¿Cómo vela el ITESO por la convivencia en paz?

La comunidad universitariadel ITESO necesita, al igual que la sociedad en su conjunto, factores esenciales para la paz: para empezar, un marco normativo claro que establezca los derechos y las obligaciones de cada integrante; por otra parte, una estructura organizacional que vigile el respeto a esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones, a fin de lograr la armonía necesaria para el desarrollo de las actividades que tienen lugar en la universidad.

Entre los principales documentos normativos institucionales por los que se rige el ITESO se encuentran el Estatuto Orgánico, el Reglamento de Alumnos y el Protocolo de atención a la violencia de género del ITESO.

A continuación, se mencionan las instancias que acompañan a la comunidad universitaria y velan por la correcta aplicación de sus derechos y obligaciones.

La Procuraduría de Derechos Universitarios nació en 1998 por iniciativa del entonces Rector del ITESO, David Fernández Dávalos, SJ, quien vio la necesidad de crear una instancia que ofreciera a la comunidad universitaria asesoría respecto a los derechos y obligaciones, todos ellos contenidos en el cuerpo normativo del ITESO. El fin último: que esta figura ayudara a avanzar hacia la construcción de una comunidad más justa a través de la interpretación y exacta aplicación de la estructura legal rectora del ITESO.

Asimismo, se estableció que, ante el caso de una violación a los derechos de los integrantes de la comunidad, el titular de esta Procuraduría pueda emitir recomendaciones a otras áreas, a fin de lograr las condiciones que garanticen que esos derechos se sigan respetando.

Con ello, el ITESO se convirtió en la primera institución de educación privada en el país en contar con una instancia de esta naturaleza, y Miguel Bazdresch Parada fue su primer titular. El actual procurador es Juan Jorge Hermosillo, quien ya había ocupado el cargo de 2015 a 2018 y ahora, para el periodo 2020-2023, con un ITESO renovado y evolucionado, afirma que ha aprendido a ser un acompañante en los procesos de discernimiento, tanto personales como institucionales.

Hermosillo Villalobos entiende que la misión más sublime de su encargo es “cuidar el espíritu de la comunidad, que va mucho más allá de los derechos. Los derechos son como los cimientos sobre los cuales se construye toda la comunidad; garantizarlos, sin cuidar de todo lo demás que da sentido a esa comunidad, se queda en un simple trazo en un piso lleno de piedras, en espera de la construcción del proyecto completo”.

Además de lo acotado en la normativa universitaria, es función del Procurador de Derechos Universitarios velar por el cumplimiento de los derechos humanos de todos quienes formamos parte de la universidad, incluidos estudiantes, miembros de la academia y personal administrativo y de apoyo.

El Estatuto Orgánico marca las funciones y alcances del Procurador y se complementa con el Reglamento del Procurador de Derechos Universitarios. Estos documentos estipulan que este cargo, cuyo titular es nombrado por la Junta de Gobierno de la universidad, cuenta con autonomía e independencia dentro de todo el contexto universitario, por lo cual tiene cabida en todos los procesos de atención a conflictos.

Las recomendaciones del Procurador adquieren el carácter de vinculantes al estar basadas en la normativa interna o externa del ITESO. Juan Jorge Hermosillo enfatiza que la intervención del Procurador comprende desde una asesoría informal para cualquier miembro de la comunidad universitaria hasta la vigilancia de la norma en los procesos de impartición de justicia y disciplina en la universidad.

Advierte que la función del Procurador Universitario “no es ser instancia de apelación, sino más bien de asesoría y vigilancia de que se cumpla lo que está normado”.

La Procuraduría de Derechos Universitarios del ITESO es una de las fundadoras de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), formada por Defensorías y Procuradurías de los Derechos Universitarios de universidades de Australia, Brasil, España, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Perú, y cuyo objetivo, según se lee en su sitio web, «es la colaboración mutua para la contribución, promoción, estudio, defensa y cultura de la protección de los derechos universitarios, así como fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias». El ITESO fue la primera universidad privada que se integró a esta red.

Se trata de la instancia encargada de atender y dirimir los casos de violencia de género que ante ella se presenten, y su creación busca responder a la exigencia, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en su conjunto, de erradicar la violencia de género en sus distintas formas. Su coordinadora es Guadalupe Orozco Heredia.

A petición del Rector José Morales Orozco, SJ, en 2016 un grupo de profesoras y profesores comenzaron a desarrollar el documento que dio forma al Protocolo de Atención a la Violencia de Género en el ITESO, que fue promulgado por el Rector Luis Arriaga Valenzuela, SJ, en 2018.

“Fue desde que comenzó ese proceso que se empezaron a atender casos ya con lineamientos específicos en cuestiones de género”, relata la académica. En 2016 quedó configurada oficialmente la Comisión.

“Somos un órgano colegiado que atiende casos de violencias de género de distinto tipo que se dan entre miembros de la comunidad universitaria, y que pueden tener lugar dentro o fuera del campus, pero en el contexto universitario”, dice Orozco Heredia.

La coordinadora señala que, a pesar de que existe la idea de que la Comisión sólo revisa asuntos graves “que responden al imaginario que entendemos como violencia”, la instancia también asesora casos relacionados con diferencias en las maneras de pensar de las personas acerca de cuestiones de género.

La normativa del ITESO dicta que las recomendaciones y sanciones emitidas por la Comisión para Atender Asuntos de Género deben ser atendidas por las direcciones, los centros y las oficinas de la universidad. “Estas recomendaciones pueden implicar, dependiendo de la naturaleza del caso, cuestiones formativas, apoyo psicológico o suspensiones, entre otras alternativas”, apunta Guadalupe Orozco.

