El agua dulce para consumo humano no llega ni al 1% del volumen total de este líquido en el planeta; la ciudadanía tiene escasa injerencia a la hora de decidir cómo se gestiona y crece la privatización de los recursos hídricos. Aun así, el especialista internacional Esteban Castro intenta no ser catastrofista.
Esteban Castro, investigador de la Universidad de Newcastle, al norte de Inglaterra
Más de mil millones de personas no tienen acceso al agua potable, calcula la Organización Mundial de la Salud, mientras que en metrópolis como la Ciudad de México o Nueva York cada habitante consume en promedio alrededor de 300 litros diarios y el planeta se bebe diariamente unos 73 millones de litros de agua embotellada, pagando por ella hasta 2 mil veces más de lo que pagaría si la bebiera de la llave.
¿Cuánto vale el agua? ¿Podemos ponerle el mismo precio al agua que consume un niño a la que consume Apple o Coca-Cola para producir iPhones y refrescos?
Los graves problemas en torno a este vital recurso cuya presencia en los hogares o el sector industrial o agropecuario muchos dan por descontado, no hacen más que agudizarse, generando “guerras por el agua”, especulación, conflictos sociales y políticos, el desabasto de millones y el enriquecimiento de unos pocos. Un dato preocupante y revelador: ningún país sabe exactamente cuánta agua tiene ni quién la está explotando, según un informe de la Unesco.
Castro, sociólogo argentino adscrito a la Universidad de Newcastle y doctor en Ciencia Política por la también británica Universidad de Oxford, es una de las principales autoridades en el tema de la gestión y saneamiento del agua a nivel global, razones por las que el ITESO y otras instituciones educativas lo trajeron a Guadalajara para ofrecer una serie de conferencias y talleres sobre ecología política, luchas ciudadanas por el agua y responsabilidad gubernamental.
Sus más de 20 años de trabajo sobre estos temas le han permitido analizar casos y dinámicas concretas en Europa y América Latina, incluyendo México. A pesar de la evidencia abrumadora sobre los graves problemas que afectan la gestión del agua, intenta mantener una visión positiva. Castro suma, entre otras experiencias en el tema, la coordinación de proyectos de investigación internacionales como PRINWASS (www.prinwass.org) y DESAFIO (www.desafioglobal.org), y de redes de investigación y acción como WATERLAT (www.waterlat.org) y GOBACIT (www.gobacit.org), cuyos sitios web contienen información sumamente relevante para cualquier interesado en estos asuntos.
“Según un informe de la Unesco no hay un solo país del planeta que sepa con rigor y certeza cuánta agua tiene, dónde la tiene, quién la extrae, para qué la extrae, cuándo la extrae… Si este informe está en lo correcto, estamos frente a una situación de gran irracionalidad en lo referente a la gestión del agua. Si es cierto que inclusive países con una tradición de excelencia en la gestión del agua, digamos Finlandia, Israel, u Holanda, entre otros, están afectados por este problema, ¡Imagínate cuál es la situación en América Latina!”, reflexiona Castro.
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¿Y cuando las autoridades no quieren escuchar?
Las “guerras” por el agua, como se las llamó por ejemplo en Bolivia, o más bien los conflictos por el agua que se registran a nivel internacional, entre los cuales México no es la excepción, se expresan frecuentemente en la forma de luchas de grupos sociales en los cinco continentes por tener un acceso justo a este recurso, pero que suelen toparse con la franca reticencia de gobiernos u organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, para los que el camino de la privatización –a veces encubierta– es el único posible para resolver los problemas existentes.
“Hagan lo que hagan los ciudadanos –añade Castro–, cuando un gobierno decide no escuchar se pueden dar circunstancias lamentables, situaciones de confrontación que podrían evitarse pero que tristemente se repiten con frecuencia en nuestros países, como bien lo ilustra también el caso de México”, señala Castro, autor del libro Water, Power and Citizenship. Social struggle in the Basin of Mexico (Palgrave-Macmillan, 2006), en el que argumentó que las luchas sociales en torno al agua se encuentran íntimamente relacionadas con la lucha por la ciudadanía y la democratización sustantiva de la sociedad (este libro se basó en su tesis doctoral en la Universidad de Oxford, Inglaterra, por la que recibió el Premio de la Sociedad Británico-Mexicana a la mejor tesis de Posgrado sobre temas mexicanos en el Reino Unido en 1998).
