Convocados por la AUSJAL, líderes y ministros educativos de la región dialogaron respecto a los retos más importantes que enfrentan sus países en la materia.
América Latina es el continente más desigual del planeta, refiere la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Con la llegada de la pandemia por covid-19, estas diferencias sólo se acrecentaron. En el ámbito educativo, los gobiernos de los países de la región se enfrentan a retos comunes que bien pueden buscar resolverlos desde la colaboración.
Este es el espíritu del Pacto Educativo Global, iniciativa del Papa Francisco que plantea impulsar una transformación cultural profunda, integral y de largo plazo a través de la educación. A este Pacto se suscribieron en diciembre de 2020 los 30 rectores miembro de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL), sabedores del compromiso característico de la orden jesuita por el derecho a la educación universal y de calidad.
En aras de aportar un piso para construir acuerdos entre los países latinoamericanos que busquen el ejercicio pleno del derecho a la educación, la AUSJAL convocó a un diálogo con ministros y líderes educativos “Por el Derecho Humano a una Educación de Calidad en el marco del Pacto Educativo Global”, realizado de manera virtual el lunes 26 de abril.
Luis Arriaga Valenzuela, SJ, presidente de la AUSJAL y rector del ITESO, señaló que además de contribuir a la reincorporación de los más de 25 millones de niñas, niños y jóvenes que debido a la pandemia por covid-19 han abandonado la escuela, el Pacto también busca “abrir posibilidades para los 250 millones que no accedían a la educación desde antes de la crisis sanitaria que afrontamos”.
Confió en que esta dinámica permita “profundizar nuestra cooperación y convocar a nuestros interlocutores a profundizar su compromiso para que ninguna niña y ningún niño o joven sea excluido del pleno ejercicio de su derecho a educarse con pertinencia, relevancia, eficacia y equidad”.
La educación sufre… desde antes de la pandemia
En Argentina, sólo 5 de cada 10 adolescentes se gradúan de la escuela secundaria. En México, alrededor del 20 por ciento de la población es indígena o afrodescendiente pero de este porcentaje, sólo el seis por ciento está en la educación superior. En Venezuela, tan sólo el 37 por ciento de los hogares tienen acceso a internet, cuya velocidad no es superior a los 11.77 Mbps. En Guatemala, la primaria tiene una cobertura neta de 93 por ciento, pero para la educación media la cobertura baja a 49 por ciento y en el diversificado (equivalente al bachillerato mexicano) es de apenas 26 por ciento.
Todos estos datos son de antes de que la pandemia por covid-19 azotara el mundo. Los ponentes coincidieron en que los datos posteriores a la contingencia sanitaria, si bien aún no están contabilizados en su totalidad, dejan prever que las desigualdades sólo se han profundizado.
Ricardo Cuenca Pareja, ministro de Educación de Perú, comentó que, de no reconocer y atender las viejas desigualdades, “se estaría vulnerando el derecho a la educación. El compromiso ha sido atender a aquellos que desde el año pasado están sufriendo inconvenientes para continuar sus estudios”.
Coincidió Rodolfo Elías, coordinador del área de educación de Investigación para el Desarrollo de Paraguay, quien añadió que la pandemia puso en evidencia la debilidad del sistema educativo, en el que “siguen operando mecanismos de exclusión y discriminación”, además de que se mantiene una baja inversión, escasa atención a la diversidad cultural, social y lingüística del país y marcadas dificultades de acceso y conectividad.
Hosy Orozco, director del Departamento de Educación de la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala, resaltó que justamente los problemas de acceso a energía eléctrica e internet han dificultado la respuesta del ministerio para crear una única estrategia de continuidad en la formación de los estudiantes del país, por lo que consideró necesario replantear el acceso a internet como un derecho universal, al menos con fines educativos.
“Otro reto es atender la deserción. Al menos 40 por ciento de niños y niñas de educación preprimaria fueron retirados durante la pandemia. Esto es preocupante porque a nivel nacional sólo un 60 por ciento de niños y niñas tiene acceso a la educación preprimaria”, dijo.
Desde Ecuador, se optó por producir programación televisiva para llevar experiencias de aprendizaje a los alumnos confinados en sus casas, señaló Mónica Maruri Castillo, directora ejecutiva del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural de la Organización del Convenio Andrés Bello (IPANC-CAB).
