La historia, aunque parece que ya tocó fondo, es aún más terrible porque en Jalisco existen 2 mil 949 cuerpos de personas que no han sido identificadas.
Los contratos firmados entre la Fiscalía General de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la empresa Logística Montes –especializada en tracto cajas de refrigerados-, oficialmente, datan del año 2017; sin embargo, la presencia de este tipo de transporte en las instalaciones de IJCF ha sido denunciada por familiares de desaparecidos desde el año 2015, ya que en sus constantes visitas a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) fueron percatándose de que en la parte trasera de la institución yacía estacionado un contenedor frigorífico; al preguntar qué hacía éste ahí, trabajadoras sociales les confirmaron sus sospechas: “ahí colocan los cuerpos de las personas no identificadas que ya no caben en la morgue”.
Dicho contenedor frigorífico nunca había salido de las instalaciones del IJCF hasta los primeros días de septiembre de 2018 se ordenó que éste fuera trasladado al interior de una bodega en la calle Frailes de la Colonia La Duraznera en el municipio de Tlaquepaque; ahí el contenedor con 273 cuerpos, no con 157 como se informó inicialmente, duró del 31 de agosto al 14 de septiembre, fecha en la que el cabildo de dicho municipio ordenó su retiro por la falta de permiso de construcción y por la ausencia de los dictámenes de uso de suelo.
Las autoridades municipales colocando sellos de clausura en la bodega; sin embargo, personal de la Fiscalía quitó los sellos y trasladó dicha cámara frigorífica al municipio de Tlajomulco de Zúñiga donde sin más la abandonaron en un lote baldío aledaño al Fraccionamiento Paseos del Valle.
La ubicación de este contenedor frigorífico sucedió por las denuncias virtuales que vecinos de la colonia realizaron al descubrir que los fuertes olores que percibían provenían de un tráiler ubicado detrás de sus casas. Al llegar la policía estatal y municipal, les pidieron que no se asustaran porque no se trataba de un hecho delictivo, sino que de un contenedor con personas no identificadas del cual ya tenían conocimiento las autoridades, ya que éstas habían acordado “dejarlo ahí en tanto se definía qué hacer con ellos”.
El contenedor duró abandonado en el Tlajomulco de Zúñiga alrededor de 18 horas hasta que fue retirado por elementos de la Fiscalía General de Jalisco para ser trasladado a la bodega de evidencias de la Fiscalía en el municipio de Guadalajara; las autoridades han aclarado que ésta siempre fue el destino final del contenedor; sin embargo, las dimensiones de la cámara, los obligaron a quitar una viga. La realización de esta obra retardó la llegada del tráiler y, por ello, éste se dejó tantas horas en el lote baldío, ya que no había donde colocarlo.
La cámara frigorífica tras el escándalo fue regresada el 17 de septiembre a las instalaciones del IJCF donde permanecerá hasta que cada uno de los cuerpos puedan ser inhumanos en distintos panteones públicos y privados del municipio de Tonalá, tal y como lo anunció, la Fiscal Central del Estado, Maricela Gómez.
Responsabilidad compartida
“El convenio (bit.ly/2zvAMme) específico de colaboración para la identificación de cadáveres de personas desconocidas y/o conocidas” fue celebrado entre la Fiscalía General de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el 2 de enero de 2017. Quienes firmaron este documento fueron el ex Fiscal General, Eduardo Almaguer; el recién cesado director del ICJF, Luis Octavio Cotero Bernal; y la actual Fiscal Central, Maricela Gómez Cobos.
En dicho documento, que es público desde entonces, se señala la necesidad de contratar los servicios de una cámara frigorífica porque dentro del IJCF existían diversos cuerpos que no habían sido reclamados por nadie; su presencia en el lugar –se precisa en el convenio- resultaba problemática porque estaban ocupando un espacio necesario para la preservación de nuevos cuerpos y que éstos, sin embargo, seguían ahí porque el Ministerio Público (adscrito a la Fiscalía General) no podía ordenar su traslado a ninguna otra parte porque la Fiscalía no contaba con ningún espacio para su preservación; así que mientras se disponía de un lugar se decidió que: “La Fiscalía contratara un contenedor móvil con cámara de refrigeración en el cual conservará y guardará los cadáveres que ya se encuentran en su disposición y con las debidas pericias realizadas por el IJCF”, y que ´”éste se ubicaría temporalmente en el estacionamiento del IJCF”.
