Laura Rubio, consultora independiente en temas relacionados al desplazamiento forzado, busca ponerle rostro a las personas que son víctimas de la impunidad que genera el crimen organizado.
Si esto no nos mueve, ¿entonces qué? Esta pregunta fue hecha por Laura Rubio Díaz Leal, ponente de la sesión del seminario de investigación jurídica “Costos de la impunidad y el desplazamiento interno forzado en México” tras la transmisión de un video de seis minutos de duración con crudísimos testimonios de familias, de distintas partes del país, que han sido víctimas de la impunidad generada por el crimen organizado en el país.
Aunque el proyecto de la consultora independiente está enfocado en el costo social y humano que genera el desplazamiento interno de quienes han sido alcanzados por la violencia en distintos estados, parte de su estudio se ha concentrado también en demostrar, cuantitativa y cualitativamente, que el desplazamiento forzado trae consigo un costo económico.
Uno de los cometidos más importantes al dar a conocer estos trabajos de investigación no solo con cifras, sino poniéndole un rostro a aquellas madres, padres, hijas, hijos, esposos y esposas –además de familia extendida y amigos– que han perdido a seres queridos a causa del crimen y siguen esperando justicia, es incidir en la sociedad, en el público en general, no en los especialistas u ONG. “Nuestra meta es llegar a esa audiencia que no le importa la impunidad, y nuestra hipótesis es que, si hablamos en términos de costos, eso ya no nos conviene tanto como sociedad”, afirmó Laura Rubio.
De acuerdo con sus investigaciones, el desgaste económico comienza desde antes del desplazamiento, cuando las familias tienen que pagar derecho de piso o rescate por algún caso de secuestro. Cuando las familias deciden hacer una denuncia, son las amenazas las que les obligan a cambiar de residencia, con lo que comienza la pérdida patrimonial, que se va dando de forma gradual.
Para este estudio en particular, a través de uno de los casos de familias desplazadas, trataron de establecer cuál era el valor patrimonial de la familia, de establecer el tipo de vida que tenían basándose en ingresos mensuales y testimonios de vecinos y amigos. Muchos de los integrantes de esa familia tenían acceso a educación privada, viajes al extranjero, negocios locales e incluso exportación a Estados Unidos.
Enfocarse en el aspecto económico de la situación de desplazamientos forzados tiene como fin “despertar” al gobierno: “Si los testimonios no les mueven a la acción, pensamos que entonces ponerlo en números sacudiría un poco al Estado” señaló la consultora independiente en temas relacionados al desplazamiento forzado.
Acerca del desplazamiento interno, la investigadora aseguró que mientras más se indaga en las causales que lo generan, más destaca la cantidad de cosas que no se saben sobre el fenómeno en términos de comportamiento espacial, las particularidades regionales o subregionales, municipales, en dónde se mezclan causas de miseria, ambientales, violencia y conflictos. ¿Qué es lo que sí se sabe? La discrepancia que hay a la hora de llegar a una cifra, ya que los distintos organismos que se encargan del estudio de este fenómeno tienen diferentes mecanismos para acercarse a él.
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), basándose en trabajo de campo y en solicitud de información a las instancias correspondientes de cada estado, llegó en el 2016 a la cifra de alrededor de 60 mil personas desplazadas en 27 entidades del país, con lo que se abre la puerta a considerar el problema desde otra arista: Son más los estados expulsores que los receptores, lo que en un mediano plazo puede representar un problema nacional que requiere de una política nacional y de leyes que abarquen a todo el país, en vez de descargar la responsabilidad en los gobiernos locales.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con base en un monitoreo de prensa, indica que desde 2014 al menos 350 mil personas han sido obligadas a desplazarse de sus comunidades.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), es la única que puede dar una idea de cómo se genera la relación entre impunidad, inseguridad, la percepción de la falta de respuestas por parte del gobierno y el desplazamiento. Desde el 2011 ha tratado el tema de cómo la inseguridad y la victimización han hecho que las personas huyan de sus comunidades y según esta encuesta, 1 millón 200 mil personas al año salen de sus comunidades porque han sido víctimas o porque quieren prevenir de alguna forma el embate de la violencia.
Entre los costos intangibles están el rompimiento del tejido social y problemas de salud mental como estrés y trauma, especialmente en niños, niñas y mujeres, que son los más vulnerables en situaciones de desplazamiento por violencia.