Por otra parte, aunque los alcances de la comisión no exceden los límites de la comunidad universitaria, la instancia sí es un espacio para la asesoría e incluso canalización a organismos externos, menciona la coordinadora.

Al momento integran la Comisión siete académicas y académicos, entre quienes hay perfiles que abonan a la contención psicológica y que cuentan con nociones de derecho para brindar una adecuada asesoría legal. Además, la Comisión trabaja con otras instancias universitarias para apoyarse en funciones de formación, difusión y canalización de casos de acuerdo, con las necesidades que éstos planteen.

De acuerdo con el Protocolo de Atención a la Violencia de Género, es el Rector quien nombra a los integrantes de la Comisión, misma que trabaja adscrita a la Dirección de Integración Comunitaria, aunque también incluye a integrantes de otras direcciones.

Cualquier persona de la comunidad universitaria puede acercarse a la Comisión, ya sea para interponer una denuncia o hacer una consulta. “Estamos para apoyar a la comunidad universitaria. Nuestra intención es tener una comunidad universitaria libre de violencia, armónica y con una convivencia sana”, añade la académica.

Esta instancia es la encargada de resolver, sancionar y emitir las medidas de reparación procedentes ante conductas graves cometidas por estudiantes. Creada en 2016, tiene como objetivo promover un ambiente universitario de aprendizaje y cuidado, conciliando la libertad individual de los estudiantes con el respeto hacia los demás y a sí mismos, así como propiciando una cultura de convivencia armónica y de legalidad.

La misma naturaleza de los casos hace que la Oficina de Seguridad (seguridad@iteso.mx) sea el primer contacto, dado que es a esta área a donde llegan los reportes de comportamientos violatorios a la normativa universitaria, como, por ejemplo, consumo y posesión de drogas, o agresiones.

Guadalupe Lira Beltrán, coordinadora de esta Comisión, señala que, a diferencia de instancias similares en otras universidades, la Comisión Disciplinaria en el ITESO busca crear en el estudiante conciencia de que las normas de la universidad fueron transgredidas, pero, más allá de eso, “propiciar un proceso de reflexión y discernimiento respecto a la conducta realizada”. En ese sentido, las sanciones se piensan desde un enfoque formativo más que desde uno meramente punitivo.

La Comisión procede conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico, el Reglamento de Alumnos y el Procedimiento interno de la Comisión Disciplinaria. Actualmente está integrada por la coordinadora y otras seis personas pertenecientes a diferentes áreas del ITESO.

Si, tras un proceso de resolución de conflictos de cualquier tipo, alguna de las partes no está de acuerdo con el fallo o recomendación emitida por las autoridades correspondientes, el sistema de atención a conflictos del ITESO permite apelar ante la siguiente autoridad competente, dependiendo de la naturaleza del caso. En todos los casos, la última instancia de apelación es el Tribunal Universitario, configurado como el máximo órgano colegiado del ITESO en esta materia y al cual corresponde dar una solución definitiva a los conflictos no resueltos en otras esferas.

“El Tribunal entra en funciones sólo cuando ya se han agotado todos los procedimientos y recursos que señala la legislación universitaria. De lo contrario, no podemos tomar el caso, salvo que exista una petición formal del Rector”, comenta Luis Octavio Lozano Hermosillo, SJ, actual presidente de este órgano.

El Tribunal se creó en junio de 1978, si bien la idea se trabajó desde 1971. Con su creación, el ITESO se convirtió en una de las primeras universidades privadas en el país que contaron con un órgano jurisdiccional interno de mayor nivel para resolver conflictos de índole disciplinar y académica, principalmente.

“Al formar parte de una universidad de inspiración cristiana y encomendada a la Compañía de Jesús, la nota característica del Tribunal es el discernimiento”, apunta el presidente. “Nuestra misión es llegar a la verdad desde un análisis honesto y transparente, desde una perspectiva universitaria, formativa y no tanto punitiva”, continúa.

Por su parte, Édgar Josué Ayón González, Secretario de Estudio y Provisión del Tribunal Universitario, comparte que la mera existencia de éste es la respuesta del ITESO para garantizar, a todos los miembros de la comunidad universitaria, el derecho humano al acceso a la justicia, en el ámbito que le compete.

Tras la admisión de un caso, previa asesoría del secretario de estudio y provisión, se define el tratamiento que se dará al mismo. “Debemos revisar el proceso de la anterior instancia y, de ser necesario, se regresa el caso para que se pueda restablecer el debido proceso, con ciertas observaciones para que se cumpla con la normativa de la universidad, pero dando libertad de jurisdicción a la instancia”, señala el presidente.

Si es necesario hacer un análisis más exhaustivo del caso, comienza el periodo de audiencias y de recepción de pruebas documentales, para luego hacer audiencias de desahogo y darles oportunidad a las partes de hacer valer sus voces.

Cuatro miembros comunes y permanentes conforman el Tribunal, y lo complementan cuatro miembros especiales y variables que se suman al pleno, dependiendo del segmento de la comunidad universitaria a la que corresponda el caso a analizar (personal académico, personal de servicios de apoyo, estudiantes de posgrado o estudiantes de licenciatura). Todos los perfiles son presentados por el Rector, previa consulta al Consejo Universitario, y nombrados por la Junta de Gobierno.

“El Tribunal Universitario está en un proceso de transición y transformación que responde a la realidad social y universitaria. Si la universidad se vuelve un espacio garante de derechos humanos, al tribunal corresponde ir a la par y enrolarse en esa lógica”, apunta Ayón González.

Actualmente se trabaja también en profesionalizar la estructura de esta máxima instancia y darle mayor formalidad jurisdiccional, a fin de unificar procesos y hacerlos más expeditos.

FOTOS: Luis Ponciano