Al hacerse público el deambular del contenedor frigorífico con 273 cuerpos; la Fiscal Central, Maricela Gómez Cobos, aseguró que el resguardo y conservación de los cuerpos era competencia única del IJCF y que la Fiscalía no tenía responsabilidad alguna; sin embargo, el convenio citado con anterioridad reafirma lo que señalan legislaciones locales como el Código de Procedimientos Legales de Jalisco, así como normativas nacionales como la Ley General de Víctimas; la Ley General de Desaparición Forzada; la Ley General de Salud y el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, donde se precisa que instancias como Fiscalías y Procuradurías son quienes tienen la responsabilidad del resguardo y conservación de los cuerpos de personas no identificadas o reclamadas, ya que la responsabilidad de las instancias forenses radica sólo en la elaboración de las pruebas forenses y en el resguardo de sus resultados.
De ahí que en la cláusula tercera de dicho convenio celebrado entre Fiscalía y el IJCF fue necesario precisar que ésta (la Fiscalía): “Deslindará de cualquier responsabilidad penal, administrativa y civil al Instituto a partir de que éste le devuelva la custodia y resguardo de los cuerpos al Ministerio Público”, lo cual, a decir del ex director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, ya había sucedido y que el traslado de los cuerpos dentro del contenedor frigorífico fue responsabilidad total de la Fiscalía y no del instituto forense.
A pesar de esto, el primer funcionario en ser cesado fue, justamente, Luis Octavio Cotero Bernal quien fue señalado por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como uno de los responsables de estos hechos; sin embargo, tras su despido Cotero Bernal señaló que la Fiscalía se “está lavando las manos al evadir la responsabilidad que tiene al haber autorizado el traslado de los cuerpos porque nosotros en el instituto, no podíamos actuar sin el aval del Ministerio Público”.
Conforme a las Políticas Generales del Funcionamiento del Servicio Médico Forense y la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la única autoridad facultada para determinar el resguardo, entrega y destino final del cuerpo de una persona identificada o no identificadas que ingresa y permanece en el Semefo es la Ministerio Público; no obstante, es el IJCF quien sugiere cuál podría ser el destino final de las personas no identificadas, tal y como se precisa en el artículo Vigésimo Noveno del reglamento del Semefo:
“Para la procedencia del destino final de los cadáveres no reclamados, aún y cuando hayan sido de personas identificadas, el encargado del área administrativa del SEMEFO dentro del día hábil siguiente de haberse cumplido las setenta y dos horas que refieren estas políticas deberá solicitar por escrito a la Agencia del Ministerio Público la autorización del destino final y notificar lo conducente a las autoridades correspondientes”.
El señalamiento público de familiares de desaparecidos sobre la responsabilidad compartida entre la Fiscalía General y el IJCF, y el escándalo internacional que provocó el deambular de la cámara frigorífica con 273 cuerpos obligó a que el gobernador, Aristóteles Sandoval, cesara de su cargo al Fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez, quien durante toda esta crisis estuvo de vacaciones.
En conferencia de prensa celebrada el 19 de septiembre, se aclaró que sí existían dos cámaras refrigerantes y que en ellas estaban los cuerpos de 322 personas; ya que en el contenedor que fue de un lado para otro en realidad contenía los cuerpos de 273 personas, no 157. En palabras de Dante Haro, Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General, los principales responsables de estos hechos son el personal del IJCF, ya que éste actúo sin el aval de la Fiscalía e, incluso, ha sido omiso en sus funciones porque de los 322 cuerpos que tiene en las cámaras y los 122 que yacen en al interior de sus instalaciones, sólo el 13 por ciento (60 cuerpos) cuentan con todos los registros forenses para su futura identificación
Por su parte, el gobernador, Aristóteles Sandoval, señaló que no habrá tolerancia para estos errores: “No estoy dispuesto a tolerar este tipo de errores que sacuden y horrorizan a la opinión pública. La acumulación de cuerpos en las instalaciones del Instituto tiene una lógica de negligencia, indolencia falta de coordinación y nula capacidad de gestión. Las determinaciones que he tomado estos últimos días buscan ser sanciones que se ajusten a la dimensión de estas anomalías”, aclarando que él nunca fue enterado de lo que ocurrió con los cuerpos ni tuvo conocimiento del convenio que su propio gobierno firmó para contratar el frigorífico.
Conforme a la ley, tanto la Fiscalía General de Jalisco como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenían responsabilidad no sólo de los cuerpos que hoy yacen en cámaras frigoríficas sino también de todos los que actualmente están bajo su resguardo pues el contenedor que deambuló por los municipios de Jalisco no es el único contratado por la autoridad, ya que existe otro que también permanece en el IJCF y donde se tienen confinados 49 cuerpos; en total, son 322 cuerpos de personas no identificadas los que están en dos cámaras frigoríficas.
