El jesuita David Velasco, veterano de la defensa de los derechos humanos en México, advierte sobre la peligrosa época que atraviesan quienes trabajan para protegerlos y garantizarlos. El académico del ITESO participará en octubre en el XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita
El ciudadano que protesta en la calle porque lo quieren desalojar de su tierra o cerraron la empresa donde trabajaba; el periodista que intenta reportar la misma manifestación y el desempeño policíaco; el tzeltal que se opone al uso de tierras indígenas en Chiapas para construir un mega proyecto ecoturístico; la estudiante inconforme con el desempeño de los medios frente a un proceso electoral; la expolicía comunitaria de Guerrero presa a pesar de que un juez revocó el auto de formal prisión y que las pruebas en su contra no se sostienen.
Los peligros para cualquier involucrado en la defensa de los derechos humanos se han incrementado notablemente en México, tal como lo documentan numerosas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la ONU, el Centro Pro, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Human Rights Watch o WOLA (Washington Office for Latin America).
“Algo está pasando. La agudización viene a partir de 2008: más de 20 informes de organizaciones nacionales, internacionales y del sistema interamericano [y los que se vayan sumando], llaman la atención sobre la situación de defensores y defensoras. Literalmente los amenazan, los hostigan, los intimidan, les inventan cargos, se les fabrican expedientes, los desaparecen o los ejecutan extrajudicialmente”, relata David Velasco, SJ, académico del ITESO, quien desde hace casi una década empezó a trabajar a conciencia en el tema de la criminalización de la protesta social y de las actividades de los defensores de derechos humanos.
A un mes del XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) que se celebrará en la Ibero Puebla (15 al 17 de octubre, www.iberopuebla.mx/foroDH), donde participará en el panel “La pobreza encarcelada”, Velasco examina un panorama mexicano lleno de claroscuros en el que, a pesar del incremento de la violencia contra dichos activistas y la inoperancia gubernamental en muchos casos, se han registrado avances.
httpv://www.youtube.com/watch?v=NczVCKVLyc8
“La situación es de una gravedad que eriza la piel, porque no ha habido acciones del gobierno más que la simulación y el discurso. Estamos en una fase de capitalismo extractivista salvaje, entonces las grandes mineras [o los extractores de hierro en el sur de Jalisco o los talamontes en la Sierra de Manantlán] no quieren tener problemas”, afirma el Doctor en Educación y quien por casi tres años dirigió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en Chiapas.
“Estoy observando un panorama bastante desalentador en la defensa de los derechos fundamentales, sobre todo porque se está criminalizando a los defensores. Es un panorama que va a seguir creciendo, según informan varias organizaciones que documentan el aumento de la violencia en estos 22 meses de Enrique Peña Nieto [mayor que el comienzo de Felipe Calderón]”.
Casos como el de Juan Vázquez (activista tzeltal asesinado por oponerse al despojo de unas tierras aledañas a las Cascadas de Agua Azul para desarrollar un complejo turístico) o el encarcelamiento de Nestora Salgado, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, a quien Velasco reseña que se le fabricaron delitos, son apenas un soplo en medio del agitado clima de violencia que describe el investigador del ITESO.
¿Y la parte alentadora?
Mientras revisa en su computadora el informe “La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad”, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, AC, Velasco enumera los avances que se han registrado, a cuentagotas, pero avances al fin y al cabo. Ese informe lo puedes revisar aquí en este enlace: http://acuddeh.org/spip.php?article3984.
“La sociedad civil organizada que reivindica algún tipo de derecho, que participa en alguna red estatal o nacional, lo que está haciendo es aprender a defenderse. Hay muchas maneras de ir construyendo una cultura de los derechos humanos y abatir el discurso de la derecha y el ala conservadora que dice que los derechos humanos defienden criminales”.
httpv://www.youtube.com/watch?v=kJYnqqZhIu0
Capacitarse para documentar los abusos de las autoridades, analizar los movimientos de los cuerpos policíacos represores o tener presencia constante en los medios de comunicación o las redes sociales, resulta fundamental en esta nueva cultura de la supervivencia que generan los defensores de derechos humanos.
Además, no son pocos los ojos nacionales e internacionales que siguen muy de cerca el desempeño del Estado mexicano para que prevenga esta violencia, investigue los casos denunciados y cumpla a cabalidad con las recomendaciones que le han hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, acotar el fuero militar e implementar las leyes que surgieron a consecuencia de la reforma constitucional en la materia.
“Si tú sueltas la cuerda, se te cae mucho del trabajo de años acumulados; si dejaran de existir las movilizaciones civiles, cualquiera que sea, dejaríamos que la sumisión a la dominación simbólica vigente fuera casi total”, advierte el jesuita. Texto Enrique González Foto Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, AC
Datos relevantes del informe elaborado por la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, AC
Entre las conclusiones generales del documento, que recoge datos de junio de 2013 a mayo de 2014, se encuentran las siguientes: el Estado mexicano emplea dos mecanismos primordiales para amedrentar a los defensores: las detenciones arbitrarias y las violaciones a sus derechos, por lo que percibe, “un aumento grave en las condiciones que tienen que enfrentar las personas defensoras de los derechos humanos”.
Hasta el 31 de mayo de 2014 hubo 120 detenciones arbitrarias, cinco ejecuciones extrajudiciales y 2 desapariciones forzadas, con el DF en el primer lugar en cifras totales, sumando 257 víctimas, seguido por Oaxaca (98), Chiapas (61), Guerrero (39) y el Estado de México (34). Jalisco sumó nueve casos de violencia contra defensores de derechos humanos, de los cuales seis fueron detenciones arbitrarias; no hubo en la entidad ninguna ejecución o desaparición forzada.
El informe le lanza un total de 30 recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas la promulgación de leyes federales y estatales pendientes de aprobación “para hacer efectiva la reforma constitucional sobre los derechos humanos” o la enmienda del Código de Justicia Militar, “para que todas las VDH [violaciones a los derechos humanos] presuntamente cometidas por militares sean objeto de investigación exhaustiva”.
