realidad como la que vive el país.

POR COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

 

La creación de la Guardia Nacional es un error, es una estrategia que no traerá paz al país, sólo prolongará la violencia, así lo considera Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“La historia reciente del país nos demuestra que esa no es la manera de solucionar el problema de la inseguridad, hemos visto, lamentablemente, ya casi durante tres lustros un incremento en violaciones de derechos humanos, la desintegración del tejido social en muchas comunidades del país y muchos abusos por parte de las fuerzas de seguridad”, dijo en entrevista.

Señaló que se debe apostar por construir instituciones civiles de procuración de justicia.

Pedro Salazar recordó que la Guardia Nacional no es una estrategia nueva, que desde el gobierno de Vicente Fox se tomaron las primeras decisiones, que se siguieron de manera más decidida en el sexenio de Felipe Calderón, “incluso con una retórica belicista lo cual generó en los hechos, aunque no nos guste reconocerlo, una situación de guerra en el país.

“Los números de personas muertas, los números de personas desaparecidas, los números de personas desplazadas son propios de un conflicto bélico y el presidente Peña Nieto tampoco hizo nada en sentido contrario, cambió un poco la retórica, cambió la orientación de los énfasis de cobertura al fenómeno de la violencia en el país, pero continuó con la misma estrategia y lo que tenemos hoy es un saldo sumamente negativo a nivel nacional”.

Considera que las fuerzas armadas han ganado poder en los últimos años, se les ha designado más presupuesto, están desplegadas por todo el país e inciden en la toma de decisiones en los órganos de gobierno.

“Las instituciones que ganan poder se resisten a cederlo, lo que buscan es incrementarlo y en este caso concreto las fuerzas armadas tienen un poder que antes no tenían y que no se ve fácil que vayan a renunciar al mismo”.

En el tema de la impunidad, algunos especialistas han planteado que las instituciones mexicanas de procuración de justicia no pueden con los retos que plantea la impunidad que quizá, junto con la inseguridad, es uno de los grandes problemas que enfrentamos, y que una alternativa es el establecimiento de un mecanismo internacional o mixto de combate a la impunidad más o menos en la línea con la Comisión Contra la Impunidad de Guatemala

La impunidad en nuestro país, eso nos lo demuestran las encuestas y datos estadísticos, es muy alta en todos los ámbitos y lo que tenemos que ir viendo es qué tipo de mecanismos necesitamos para enfrentarla. Por ejemplo, si pensamos en el tema de las violencias en ese ámbito para enfrentar la impunidad lo que necesitamos es construir una institucionalidad, que no tenemos las instituciones civiles de procuración de justicia que suponen policías capaces de investigar, de prevenir y de perseguir delitos; ministerios públicos capacitados para llevar acabo la tareas que tienen a su cargo por mandato constitucional; es decir, necesitas una serie de capacidades institucionales que se traducen en capacidades humanas que no tenemos porque no apostamos por crearlas en los últimos años, ese ha sido uno de nuestros peores déficits de institucionalidad.

Si, por otro lado, lo que estamos pensando es impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en nuestro país, ahí probablemente sí requieres mecanismo distintos a las instituciones ordinarias de procuración de justicia para encarar estos fenómenos porque tienen complejidades particulares y quizás lo que necesitas son mecanismo ad hoc, especiales, con expertos que quizá no tenemos en nuestro país para encarar esos temas de violaciones graves como la desaparición de personas y los feminicidios.

Ahí tienes fenómenos que quizá lo que requieren es un tratamiento no ordinario para empezar a comprenderlos, perseguirlos y garantizar que los culpables paguen las consecuencias que jurídicamente tienen que cumplir.

Y el otro terreno, que me conduce más a esta comisión especial que mencionas, es el tema de los grandes escándalos de corrupción que muchas veces están vinculados también con violaciones de derechos humanos. Son esos casos, digamos, extraordinarios por su gravedad, por su magnitud, por sus costos sociales, que ameritarían un tipo de investigación especial y para los cuales quizá también vale la pena buscar instrumentos no sé si nacionales o internacionales, pero excepcionales que permitan dar cuenta a cabalidad de la magnitud de los problemas.

Otra de las manifestaciones tremendas de la situación en la que está el país es la de la desaparición de personas. Quizá estarás de acuerdo en que el problema ya no es por falta de un marco jurídico apropiado, ¿cómo ves los retos de su implementación y qué tanto crees que el nuevo gobierno esta tomando los pasos adecuados?

Lo primero que diría es que este es un fenómeno que hay que entenderlo, medirlo, dimensionarlo y calibrarlo en todos los lugares en los que se ha manifestado, porque es probable que las causas y razones de las desapariciones en Veracruz no sean idénticas a las que suceden en Jalisco, por poner ejemplos. Ver las particularidades del caso para comprender el fenómeno requiere una enorme investigación.

Tengo la impresión, y esto hay que decirlo, que el gobierno actual empezó por la vía correcta al reconocer el problema, porque no se había querido reconocer en su magnitud y en su dimensión.

Lo que hace falta es que es la construcción de capacidades que supone recursos económicos, institucionales, diseño de políticas públicas para enfrentarlo, y, obviamente, un compromiso político. Se dice fácil, pero cuando te acercas al nivel de las entidades federativas es altamente probable que haya resistencias muy fuertes por parte de autoridades locales, es decir, de quienes son potenciales responsables, ya sea por omisión o por colusión. Esas resistencias hay que irlas desmontando, superando y controlando.

Ya hemos repasado una serie de retos y de grandes problemas nacionales, ¿qué nos toca a los universitarios, ¿qué nos toca a las universidades?, ¿cuál es nuestra parte de la respuesta?, ¿qué podríamos estar dando?

Las universidades, las y los universitarios, tenemos una responsabilidad muy importante en un contexto como el que estamos viviendo.

Lo primero, tomar conciencia, conciencia histórica es responsabilidad histórica decía María Sambrano y creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de la magnitud de los problemas y los retos que nuestro presente, nuestro momento.

Nos plantea, por otro lado, el ser capaces de advertir y denunciar esos problemas, es decir, de ejercer la libertad que es quizá la esencia nodal de nuestro quehacer y de no tener nosotros una actitud, digamos, de temerosidad para decir las cosas, sino que tenemos que ser responsables, serios, rigurosos, por supuesto, pero al mismo tiempo veraces y capaces de alzar la voz.

Luego tenemos dos dimensiones que no podemos olvidar, por un lado, la formación de las y los universitarios, de las y los jóvenes que deben de tener los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar una vida profesional exitosa y comprometida, pero también que deben de tener la esperanza de pensar que pueden cambiar su realidad e intentar hacerlo. En eso tenemos nosotros una responsabilidad grande porque les debemos demostrar que eso es posible y que, a pesar de los problemas que enfrentamos, un mundo mejor se puede conseguir si hacemos el esfuerzo de intentar lograrlo, desde el punto de vista de lo técnico y desde el punto de vista de lo ético, que no es una cuestión menor.

Quienes hacemos investigación tenemos la responsabilidad de hacer investigación políticamente imparcial, técnicamente sólida y socialmente útil porque el compromiso de las universidades, públicas y privadas, el compromiso es con la verdad por un lado y por le otro es con la transformación en clave emancipatoria, incluyente, igualitaria del entorno social en el que vivimos.