Para señalar qué autoridades son responsables de lo que consideran una grave violación a los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han iniciado una investigación conjunta para determinar y señalar a quienes avalaron “el trato inhumano dado a los 273 cuerpos de personas no identificadas”, ya que para ambas instancias lo ocurrido refleja “no sólo falta de capacitación y sensibilización sino un mal manejo de los restos en materia de salud pública”, precisaron en comunicado de prensa.
Sin lugar para el destino final de las personas no identificadas
Aristóteles Sandoval tras despedir al Fiscal General, giró órdenes para que, a más tardar el 15 de octubre, los 322 cuerpos de personas no identificadas ubicados dentro de los contenedores puedan ser trasladados a un espacio digno para su preservación; sin embargo, esto es algo complicado porque las obras del panteón forense que se construía en el corredor habitacional El Vado, en el municipio de Tonalá, están detenidas.
Este panteón forense podría dar destino final hasta un total de 800 cuerpos de personas no identificadas; sin embargo, vecinos de esta zona se han opuesto a dicha construcción porque consideran que el inhumar ahí tantos cuerpos significaría un problema de salud pública para los habitantes de cinco colonias colindantes a esta obra. Aunque la autoridad ha explicado que no habría problema alguno en materia de salud, los vecinos han rechazado el proyecto porque también insisten en que e l panteón forense disminuirá la plusvalía de sus propiedades.
En este mismo municipio, en el Panteón de Coyula, ya existen 21 gavetas que han sido ocupadas por el IJCF desde enero de 2017; ahí ya han inhumado a 262 personas no identificadas en las siguientes fechas: 10 personas (10/02/17); 18 (17/08/17); 21 (15/09/17); 22 (11/10/17); 11 (27/10/17); 26 (06/02/18); 34 (16/02/18); 58 (28/03/18) y 62 (15/04/18); lo que en su momento fue una posible solución para el resguardo de los cuerpos terminó saturándose en dos años; por ello, se busca en Tonalá otro espacio para albergar los cuerpos que aseguran ya no caben en el Semefo.
El estigma social alrededor de los cuerpos de personas no identificadas ha operado como una barrera para que éstos no tengan un destino final digno, tal y como lo marca la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, ya que en ambas legislaciones se reconoce el derecho a la dignidad de quienes permanecen en condición de personas no identificadas pues éstos deberán ser preservados de manera adecuada por las autoridades para su identificación, ya que existe la presunción de que muchos de éstos pudieran pertenecer a personas desaparecidas o a personas de las que sus familiares desconocen su muerte; por lo tanto, debieran conservarse en las mejores condiciones posibles y con todas las pruebas periciales y forenses que permitan su futura identificación. Bajo el mismo estigma, los habitantes de Magdalena y Atotonilco ya se habían opuesto a la construcción de un panteón forense en sus municipios.
El problema no sólo es tener un espacio sino hacer las pruebas forenses necesarias a todos los cuerpos de personas no identificadas, ya que ahora se sabe que la mayor parte de los 444 cuerpos de personas no identificadas que están en las instalaciones centrales del IJCF no cuentan con todas las pruebas forenses; razón por la que familiares de desaparecidos ven complicado que puedan hacerse todas estas pruebas antes del 15 de octubre como ordenó el gobernador, ya que muchas de ellas tienen meses, incluso, años exigiendo que se les practiquen pruebas forenses a todos los cuerpos de personas no identificadas que están en el Semefo pues eso daría pauta para hacer las confrontas con el ADN que éstas ya han dado al IJCF, esto porque muchas familias creen que ahí pudiera estar su ser querido.
Tal es el caso de una familia que denunció la desaparición de César Alejandro y Pablo Iván, ambos hermanos. El primero fue desaparecido, el 9 de abril de 2018; y al segundo, lo desaparecieron en plena búsqueda, el 13 de julio. Pablo Iván, lamentablemente, fue localizado en la fosa clandestina que se descubrió, el 3 de agosto, en la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara. Sobre César existen indicios de que éste pudiera estar entre los cuerpos de personas no identificadas en el Semefo; sin embargo, la familia lleva más de un mes esperando los resultados de la confronta. Otras familias, incluso, han tardado más de un año en este trámite.
El destino que tendrán los 322 cuerpos de las cámaras frigoríficas que el gobierno de Jalisco contrató para su preservación es incierto, ya que, aunque el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio precisó que es un mandato de ley la edificación de panteones forenses, el gobierno de Aristóteles Sandoval ha tardado en acatar esta disposición legal.
