Especialistas en mujeres coinciden en que la extinción del IJM vuelve, otra vez, invisible la violencia a las mujeres, y responde a una decisión de Estado: apresurada, sin transparencia ni justificación pública.

En Jalisco debió discutirse con más calma y de forma pública la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), ante una ola de violencia de género e intrafamiliar que, según el diario Mural, provoca 74 llamadas cada día a la línea de emergencias 911.

En esta idea coinciden las profesoras del ITESO Ana Sofía Torres Menchaca, especialista en derecho constitucional y derechos humanos, y Carmen Díaz Alba, doctora en ciencias sociales, profesora y participante en el Diagnóstico de Ciudades Seguras para las Mujeres que realizó la ONU Mujeres, y Teresa Sánchez Vilches, ex coordinadora del Protocolo Alba de Jalisco, de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, y maestrante en Psicoterapia de esta universidad.

A pesar del diálogo que grupos organizados entablaron con el gobierno de Jalisco, autor de la idea de que la Secretaría de Igualdad Sustantiva absorbiera las tareas del IJM, este fue extinto por el Congreso de Jalisco el 29 de enero pasado. El 18 de enero por la tarde, un viernes, el gobernador Enrique Alfaro envió a los diputados locales una iniciativa para su desaparición. Sus argumentos son la búsqueda de austeridad y simplificación en su mandato, y que el Instituto no había “logrado que la perspectiva de género permee en el hacer y el quehacer de la administración pública estatal”. El gobernador prometió más recursos económicos para que una nueva subsecretaría atendiera los asuntos de género; el diario NTR Guadalajara publicó que el presupuesto se quedó igual y el gasto para la alerta de violencia de género pasó de 15 a 14 millones de pesos respecto a 2018.

Según la página del IJM, su propósito era “elaborar, promover y ejecutar” políticas y acciones para garantizar una convivencia equitativa y la igualdad de oportunidades entre los hombres y las
mujeres en Jalisco. En su catálogo de servicios estaba la capacitación de género, asesoría jurídica, orientación psicológica y una ventanilla de empleo, entre otros.

La profesora Ana Sofía Torres admite que, si bien era necesaria una reflexión amplia y pública sobre la labor de la dependencia para mejorarla, los institutos nacional, estatales y municipales de las mujeres son el resultado de una trayectoria histórica y tratados internacionales que ha firmado México sobre los derechos de las mujeres y las instituciones que deben cuidarlos.

De manera más reciente, este camino resurgió en los años 90 de siglo XX, tras los asesinatos de las jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua; que involucró a organizaciones de la sociedad civil, instituciones del gobierno y organismos internacionales, e incluso llevó casos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En la teoría, el IJM recogía una agenda y tenía legitimidad política, al mismo tiempo que autonomía del resto del gobierno, explica Torres.

Estas tareas del instituto podrían haber mejorado, reconoce la académica, pero el fondo de la discusión es la forma en la que desapareció, de espaldas a la sociedad organizada.

“Se criticó que los mismos colectivos de mujeres que critican la extinción del IJM pidieron al gobierno federal que el Instituto Mexicano de las Mujeres se transforme en Secretaría.

“No es posible comparar a una secretaría federal y una subsecretaría de un estado, en el tema de recursos, capacidad de influencia y jerarquía para tomar decisiones. Pero el conflicto está en que el IJM despareció sin una justificación profunda y pública y sin oír a quienes tienen experiencia en el tema. ¿Cómo estaba trabajando el IJM? ¿Por qué una nueva subsecretaría funcionaría mejor? Esa discusión no ocurrió.

Carmen Díaz está de acuerdo con Ana Sofía Torres sobre la falta de argumentos que envolvió el recorte de la dependencia y sobre la partidización que se le achaca al tema: “Es un asunto que no tiene qué ver con partidos políticos”.

En opinión de la profesora y activista, habría sido ideal hacer un alto, un balance y ajustes a la institución que ya existía, para fortalecer sus tareas. “La Secretaría de Igualdad es importante; el problema es que la desaparición del IJM vuelve invisible la violencia que en este momento afecta a las mujeres. También es lamentable la forma como desapareció, en un madruguete [como se le llama a la aprobación apresurada de iniciativas de gobierno], al margen de un proceso de negociación”.

Díaz señala que en Jalisco existe mucho conocimiento y experiencia en el tema de las políticas con perspectiva de género, que debieron ser aprovechados. El gobierno pudo haber escuchado a los grupos de mujeres; pedido la evaluación de la academia, y el acompañamiento de agencias como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre muchas otros colectivos, instituciones y organismos.

Igual que Carmen Díaz, la ex coordinadora del Protocolo Alba de la Fiscalía del Estado, Teresa Sánchez, considera que la inexistencia del IJM es un hecho simbólico que afecta un camino andado. “Lo que no se nombra no existe. Al estar presentes, tanto el IJM como el protocolo, los gobernantes y la sociedad están reconociendo que existe una necesidad y debe atenderse”.

Desde su experiencia de trabajo con casos de violencia que afectan a las mujeres hasta el grado de desaparecerlas o asesinarlas, es urgente que las políticas públicas tomen en cuenta las necesidades e influyan de manera real en las instituciones, con consecuencias para quienes ejercen maltrato personal e institucional. Pero eso no ocurre: “La Fiscalía, por ejemplo, es una dependencia donde abundan y están tan arraigadas las malas prácticas de género, que ya ni son visibles para la mayoría de las personas que trabajan ahí”.

— ¿Cuáles son esas necesidades?

Teresa Sánchez — El acceso a una calidad de vida mínima: educación, salud, bienestar económico. Miles de mujeres son afectadas por la violencia porque no tienen opciones mínimas, ni se imaginan, para salir de sus entornos.

“Hay miles de mujeres que no se sienten protegidas por nadie”.

Con la forma y el presupuesto que tomó el Instituto Jalisciense de las Mujeres, es urgente encontrar recursos para darle autonomía a la subsecretaría que sustituirá al IJM; aprovechar los recursos humanos que hacían bien su trabajo ahí y comenzar un fortalecimiento que implica la planeación, realización y evaluación continuas, acompañadas de procesos de capacitación, estabilidad y procedimientos para servicios profesionales de carrera. Antes que eso, es urgente la discusión pública de los asuntos que afectan a muchas personas.