Otro tema importante que Castro ha abordado en su trabajo es el de la privatización de servicios esenciales de agua y saneamiento. Entre 2001 y 2004 coordinó el proyecto PRINWASS, que consistió en un estudio comparativo de casos de privatización en África, América Latina y Europa, y que incluyó un caso en México, que estuvo a cargo de un equipo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México.
Este fue el caso de Proactiva Medio Ambiente CAASA, empresa con capital de origen francés (Veolia Environnement) que gestiona el servicio de agua y saneamiento en Aguascalientes y que en los 90 tuvo que ser rescatada por el gobierno de aquel estado a causa de su virtual quiebra producida en el contexto del “Tequilazo” con una suma que nunca se reveló a los investigadores mexicanos a cargo del estudio. El proceso de rescate incluyó un cambio en el contrato con la empresa, que a partir de ese momento fue eximida de realizar inversiones, las que quedaron a cargo del sector público.
“El caso de Aguascalientes no es nada excepcional”, señala el investigador, ya que forma parte de una política que se ha venido implementando desde fines de los años 1980 a nivel internacional. Hubo muchos fracasos en la década de 1990, como el de Aguascalientes, y los organismos internacionales y gobiernos que propulsan estas políticas privatistas han aprendido rápidamente de dichos fracasos.
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Ahora, como lo ilustra el caso de Aguascalientes, abiertamente se hacen contratos donde ya no se pretende que las empresas privadas van a invertir su propio capital, la inversión es principalmente pública, pero la gestión y la ganancia se dejan en manos privadas”. Castro también señala que se han venido experimentando nuevas formas de “privatización por la izquierda”, más encubierta, un nuevo modelo impulsado por el BM, el BID, el FMI, por gobiernos e instituciones, incluso ONG’s que se dieron cuenta de que la privatización íntegra impulsada por el modelo neoliberal a partir de los 80, como la que se implementó en Inglaterra o en Chile, era un error, algo reconocido por las propias empresas privadas multinacionales que dejaron de favorecer el modelo.
“Las nuevas formas que se están implementando” –argumenta Castro–, “incluyen por ejemplo las ‘asociaciones público-privadas’, en las que el sector público es el que debe asumir tanto la responsabilidad por la inversión como por los riesgos que puedan afectar la viabilidad del negocio privado, es decir, el estado garantiza la ganancia privada”.
México es el primer lugar mundial en consumo de agua embotellada, con 8 mil millones de envases al año. En cinco años aumentó un 40%
“Aprendieron de las derrotas”, dice Castro. “Hablar de privatización reduce el problema a uno de sus aspectos, prefiero hablar de mercantilización; a veces no hace falta privatizar, es más problemático para los empresarios tener la propiedad de la infraestructura por ejemplo, y de allí surgen esas nuevas formas en las que el sector privado se libera de responsabilidades y riesgos, los cuales quedan en manos públicas. Por esa razón prefiero poner el énfasis en lo que denominamos el proceso de ‘mercantilización’, que incluye a los casos de privatización”.
El sociólogo se explica: “En la mercantilización ni siquiera es necesario involucrar a empresas privadas, se puede hacer que las propias empresas públicas abandonen los criterios clásicos que gobiernan la prestación de un servicio público que debe ser brindado universalmente, con independencia de la capacidad de pago de las personas, y se les exige a estas empresas que se comporten de acuerdo a criterios mercantiles como ya está ocurriendo en muchos países”, proceso que intentará explicar a profundidad en su siguiente libro, titulado Contra la mercantilización del agua.
“[La mercantilización] para mí es el triunfo de la política neoliberal: la gestión pública ha sido vaciada de la ética de lo público y ha sido remplazada por una ética mercantil; muchas empresas públicas hoy se comportan igual que una empresa privada”, argumenta Castro.
