Crear una nueva Ley General de Aguas integral, un reto

El agua se nos agota, así como el tiempo del Congreso de promulgar una nueva ley que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros aspectos.

En 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento como un factor clave para el resto de los derechos humanos. En 2012, México adoptó este mandato internacional con una reforma al artículo cuarto constitucional, tras lo cual tocaba al Congreso promulgar una nueva ley que diera vida a lo dicho en ese artículo, en un periodo no mayor a un año.  

Pero a nueve años de terminado ese plazo, la reforma del cuarto constitucional es letra muerta, señala Mario López Ramírez, académico e investigador del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis). Es hasta ahora que en la Cámara de Diputados se están analizando en comisiones cuatro iniciativas para dar paso a la creación de una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento y regule aspectos como participación ciudadana y concesiones de agua, entre otros aspectos.  

La legislación vigente es la Ley de Aguas Nacionales (LAN) promulgada en diciembre de 1992, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este contexto marcó profundamente el enfoque de la ley, ya que prácticamente fue diseñada para que los mercados globales “pudieran penetrar en la gestión del agua en México, convirtiendo el agua en una mercancía comercializable y sujeta a la privatización por parte de actores empresariales”, señaló López Ramírez. 

Si bien la LAN tuvo algunas innovaciones, como dar paso a que el agua se administrara por cuencas y no por divisiones administrativas de estados, su vocación es primordialmente comercial. 

Cuatro iniciativas 

La primera de las iniciativas es la propuesta por la organización Agua para Todos, misma que conjunta diversos grupos ciudadanos y que resulta las más integral, a decir del investigador. 

Están también las lideradas por la propia Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, así como las propuestas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente. De esta última, Mario López señaló que es la más parecida a la ley actual pues mantiene el comercio como prioridad, en tanto que establece criterios para atender el derecho al saneamiento y otorgamiento de concesiones a privados. 

Desde comisiones se resolvió que se emitiría un sólo dictamen general para las cuatro iniciativas a fin de agilizar el proceso. “No sabemos cuáles son los criterios del equipo dictaminador; hay muchas presiones políticas porque al fin y al cabo el agua es el oro azul”. 

A decir de Mario López, son tres los puntos torales que deben regir el análisis de las iniciativas: el tema de las concesiones, el contrapeso a la Conagua y el entendimiento de cómo funciona integralmente el ciclo hidrológico. 

Ciclo del agua 

Aunque el agua también existe en estado gaseoso y sólido, la Ley de Aguas Nacionales sólo la considera en su estado líquido. Hacer esta precisión es un gran cambio que deberá considerar la nueva ley para apuntar a una visión más integral del ciclo, comenta el académico. 

“Lo que norma la LAN son las aguas superficiales. Maneja la idea de que lo que existe en el subsuelo son acuíferos, entendidos como vasijas donde se reserva el agua. Este sistema resulta más cómodo administrativamente, porque cada vasija está suficientemente delimitada una de otra. Esto lo hace muy apropiado para el comercio y la privatización, pues secciona el agua del subsuelo en vasijas delimitadas y cerradas”, dice. 

Sin embargo, investigaciones más profundas afirman que el subsuelo no está dividido en acuíferos, sino que son sistemas de flujos de agua subterránea. “Reconocer que el agua está ligada entre sí cambia completamente la forma en la que entendemos el ciclo hidrológico entero”, apunta el investigador. 

“La idea del acuífero es algo que ya no se va a poder sostener; es como si el subsuelo estuviera dividido por municipios. Hay por lo menos dos iniciativas de ley que ya hablan de un sistema de flujos de agua subterránea”. 

En las propuestas también se abarca ─en diferentes medidas─ la regularización de los sistemas operadores de agua y cuestiones como la minería tóxica, fracking y la gestión de aguas de lluvia, bajo un enfoque de cuidado de los ecosistemas. 

Grupos opositores y omnipoder de la Conagua 

Ya el hecho de que haya cuatro iniciativas de ley ideadas desde tan diferentes entidades dice mucho de las diversas visiones que existen en el país, apunta el académico. En ese contexto, señala que existe un bloque poderoso que se opone a la creación de la Ley General de Aguas. Se trata de “los sectores acaparadores de agua durante los últimos 30 años, que se verían desfavorecidos por una nueva legislación general y más integral. Este grupo propone que se mantenga la LAN y hacer una segunda ley sólo para normar lo relativo al derecho humano al agua y al saneamiento. Pero si pasara esto, esta segunda ley sin duda saldría perdiendo”. 

Es por ello que el experto en geopolítica del agua considera imperativo que exista presión por parte de la academia y organizaciones civiles independientes, a fin de exigir una legislación integral. Dicha presión deberá seguir como contrapeso en las consecuentes acciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

“La Conagua se describe a sí misma como el organismo público de agua más poderoso del mundo. No hay en otros países un organismo como la Conagua, que no tenga contrapeso. La paraestatal surge también en el marco del libre comercio; está diseñada para favorecer el comercio del agua y la privatización”, dice.  

La ley vigente permite a la Conagua otorgar concesiones de millones de metros cúbicos de agua que van de los cinco hasta los 30 años. “Ahí hay un truco legal que permite la ley actual, porque, aunque esa agua es propiedad de la nación, a través de las concesiones pasa a ser de la empresa y puede entonces ser vendida”, dice Mario López. 

Es por ello que el tema de las concesiones es uno de los aspectos más sensibles a tratar en las iniciativas. “Hasta ahora ha sido más importante la privatización por medio de la concesión y el acaparamiento. Por ejemplo, el 10 por ciento de los concesionarios agrícolas acaparan hasta el 65 por ciento del agua para ese uso y el 10 por ciento de los concesionarios industriales tienen en su poder hasta el 92 por ciento del agua industrial del país. Esto es evidencia de que las concesiones son origen de grandes hidrofundios”, menciona el también coordinador del programa de Ecología Política del Cifovis.  

La iniciativa ciudadana propone que un Consejo de Aguas y Cuencas regional vigile y regule a la Conagua como ente facultado para otorgar las concesiones de agua, ya que al momento es la misma Comisión la encargada de generar información básica para la toma de decisiones, otorgar la concesiones a partir de dicha información, asignar obra pública y evaluar los resultados de todo lo anterior. 

Este mismo documento plantea instaurar instancias para vigilar el quehacer de la Conagua, que además también velarían por priorizar el derecho humano al agua y saneamiento por sobre las concesiones.  

Participación ciudadana, clave 

Para el investigador, esta nueva etapa de la legislación en materia hídrica debe estar sustentada en el trabajo científico y técnico de organismos independientes, que otorgue un juicio alejado de la visión económica y comercial del agua. Asimismo, se debe dar mayor importancia a una participación y responsabilidad ciudadana vinculante y efectiva. A la academia toca, en tanto, cuestionar para construir mejores prácticas. 

“Esta nueva ley tendría que corresponsabilizarnos entre ciudadanos, empresas y gobierno. El agua funciona vinculándonos a unos y a otros”, dice López. “Estamos frente a una oportunidad histórica en el país de poder diseñar una ley más integral que la que tenemos actualmente”, finalizó.