El filme Cuando cierro los ojos, del festival de documentales Ambulante 2019, pone en evidencia la constante violación a los derechos de las personas que, sin hablar español, enfrentan un proceso judicial en México.

“Cuando hablo siento que me faltan letras”, suspira Marcelino. Le hacen falta letras igual que a nosotros nos faltan sonidos para escucharlo. Ese es uno de los detalles por los cuales permanece en una cárcel del estado de Oaxaca, en el sur de México. En otra prisión, también de Oaxaca, Adela ha purgado nueve años. “No me río ni hablo con nadie, aunque tengo muchas compañeras. Sólo hablo con Dios”.

Marcelino y Adela no se conocen, no se han visto nunca pero tienen cosas en común. Ambos son indígenas mazatecos acusados de haber cometido asesinatos y tienen un conocimiento casi nulo del idioma castellano. Justo estos dos detalles tejen su drama. Su drama es que nunca supieron lo que firmaron antes de ir a la prisión y es probable que jamás hayan matado a nadie.

Así, sus vidas en la penal trascurren entre el silencio, los sueños y la vergüenza, como ilustra el filme Cuando cierro los ojos, que forma parte del festival de documentales Ambulante en 2019, cuyas piezas se proyectaron del 28 de marzo al 4 de abril en distintas sedes. Una de ellas fue la casa ITESO Clavigero, que recibió a esta obra fílmica la noche del 1 de abril.

Hecho desde una fotografía poética y metafórica, casi surrealista, la obra pone en evidencia la constante violación a los derechos de las personas que, sin hablar español, enfrentan un proceso judicial en México.

En el caso de los indígenas el escenario es terrible. Pobres e invisibles para el Estado y para nosotros, casi ocho mil de ellos se encuentran encarcelados en espera de una sentencia, recordó Alejandro Anaya, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO.

A estos mexicanos nadie los puede ayudar. O casi nadie. Para todo México la Defensoría Pública tiene 25 abogados que conocen una lengua indígena… una de los cientos de variantes que se hablan en el país, afirma un informe que el organismo de derechos humanos Miguel Agustín Pro hizo público en 2018.

Nada más el mixteco tiene 74 variantes, recordó Ana García, mixteca nacida en Guadalajara, integrante del Programa Indígena Intercultural del ITESO y del colectivo de Jóvenes Indígenas Urbanos (JIU).

El segundo problema es que a los traductores hay que pagarles y trasladarlos a sitios muy remotos, pero las fiscalías estatales no destinan dinero para estas diligencias. Así, las cifras más optimistas indican que hace un par de años siete de cada diez indígenas en situación del cárcel no tenían un intérprete, recordó Dosia Calderón, profesora en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Desoj) de esta universidad. En la opinión de la profesora no es que no exista un marco legal para actuar: hay uno y es muy robusto. El problema es que no se cumple.

¿Y las familias de estos presos? Son pobres, igual que la mayoría de los indígenas de México. No tienen la capacidad de pagarle a un abogado. No les es posible ni desplazarse de sus comunidades de origen a las penales donde se encuentran sus parientes.

Para el traductor wixárika Antonio García Mijarez, quien estuvo presente en la proyección, el problema es que México no se concibe a sí mismo como un país multicultural y multilingüístico.