“Los pobres no son negocio”, reflexiona el académico en un video de YouTube en el que trata de explicar por qué todavía en el Siglo XXI una parte significativa de la población humano no tiene acceso a unos pocos litros de agua limpia o a servicios de saneamiento esenciales para la vida digna. Por otra parte, si a una lógica puramente mercantilista se le suma la incompetencia o franca corrupción de las autoridades, el futuro es poco halagüeño.
“México es un caso curioso, es un país pionero en la gestión del agua a nivel internacional, en la legislación del agua, en tener instituciones nacionales dedicadas al tema, en tener alta tecnología y excelentes expertos a nivel internacional, entre muchas otras cosas. Lo paradójico es que a pesar de su carácter reconocidamente pionero en el tema el país enfrente situaciones tan complejas como la desertificación y el deterioro avanzado de la calidad de los cuerpos de agua por causas eminentemente antropogénicas o las persistentes desigualdades e injusticias que continúan afectando a millones de mexicanos”, se plantea Castro.
“No se trata de un problema técnico, es decir de falta de tecnologías, de conocimiento científico, o de capacidad de gestión, sino que es un problema de carácter fundamentalmente socio-político, algo ampliamente reconocido por diversos sectores de la sociedad mexicana. Creo que deben apoyarse las iniciativas de los actores que en México buscan democratizar la gestión del agua, estableciendo alianzas amplias y heterogéneas para profundizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y la defensa de los bienes comunes como el agua”.
En México hay zonas desérticas, una escasísima captación de agua de lluvia, contaminación de ríos por parte de la industria, despilfarro en las ciudades, crisis que no se resolverán solamente con leyes y organismos que pueden ser corruptibles
“Hay gente que cree que las instituciones o las leyes son suficientes, lo cual es un romanticismo que puede ser comprensible pero que no se sustenta en la realidad”, subraya Castro, quien recuerda que las instituciones y las leyes, en cualquier parte del mundo, pueden ser manipuladas y puestas al servicio de iniciativas contrarias a su propósito original, “y desgraciadamente tenemos demasiados ejemplos de esto a nivel internacional, y desde luego México no es la excepción”.
A nivel global, advierte, ya hay bancos e instituciones financieras que sugieren invertir en el agua, a la que consideran la “mercancía del futuro”, una política que en caso de tener éxito dejaría importantes decisiones en torno a la gestión equitativa del líquido en manos de inversores cuyo único objetivo es obtener ganancias.
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Chile es, por ahora, el único país en el que la privatización de las fuentes de agua, es decir la propiedad privada de ríos, lagos o acuíferos, se ha implementado en forma casi completa a nivel de todo el territorio.
“En Chile tú puedes ser dueño de un río, de un lago, de un acuífero y usarlo para respaldo de un crédito”, explica Castro. “Ni siquiera en Inglaterra, donde la Primera Ministra Margaret Thatcher privatizó los servicios de agua en 1989, se llegó a ese extremo, ya que el agua sigue siendo propiedad pública en ese país. Sin embargo, la Alianza del Pacífico, creada en febrero de 2014 por los gobiernos de México, Chile, Perú y Colombia, en un documento que puede consultarse en su sitio web, anuncia que buscará implementar el modelo chileno de gestión del agua en todos los países que la componen. Queda por ver lo que ocurrirá ahora, ya que la presidenta Michelle Bachelet, que asumió el gobierno de Chile después de la creación de la Alianza en febrero de este año, ya ha anunciado que introducirá cambios estructurales en este sistema debido a los graves problemas que el mismo ha ocasionado”.
¿Cómo estimar el valor del agua?
El agua embotellada es “la mercancía perfecta”, afirma Castro, un negocio en el que Danone, Coca-Cola o Pepsi manejan una industria que vale alrededor de 60 mil millones de dólares y echa diariamente a los basureros más de 100 millones de botellas plásticas que tardarán siglos en degradarse.
Somos capaces de pagar 10 pesos por un litro de agua, la cual, si la tomáramos de la llave –brindar agua potable a sus ciudadanos es una obligación del gobierno mexicano– nos costaría unos cuantos centavos.
