Analizan recomendaciones internacionales para Jalisco en materia de desapariciones 

Primer lugar a nivel nacional para Jalisco. Honroso, si se tratase del resultado de una olimpiada nacional, del índice de inversión extranjera directa o de la cobertura de educación básica. Pero no: este primer lugar se obtuvo gracias a las más de 15 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPED). 

Ante el panorama de profunda violencia, impunidad y corrupción que ha generado este récord, se presentó en el ITESO el libro Obligaciones de las autoridades de Jalisco ante la desaparición de personas, un ejercicio que busca dotar a los diferentes sectores de la sociedad de insumos para cambiar esta realidad a través de propuestas concretas. 

María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ), compartió que el libro recopila las recomendaciones internacionales que atañen a autoridades estatales y municipales de Jalisco, considerando variables como órgano emisor, tipo de acción y el poder al que está dirigido la recomendación. Este trabajo se alimenta de datos obtenidos de la plataforma Recomendaciones Internacionales a México en Materia de Derechos Humanos, respaldada por el Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el ITESO. 

De un universo de 3 mil 591 recomendaciones emitidas entre 1994 y mayo de 2022 en materia de derechos humanos, casi 14 por ciento tienen que ver con desapariciones, y de ese porcentaje 317 competen a gobiernos estatales y 76 a municipales. 

Las recomendaciones, resumió Alejandra Nuño, versan sobre propiciar la coordinación interinstitucional, capacitar o sensibilizar a agentes y funcionarios públicos, crear y alimentar bases de datos e incluir a colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda. Lamentó que la mayoría de dichas observaciones estén encaminadas a dependencias de orden federal, cuando las autoridades locales tienen mayor injerencia en las acciones de búsqueda, prevención, atención, investigación, identificación de restos y reparación de daños por desapariciones. 

El documento fue elaborado por Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana CDMX, respaldado por el CUDJ. Este proyecto contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). 

La publicación se puede descargar de manera gratuita en la página del CUDJ.  

Luis Arriaga Valenzuela, SJ, presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y rector de la Universidad Iberoamericana CDMX, señaló que esta obra es parte de la iniciativa universitaria para abonar a la erradicación de la impunidad y a la no repetición del fenómeno de las desapariciones.  

“A las universidades jesuitas nos interesa mejorar las condiciones de vida de todas las personas, particularmente personas que, por su condición social, su pertenencia étnica, su situación migratoria o cualquier tipo de exclusión, han sido puestas a un lado. Queremos poner a las personas en el centro de nuestra labor educativa. Nos interesa que los estudiantes tengan un compromiso y responsabilidad con los y las otras”, dijo. 

Recordó que, en 2018, cuando inició su rectorado en el ITESO, se realizó un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, que resultó en la creación de sinergias para fundar el CUDJ. 

Carlos Fabián Pressacco Chávez, académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y coordinador del grupo de trabajo de Derechos Humanos de la AUSJAL, resaltó la importancia del trabajo realizado, como base para la reflexión y posterior puesta en acción de estrategias que ayuden a mitigar los altos índices de desapariciones. 

Señaló que, en este tema, la responsabilidad es colectiva y no atañe a un solo orden de gobierno o a un solo sector de la sociedad civil. Lamentó que las recomendaciones sean inocuas y se vayan reiterando a lo largo de los años, sin que nada o poco cambie. 

“El informe nos viene a confirmar que los municipios tienen mucho que hacer o podrían hacer mucho más de lo que ya hacen en términos de información, sensibilización y formación tanto de funcionarios como de la sociedad civil”, dijo. 

María Luisa Acosta Castellón, académica de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, invitó a no normalizar las desapariciones, porque si bien se presentan como datos fríos, estos datos representan un inmenso y profundo sufrimiento de cientos de miles de personas. 

“El desaparecido no es la única víctima, también lo es la familia. Hay mucho más consuelo en ver a su muertito, que no saber dónde está tu ser amado. No debemos dejar que no nos indigne. Necesitamos instituciones fuertes y a funcionarios y funcionarias valientes y comprometidos; necesitamos cuidar nuestras instituciones democráticas para que estas cosas no pasen”, apuntó. 

Efrén Guerrero, académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, señaló que uno de los grandes retos de los que da cuenta esta publicación es la falta de seguimiento a las recomendaciones, mismas que, afirmó, deben traducirse en políticas públicas que permitan ser medibles y evaluadas. 

Además, consideró que el cabildeo, la gestión y la presión política son herramientas que deben explotarse para lograr que el Estado sea realmente garante de los derechos humanos, especialmente en una realidad latinoamericana en la que “la ultraviolencia es parte del paisaje”. 

En tanto, Daniela Bocanegra Toledo, directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios del municipio de Zapopan, apuntó que es prioridad crear sinergias y diálogo horizontal entre las instituciones y los sectores que convergen en esta problemática. 

“Nos toca trabajar bajo modelos integrales de atención; mientras no tengamos el enfoque de los derechos humanos y no entendamos los contextos de la desaparición, jamás vamos a poder transitar a una atención digna a las personas”, dijo. 

Asimismo, resaltó que, en 2020, Zapopan se convirtió en el primer municipio a nivel estatal en contar con un grupo de búsqueda especializado. “Es cierto que los gobiernos estamos rebasados y que las instituciones tenemos deudas históricas en el tema, pero necesitamos el apoyo de todas y todos”, añadió. 

Por su parte, Sofía Berenice García Mosqueda, regidora y titular de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad de Guadalajara, recordó que, tan sólo en este año, ya se tiene cuenta de 2 mil 113 personas desaparecidas. 

“No existen acciones para acatar los lineamientos y los puntos recomendatorios, ya sea por desconocimiento o por no tener los recursos necesarios”, dijo. Confió en que el presupuesto para 2023 (253 millones de pesos, un aumento de 28 por ciento), etiquetado para la estrategia interinstitucional Jalisco Estamos Buscando, tenga un impacto importante en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas. 

A partir del recuento que hace el documento, se propone crear una instancia encargada de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por los diversos entes internacionales, para su mejor y más pronto cumplimiento, señaló Alejandra Nuño, a la vez que hizo votos porque en Jalisco se instale una dinámica del tipo que sirva como laboratorio para futuros ejercicios. 

FOTOS: Roberto Ornelas