El ITESO, con apoyo del observatorio Jalisco Cómo Vamos y Demoskópica México, realizó una encuesta para medir cómo la pandemia afectó los derechos económicos, sociales y culturales en Jalisco. Como era previsible, la población con menos ingresos fue la más afectada

Según el sitio web donde se ha venido colocando la información sobre los contagios de covid-19 en México a nivel federal, para el 30 de noviembre del año pasado en Jalisco se habían acumulado 44,269 casos. Según la información disponible en el sitio web habilitado por el gobierno de Jalisco, para el mismo día se tenían confirmados 113,520. Por si no fuera ya suficiente la diferencia entre los datos federales y estatales, en realidad la cifra de contagios acumulados para finales de noviembre rondaría las 138 mil 367 personas, según revela el informe “Vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante la pandemia de covid-19 en Jalisco”, realizado por el ITESO. 

Durante la presentación del informe, Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO, señaló que a más de un año de que comenzaran los contagios en el país y se tomaran medidas de confinamiento, es “urgente reconocer las afectaciones que estas medidas han tenido en los derechos humanos de los jaliscienses”. También dijo que es necesario “tener un piso común de entendimiento y conocimiento”, por lo que el informe “llena un vacío muy importante y aporta información de relevancia académica, pública y social”. Añadió también que el estudio se alinea con el ideal que persigue la investigación en la universidad: “Una investigación que abone a la comprensión, análisis y resolución de conflictos de la sociedad a partir del análisis crítico de las problemáticas del estado para proyectar soluciones”. Así pues, el informe dado a conocer fue calificado por Arriaga Valenzuela como “relevante, sólido y pertinente”. 

La investigación estuvo encabezada por Alejandro Anaya, Carlos Moren y David Foust, todos académicos del ITESO, quienes contaron con la colaboración del observatorio Jalisco Cómo Vamos y Demoskópica México. Este segundo organismo fue el encargado de realizar 1,200 encuestas cara a cara en la segunda quincena de noviembre en el área metropolitana de Guadalajara y otros puntos del estado.  

Además de la disparidad en el registro de casos confirmados a noviembre de 2020, otras cifras que arrojó la encuesta son: 8.6 por ciento de los encuestados había perdido el empleo a causa del impacto económico por las medidas de confinamiento; 27.7 por ciento permanecía desempleado; 51.1 por ciento había registrado una disminución en el ingreso familiar y 4.6 de los hogares encuestados (55 mil) tenía al menos a un integrante que debió abandonar sus estudios. En lo concerniente a lo educativo, 27.6 por cientos de los encuestados no tenían acceso a internet en casa y 52.5 por ciento no contaba con un equipo de cómputo adecuado para la educación en línea. En el rubro de cuidados, el 86 por ciento de las veces estos recayeron sobre las mujeres del hogar, quienes debieron dedicar un 25 por ciento más del tiempo destinado a los cuidados. Finalmente, en el ámbito de los apoyos gubernamentales, el 96.7 por ciento de los encuestados dijo no haber recibido apoyo desde ninguno de los órdenes de gobierno. En todos los casos, resultaron más afectadas las personas de menor nivel socioeconómico. 

Para Carlos Moreno, no todos los retrocesos que se han visto en cuanto a los derechos económicos, culturales y sociales tienen que ver con la pandemia “sino que son producto de un deterioro que ha venido ocurriendo desde hace muchos años. La pandemia sólo vino a hacer más evidentes las disparidades preexistentes». Por su parte, David Foust señaló que “en México los tres órdenes de gobierno fallaron”, y añadió que el impacto de la pandemia ha venido a resaltar la urgencia de atender dos necesidades primordiales: la creación de un sistema de salud pública universal y la instauración de un ingreso básico universal. 

El informe fue comentado por la periodista Ivabelle Arroyo y la directora de Oxfam México, Alexandra Haas. En su turno, Arroyo señaló que si bien había muchas cosas que cambiaron con la pandemia —la idea de la distancia, los hábitos de consumo, la manera de dar clases, la movilidad— era evidente que “no cambió lo que debía cambiar como los arreglos sociales, la buena fortuna de los “afortunados”, la desigualdad. El estudio nos da los pelos de la burra y nos los pone en la mano para saber dónde debemos poner atención”. 

Posteriormente, Alexandra Haas señaló que “el estudio revela que el Estado mexicano no ha terminado de incorporar la perspectiva de los derechos humanos en sus políticas”. Señaló que había tres muestras: primero, que el acceso a la salud seguía viéndose como una prestación laboral y no como un derecho; que los cuidados seguían recayendo en las mujeres y que el Estado continuaba asignando un “presupuesto residual” a los menos favorecidos. “Los que menos tienen son los que tienen los peores servicios”. En ese sentido, señaló que el informe es una manera de tener una “incidencia desde la academia”, ya que este tipo de documentos “son una radiografía más precisa de lo que hay que hacer”. 

El informe completo puede consultarse en transformaciones.iteso.mx/informe-encuesta-covid-desc/