En México la confesión sigue siendo la prueba reina, aun si se obtiene por tortura. Casa ITESO Clavigero albergó un taller de acompañamiento en casos de tortura, organizado por el Instituto de Justicia Penal Procesal y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional.
Por increíble que parezca, en México la tortura es socialmente bien vista si su ejecución se traduce en mayor seguridad y que haya menos delincuentes libres. Paradójicamente, esa misma sociedad que aprueba que se torture a alguien para que confiese un delito, reconoce tener miedo a ser torturada si es detenida por alguna autoridad aun cuando sea inocente.
De esta paradoja se desprende que es necesario trabajar más en la difusión de los derechos humanos, tanto entre la sociedad en general como entre las instituciones del Estado, sobre todo aquellas encargadas de procurar e impartir justicia. Por eso, el Instituto de Justicia Penal Procesal (IJPP) y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional han venido desarrollando en Jalisco y Oaxaca una serie de talleres desde el año pasado y hace unos días fueron recibidos en Casa ITESO Clavigero, que albergó un taller de acompañamiento integral en casos de tortura y tortura sexual, en el que participaron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Fiscalía Estatal, activistas de derechos humanos del área metropolitana y académicos del ITESO.
Simón Hernández, coordinador del taller y colaborador del IJPP, explica que de 2005 a 2015 hubo un crecimiento de 500 por ciento en las denuncias de tortura a nivel nacional, procesos en los que están involucradas prácticamente todas las corporaciones, ya sean policías o militares. Sin embargo, señala que es difícil tener una cifra precisa porque hay muchos factores que impiden llevar un registro adecuado, como puede ser la manera en que se califica la tortura, cómo se le da seguimiento, etcétera.
Por eso, dice, “es necesario fortalecer los organismos de protección de derechos humanos, asegurar su independencia de los gobiernos. Hoy tenemos comisiones de derechos humanos muy vinculadas al Estado desde sus designaciones. Hay que trabajar en la apertura, la transparencia, apostar por perfiles técnicos y abrir los procesos de selección de cara a la sociedad civil”. Uno de los principales problemas para atender las denuncias de tortura, cuenta el también integrante de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas de la Ibero Ciudad de México, se presenta cuando las personas están en medio de un proceso penal “las denuncias por tortura han sido históricamente desatendidas por los jueces” porque, añade, muchas veces estas denuncias son vistas como una argucia de la defensa para evadir la acción de la justicia.
“Cuando una persona en proceso hace una denuncia (de esta naturaleza), el Estado debe esclarecer cómo ocurrieron los hechos, pero en México no sucede así. Mientras en otros países la confesión es apenas una de las pruebas en un juicio, aquí la confesión es la prueba reina y muchas veces no importa cómo se obtiene esa confesión. En México no se sabe investigar”.
Cambiar todas estas dinámicas e inercias no es tarea fácil. Se requieren respuestas amplias e integrales, señala Hernández León, y también es fundamental cambiar los paradigmas de quiénes lideran las instituciones encargadas de impartir justicia y de defender los derechos humanos.
“Muchas policías funcionan con la idea de proteger al Estado antes que garantizar los derechos de los ciudadanos, y no es así”, dice el abogado y añade que es urgente fortalecer la legitimidad de las comisiones de derechos humanos.
“Cuando están encabezadas por perfiles legitimados por la sociedad, las autoridades se ven obligadas a cumplir las recomendaciones. En México no funciona el modelo porque las comisiones no se ven como contrapesos. Y una sociedad que entiende de manera parcial o sesgada el tema de los derechos humanos propicia la no legitimidad”.
Aun cuando se han registrado avances en los últimos cinco años, Simón Hernández ve un escenario complicado al que está por sumarse un nuevo actor: la Guardia Nacional empujada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena y recién aprobada por unanimidad por el Senado de la República. Según Hernández, es evidencia de una falta de memoria de lo que históricamente ha pasado con este tipo de modelos. “Parece que la intención es legítima, pero no la respuesta. Se va a agravar el problema. Tener a militares haciendo funciones civiles va contra la Constitución”.
Por eso, concluye el abogado, las universidades juegan un papel importante “en la generación de actores críticos de la realidad y en ofrecer propuestas de solución y transformación, alentando la reflexión crítica de la situación del país”.