Ciudades como Nueva York o San Francisco ya prohibieron el uso de agua embotellada en sus dependencias de gobierno.
El creciente consumo de agua embotellada es altamente nocivo para el medio ambiente, lo cual se agrega a otros procesos como el de la contaminación industrial de las fuentes de agua, el desperdicio de agua en las ciudades o en la agricultura y la ganadería, entre otros aspectos. Estas son situaciones que demandan políticas innovadoras que le den su justo valor al agua.
Castro explica que participó en un grupo de expertos europeos que se propuso hacer una contribución a la definición de criterios para estimar el valor del agua a partir de lo que denominaron “las diferentes funciones del agua”:
“En esas discusiones llegamos a la conclusión de que, provisionalmente, podemos identificar una función básica del agua, que denominamos ‘Agua para la vida’, es decir el agua vital para la subsistencia de los ecosistemas y los seres vivos y que incluye la producción básica de alimentos. El gobierno y la gestión de esta agua no pueden subordinarse la lógica del mercado, de la acumulación privada de ganancia”, relata Castro.
“Luego identificamos lo que en las sociedades occidentales puede llamarse ‘el Agua ciudadana’, es decir, el derecho adquirido en las sociedades occidentales avanzadas a tener virtualmente toda el agua que quieras disponible en tu casa, 24 horas al día, todos los días. Nosotros concluimos en ese estudio que esta ‘agua ciudadana’ no es un derecho humano, aunque sí es un derecho ejercido en las sociedades avanzadas y que hoy demandan millones de ciudadanos”.
En el contexto actual, a decir de este grupo de investigadores, hay un cierto grado de irracionalidad en esta función del agua, como lo ilustra el hecho de que algunas sociedades como los Estados Unidos utilizan más de 600 litros de agua por persona al día, mientras que en países como Alemania, Holanda o Inglaterra ese índice de consumo fluctúa entre 120-130 litros.
Una tercera función que se identificó fue la denominada ‘Agua mercantil legítima’, como la que se emplea en actividades productivas y lucrativas, desde la elaboración de productos de todo tipo hasta los usos recreativos del agua, como pueden ser el turismo o las instalaciones deportivas (canchas de golf y otros deportes).
“No hay en principio nada errado en esta función del agua desde luego”, afirma Castro, “pero claramente no se trata ni de agua para la vida ni de agua ciudadana, se trata de agua que entra de lleno en el circuito productivo y mercantil y que por lo tanto debe estar sujeta a otros criterios y su gestión debe estar sujeta al control democrático estricto, por medio de las leyes, de la regulación, y desde luego debe estar subordinada a la disponibilidad de agua para los usos prioritarios que corresponden a las funciones discutidas al comienzo.
Existe una cuarta función del agua, el ‘Agua ilegítima’, la cual, a decir de Castro, “lamentablemente se refiere a usos del agua que dan cuenta de una gran parte del agua que se extrae y utiliza en el mundo, es decir, millones y millones de litros cúbicos extraídos y utilizados sin ningún tipo de control y en gran medida ilegalmente”.
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“Nótese”, aclara el investigador, “que en esta discusión nos concentramos solamente en los usos del agua limpia, por así decir, y no estamos hablando de lo que ocurre con el agua residual, el agua ya utilizada, que constituye un enorme problema a nivel internacional, pero que no podemos tratar aquí dado lo breve de esta conversación”.
“Aparentemente no hay solución y, en todo caso, no la veo muy cercana”, dice Castro, quien sin embargo señala como “un signo muy alentador la toma de conciencia de muchos jóvenes con los que ha dialogado, pero también el hecho de que existen notables experiencias en distintos países, desde algunos avances en políticas públicas que intentan restablecer la primacía de los usos públicos del agua, planificados racionalmente y con control democrático, por ejemplo en Brasil, o casos en Europa, donde se recuperaron ríos y otras fuentes de agua que habían caído en un estado de muerte como el Río Támesis o el Río Rin, devueltos a la vida gracias a decisiones políticas sostenidas en alianzas amplias y políticas públicas visionarias de mediano y largo plazo, dándole la vuelta al cortoplacismo y la mezquindad de intereses particulares”.