Ello, ya que se distinguió a la televisión como el dispositivo más presente en los hogares de la región, contrapuesto a la falta de equipamiento y conectividad tanto de alumnos como de docentes, sumando además la carencia de las habilidades digitales de estos últimos.
“El Ecuador reconoce que esta emergencia evidencia las diferencias, que hay mucho por trabajar y veremos más adelante cuáles han sido las pérdidas en los aprendizajes y la verdadera deserción escolar”, apuntó.
La colaboración, la mejor herramienta
Nicolás Trotta, ministro de educación de Argentina, señaló que es necesario asumir un compromiso desde la esfera política, social y empresarial para poner al centro de todas las políticas públicas al campo educativo, visto como herramienta para la construcción de un mejor futuro.
Apuntó además que la mirada colectiva es necesaria para hacer frente a los retos de la realidad creada por la pandemia. “Más que nunca necesitamos la presencia y planificación de los estados, la construcción de consensos y posar nuestra mirada no tanto en las diferencias sino en las cosas que nos unen. Son desafíos colectivos; cambiar esa realidad demanda el compromiso de los estados”.
«No hay niños que abandonan la escuela, son expulsados de la escuela. Es responsabilidad de los estados y de la sociedad generar las herramientas para acompañar su trayectoria educativa y enfrentar la realidad de exclusión tan presente en nuestra América Latina”, señaló el funcionario argentino.
Leonardo Carvajal, investigador y líder educativo en Venezuela, propuso realizar una investigación en los países hispanoamericanos a fin de conocer los resultados de las estrategias implementadas en materia educativa durante la pandemia, para a partir de ello emitir recomendaciones y fraguar alianzas.
“Estamos obligados a aprender para corregir de nuestras experiencias en la implementación de la educación online para determinar si ha sido de suficiente calidad y en beneficio de todos los grupos sociales. Más allá de que algunos gobiernos declaren su satisfacción por haber declarado la instantánea masificación de la educación online sin haber evaluado en profundidad lo que ha venido sucediendo con ella, afirmamos que la naturaleza no da saltos y tampoco las sociedades”, dijo.
Mónica Maruri Castillo, directora ejecutiva del IPANC-CAB, invitó a que ésta y otras investigaciones consideraran a las familias como parte del sistema educativo, cuya inclusión facilite poner a la persona al centro de las estrategias.
En ese tenor, David Fernández Dávalos, SJ, secretario ejecutivo de AUSJAL, recordó que, si bien la educación no es ajena al racismo, desigualdad, pobreza y otras injusticias, se puede transformar la realidad compartida de los países de la región desde ella.
Quien fungió como moderador del encuentro compartió que en días previos se pidió la colaboración de los rectores miembro de la AUSJAL para conducir una segunda investigación, liderada desde el ITESO, que busca recoger las experiencias de los estudiantes universitarios durante el primer año de la contingencia sanitaria.
Alfonso José Gómez Boulin, SJ, rector de la Universidad Católica de Córdoba, apuntó que “somos testigos de un momento histórico que visibiliza desafíos comunes de América Latina. Una cosa buena que nos puede dejar esta pandemia es que nos unamos para un desafío en común; este de la educación es uno”.
Algunas acciones
Edgard Ernesto Ábrego Cruz, subdirector de asesoramiento educativo y modalidades de aprendizaje del Ministerio de Educación de El Salvador, comentó que el país centroamericano apuesta, a través de diversas acciones, a tener un aprendizaje de calidad, profesionalización docente, inversión en ciencia y tecnología, cuidado de la infraestructura educativa y una convivencia escolar que priorice la inclusión.
Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de México, señaló que el 20 de abril fue aprobada la Ley General de Educación Superior, que coloca al derecho humano a la educación en el centro de las acciones y procesos de educación superior para hacer efectivo el bienestar de la sociedad.
Mencionó también que el gobierno mexicano considera prioritario el regreso a clases presencial, por lo que ya se inició la campaña de vacunación contra la covid-19 para todos los trabajadores de la educación.
Por su parte, Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, compartió que desde el área que encabeza se otorgan becas que promuevan el desarrollo estratégico de la nación caribeña. En su mensaje, mencionó que en 2021 la inversión en el ámbito educativo es de 238 millones de pesos dominicanos; “pretendemos que para 2021, esos fondos ronden los mil millones de pesos dominicanos”, dijo.