Desde la noche del 26 de septiembre de 2014 en la que desaparecieron 43 estudiantes en Iguala, el Estado mexicano no ha sido capaz de explicar con claridad qué les sucedió ni el grado de responsabilidad de las autoridades implicadas.



Tome un segundo para respirar antes de iniciar este acto de memoria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. Ahora, dese tiempo de imaginar que detrás de cada número existe un estudiante al que, de manera violenta y forzada, le arrebataron su libertad.


Pero esto no termina ahí, porque detrás de ellos también existen madres, padres, hermanas, hermanos, esposas e, incluso, hijas e hijos que no han dejado de repetir la misma exigencia al Estado Mexicano: justicia y aparición con vida.


Hacer esto durante cinco años no ha sido fácil, ya que la maquinaria institucional les ha violentado sistemáticamente su derecho a la verdad y a la justicia, de manera que después de todos estos años el Estado no ha sido capaz de explicar con claridad qué fue lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero; tampoco ha dictaminado cuál fue el grado de responsabilidad de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno (muncipal, estatal y federal) que ese día estuvieron involucradas por acción, inacción u omisión en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.


Hoy sabemos que la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, los 43 estudiantes fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, quienes, en colusión con organizaciones criminales, dispararon contra los camiones en los que viajaban, tras haber concluido en el municipio de Iguala una acción de boteo y recabación de fondos para asistir a la Marcha Conmemorativa del 2 de octubre en Ciudad de México.


En estos hechos, como bien puede observarse en la plataforma cartográfica interactiva realizada por Forensic Architecture, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ( www.plataforma-ayotzinapa.org), participaron policías estatales y federales, así como elementos del ejército. Ese día, seis personas fueron asesinadas —tres de ellos estudiantes—, 40 resultaron heridas y 43 estudiantes fueron desaparecidos.


A cinco años, la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), creada el 4 de diciembre de 2018, ha anunciado que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que reponer todo el proceso de investigación porque éste, simplemente, está cargado de omisiones, alteraciones y confesiones obtenidas por tortura, pero principalmente porque todo lo investigado carece de evidencias lo suficientemente sólidas como para seguir sosteniendo que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero, para posteriormente arrojar sus restos en el río San Juan, tal y como sostiene la llamada “verdad histórica” anunciada por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, y con la cual se pretendió por dar cerrado el caso.


Tuvieron que pasar más de 1,784 días para que el Estado Mexicano reconociera la falsedad sobre la que se sustentó esa teoría, que ya había sido denunciada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2014, para dar asistencia técnica en la investigación realizada por el gobierno mexicano.


Este grupo de expertos, mediante los Informes Ayotzinapa, señaló que no habían evidencias científicas para sostener la muerte e incineración en el basurero de Cocula, lo cual fue ratificado por la CIDH en 2018 a través del Informe Final de su Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, donde denunciaron que las propias evidencias recabadas por la autoridad ponían en entredicho su versión oficial.


De ahí que la CoVAJ-Ayotzinapa, en voz de su titular, Alejandro Encinas, haya señalado que “habrá que reponer toda la investigación porque lo que ha acreditado todo este proceso jurídico no es solamente la debilidad con la que se integró la averiguación previa, sino las omisiones o alteraciones que hay dentro la propia investigación”.


Estas omisiones han generado la liberación de 77 de las 142 personas detenidas por su probable participación en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014. Las últimas 24 liberaciones ocurrieron el 3 y 15 de septiembre, cuando el juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, ordenó la liberación “absoluta e inmediata de 24 sospechosos”.


Uno de los liberados fue Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto líder de Guerreros Unidos y que ha sido señalado como el autor material de la desaparición de los 43 muchachos. Su liberación se dio porque el juez Ventura Ramos desestimó 81 de las pruebas presentadas en su contra, al considerar que habían sido recabadas de forma ilegal. Desde que terminó el juicio contra El Gil, en marzo pasado, la FGR no presentó más pruebas contra él.


A la fecha, no existe ninguna persona sentenciada por los delitos cometidos el 26 de septiembre de 2014. Por ello, el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez, señaló que las nuevas investigaciones arrancarán “casi desde cero” para garantizar una averiguación independiente, clara y objetiva.


A cinco años, ¿qué es lo que siguen exigiendo las familias? Estanislao Mendoza, padre del normalista Miguel Ángel Mendoza, lo dijo de manera clara y contundente en su participación durante el Conversatorio Memoria y Búsqueda, realizado el 11 de septiembre pasado en la Universidad de Guadalajara: “Nosotros exigimos a las autoridades memoria, justicia y aparición con vida de cada uno de los 43 normalistas. No esperamos menos, porque estamos cansados de siempre empezar desde cero”.


El próximo 26 de septiembre se cumplen cinco años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se suman a las más de 40 mil que existen en todo el país y a las 8 mil 865 que han ocurrido en Jalisco.


Contemos hasta 43 y guardemos el aliento para nombrar con fuerza y dignidad a todos los que hoy nos faltan. ¡Porque vivos se los llevaron: Vivos los queremos!


 Sigue a Darwin Franco @darwinfranco