Otro ejemplo notable que señala Castro es la aprobación en 2000 de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, “una ley de aguas que debe aplicarse en todos los países europeos y que, a pesar de imperfecciones y problemas, representa un enorme paso adelante y un ejemplo pionero que amerita seria consideración”.
También, agrega Castro, “cabe mencionar entre otros aspectos que nos dan razones para ser positivos, como los avances en la implementación del ’principio precautorio’ en muchos países, incluso en América Latina. Este principio, también imperfecto y sujeto a críticas, tiene sin embargo la virtud de revertir situaciones muy perjudiciales para la ciudadanía, como el hecho de que en las cortes de justicia se exija que comunidades pobres sujetas a situaciones de injusticia como la contaminación de sus territorios, de sus tierras, de su agua, de su aire, como resultado del uso de agroquímicos en la agricultura o substancias tóxicas empleadas en procesos industriales o en la minería a cielo abierto”.
Mientras que la práctica establecida y dominante sigue siendo que las comunidades deben presentar pruebas del impacto de estas actividades sobre el ambiente y la salud, pruebas costosísimas y frecuentemente difíciles de producir en el corto plazo pues los estudios científicos requeridos requieren largo tiempo, el Principio Precautorio invierte la responsabilidad por la carga de la prueba. Ya no son las comunidades las que deben demostrar científicamente el origen de la causa del daño (como las enfermedades, la pérdida del hábitat, etc.) para ser oídas en una corte de justicia, si no que las empresas y los actores responsables por las actividades en cuestión deben demostrar que las mismas no tienen un impacto negativo sobre el ambiente y los seres vivos. Desde luego todavía es muy difícil encontrar en América Latina y en el Sur Global jueces que apliquen este principio, y en la mayoría de los casos seguimos viendo la injusticia de que se exija a las comunidades que demuestren científicamente el origen de los daños que sufren, una situación que en mi opinión constituye uno de los más graves obstáculos a la democracia substantiva en nuestros países”.
“Ejemplos positivos como los que menciono son pasitos pequeños, pero existen. A veces me ha ocurrido que un funcionario público me escribe un e-mail diciendo: ‘lo que usted escribió o dijo me sirvió para pensar de otra manera…’ Y en esos momentos siento que ya valió la pena el esfuerzo de provocar estos debates. Yo le doy un gran valor a eso; es el germen –no mucho más que eso–, de la posibilidad de una transformación social y cultural que permita frenar algunos procesos y poner en marcha otros necesarios en la relación con la naturaleza”.
La enorme responsabilidad de los académicos
“No soy pesimista y tampoco soy un optimista; soy positivo. No soy una persona infeliz, a pesar de que trabajo con cosas tan graves y deprimentes”, declara Castro, un investigador con plena conciencia de lo importante que es hacer llegar sus descubrimientos a la mayor cantidad de personas posible, no solamente a un reducido grupo de colegas.
“Al final uno quiere que su trabajo se difunda también entre las personas que están en el día a día, batallando, a veces sin saber por qué están peleando”, afirma alguien que cree que la ciencia debería estar más claramente conectada con los problemas urgentes de la sociedad como un todo, y no debería estar tan orientada a sustentar los procesos de enriquecimiento de ciertos sectores a expensas del conjunto social.
Castro piensa que si realmente queremos revertir el severo daño causado a las fuentes de agua del planeta, hay que tratar de educar y formar a la mayor cantidad de ciudadanos, pero sobre todo debemos re-educar a los sectores dirigentes en las esferas de la política, de la producción, e inclusive en la esfera de la producción científica.
“Las personas que luchan contra las injusticias y desigualdades ambientales en general no están tratando de hacer una revolución, están pidiendo ser ciudadanos, compartir el estándar de vida que saben que una parte de la sociedad ya tiene; la gente está luchando por entrarle a eso. Los académicos tenemos una enorme tarea para que esos sectores tomen conciencia y que los sectores dominantes lo entiendan también”. Texto Enrique González Foto Roberto Ornelas