Su promesa de darle un destino final digno a las 322 personas no identificadas podría no llevarse a cabo en tanto los cuerpos no cuenten con todas pruebas forenses; el problema, como ya había señalado el ex director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, es que no hay personal ni recursos en el instituto forense para dar frente a la crisis de violencia que vive el Estado; ni tampoco existe capacitación sobre la materia para los ministerios públicos, los cuales son los únicos que pueden autorizar qué pruebas forenses se realizan y cuales no; en ese sentido, el IJCF no actúa por oficio sino por mandato del ministerio público.
Realidad espeluznante
El colectivo de familiares de desaparecidos de Jalisco, Por Amor A Ellxs, en la lectura de un comunicado de prensa frente a Palacio de Gobierno, el 18 de septiembre, señaló que el gobernador, Aristóteles Sandoval, no está respondiendo de manera adecuada a la crisis de derechos humanos que padece el estado, ya que la separación del titular del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal (quien también tiene una hija desaparecida desde el 9 de julio de 2018) no va al fondo del problema porque en realidad se está dejando impunes a los verdaderos responsables de tener a 273 cuerpos de personas no identificadas dentro de un contenedor frigorífico.
“La identificación de las personas responsables de estos indignantes hechos no está sujeta a opiniones personales, es una cuestión resuelta por la Ley (…) de la lectura de la Ley General de Desaparición Forzada; la Ley General de Salud; el Código de Procedimientos Legales de Jalisco y el Protocolo homologado se desprende que la instancia que tiene a cargo los cuerpos y define su trato y destino es la Fiscalía, resultando que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) únicamente depende las pruebas y la salvaguarda de la información obtenida (…) por lo anterior consideramos que la acción del gobernador no tiende a castigar a quien, conforme a derecho, tuvo responsabilidad en los actos que desde la sociedad y el colectivo reclamamos”, expresaron.
A las familias que integran el colectivo, les preocupa mucho que desde el gobierno no se acepte que es “espeluznante el hecho de que los cuerpos ya no quepan en el Semefo” y, peor aún, que al no hacerlo se ignore las verdaderas causas de este problema, las cuales a su parecer son: “el incremento desmedido de desapariciones y homicidios; la ineficiencia de la Fiscalía para investigar y castigar los delitos, y la incapacidad del IJCF para almacenar e identificar cientos de cuerpos”.
Bajo la actual administración de Aristóteles Sandoval se han cometido 4 mil 850 homicidios dolosos; han desaparecido 4 mil 805 personas y se han localizado 119 fosas clandestinas de las que se exhumaron 256 cuerpos.
Conforme a datos obtenidos de la Unidad de Transparencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF/UT/585/2018), a la fecha, este instituto –en conjunto con la Fiscalía- tienen bajo su resguardo 2 mil 949 restos humanos; de los cuales 1,560 son restos humanos en ceniza y 1,389 corresponden a cuerpos o partes de éste; de éstos 180 están resguardados en las instalaciones del IJCF (122 en su oficina central en Tlaquepaque y 58 en las oficinas regionales); 322 están divididos en dos cámaras frigoríficas (una con 173 y una más con 49 cuerpos); 655 han sido inhumados (262 en el panteón de Coyula en Tonalá; y 393 en diversos panteones privados y públicos del interior del estado) y, finalmente, 232 han sido prestados a diversas universidades para realizar prácticas médicas (217 están en universidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 15 en centros regionales).
Una buena parte de estos cuerpos de personas no identificadas tampoco tiene todas las pruebas forenses que determina la ley; muchos de ellos, incluso, han sido inhumados con total irregularidad porque en las instalaciones que tiene el IJCF al interior del estado tampoco se dan abasto con la cantidad de cuerpos que les llegan a diario y, por ello, algunos sólo cuentan con acta de defunción y un listado de características físicas generales, y con eso fueron enterrados en fosas comunes.
La violencia se ha desbordado de tal manera en Jalisco que ni siquiera la construcción del panteón forense será suficiente para albergar a los cientos de cuerpos que hoy siguen sin poder ser identificados. La realidad, como precisaron las familias de los desaparecidos, es tan espeluznante que ahora las fosas del estado se pasean por las calles sin que nadie sepa el por qué ni quién lo ordenó.
Por este motivo, tanto el colectivo Por Amor A Ellxs como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) realizaron diversas protestas y plantones; tras la última acción pública -donde colectivos de familiares de desaparecidos de seis estados del país se manifestaron, el 21 de septiembre, a las afueras del IJCF-, se logró la conformación de un observatorio ciudadano cuya tarea será la clasificación e identificación de los cuerpos de todas las personas no identificadas que actualmente están en las instalaciones del Servicio Médico Forense, lo cual incluye, desde luego, a los 322 cuerpos que aún están en las cámaras frigoríficas.
