¿Cómo reacciona la sociedad cuando vive en contextos de violencia? Esta es una de las preguntas centrales que la académica Ana María Vázquez busca responder para obtener el Doctorado en Bienestar Social que imparten conjuntamente el Boston College y el ITESO.
Un terremoto destruye buena parte de tu ciudad; un conjunto de criminales desaparece a 43 estudiantes de tu ciudad; un colector repleto de gasolina hace explotar decenas de calles de tu ciudad; el gobierno quiere inundar tu pueblo para poner ahí una presa; una severa crisis económica deja a tu familia en bancarrota; la delincuencia organizada ha llegado a tu comunidad para reclutar jóvenes…
Las situaciones cargadas de conflicto tienen muchos rostros, y uno de ellos en particular, el de la violencia asociada al tráfico ilegal de drogas, es el que la profesora e investigadora del ITESO, Ana María Vázquez, ha elegido para obtener un posgrado que sucede en dos países: el Doctorado en Bienestar Social que imparten el ITESO y el Boston College School of Social Work, una de las instituciones más prestigiosas en EEUU en esta área.
“Mi pregunta central es: ¿Cómo se organiza la comunidad para generar procesos de defensa, protección y fortalecimiento en un contexto de conflicto y violencia social? ¿Cómo el conflicto [social, político, la violencia del narco asociada a las drogas] toca a la sociedad y la sociedad reacciona y crea procesos de resiliencia? ¡Y esto lo tenía que pensar epidemiológicamente!”, explica Vázquez, excoordinadora de Relaciones Internacionales en el ITESO.
¿Y por qué epidemiológicamente? Porque esa es una de las propuestas de abordaje de los problemas sociales –pobreza, desnutrición, corrupción, inseguridad– que trabajan los académicos de Boston, es decir, a partir de bases de datos y estadísticas, herramientas a las que les dan mucho peso, se preguntan cómo se “contagian” estas situaciones en las comunidades estudiadas.
Su paso por el Boston College le permitió comparar la manera en que los gobiernos de EEUU y México entienden e implementan el trabajo social.
Dos ejemplos: allá el Estado no suele ejecutar los programas sociales, sino que los concursa, es decir, algo como la Cruzada contra el Hambre no sería un proyecto del Gobierno de Estados Unidos, sino que este lanzaría una convocatoria para otorgarle recursos a alguna organización y se dedicaría a vigilar cómo invierte ese dinero.
El otro es el proyecto que analizó Vázquez fue Escuela Segura, lanzado por la Organización Mundial de la Salud y que han implementado ambos países.
En EEUU es en la escuela donde el niño o el adolescente corren el riesgo de convertirse en delincuente o conseguir drogas y armas. “La escuela es el lugar de inseguridad, entonces los programas van orientados a cómo desarmar a los jóvenes en la escuela, a cómo limitar el acceso a las drogas y enseñarlos a protegerse de sus compañeros, porque son los que llegan y balacean las cafeterías”, explica Vázquez.
“En México, por el contrario, la escuela es el lugar donde se provee seguridad a los estudiantes, porque la violencia está en la comunidad y hay que fortalecer a la escuela, a los profesores y a los padres para que juntos vean cómo generar procesos de aprendizaje para protegerse”.
El estado de la violencia en México
Después de pasar un par de años en Boston cursando materias de estadística y sociología –antes había estudiado algunas en línea desde el ITESO y asistido a clases presenciales en el Doctorado en Estudios Científico Sociales–, Vázquez regresó al ITESO este verano con una investigación preliminar bajo el brazo, relacionada con la acción comunitaria ante la violencia del narco y en la que utilizó como referencia la encuesta Ciudadanía, democracia y narcoviolencia, elaborada en 2011 por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (la encuentras en http://bit.ly/1Kl2wEt).
“La encuesta le preguntó a casi 8 mil personas en México cómo viven la violencia. Para ellos ya es un asunto cotidiano y muestra cómo perciben que el narco está metido en la política; de hecho, una buena parte de la gente sí votaría por un candidato asociado al narco si este va a hacer cosas benéficas para la comunidad”, relata Vázquez.
Un 80% de los encuestados reporta que ha sido víctima de la violencia; un 30% afirma sentirse “poco” o “nada seguro” cuando ve al Ejército en las calles, y están los que afirman haber sido testigos o víctimas directas de amenazas, desplazamientos, corrupción o secuestros.
“La encuesta presta especial atención a siete estados: DF, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Nuevo León, así que permite hacer comparativos entre entidades y comparar aquella encuesta con lo que sucede ahora. ¿Qué ha pasado desde entonces?”, se pregunta la investigadora, quien tiene una Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex.
Esta investigación, aprobada por un jurado en Boston, la convirtió en candidata al Doctorado.
¿Qué toca ahora? Darle voz a la comunidad
“Ahora toca profundizar, darle voz al dato, encontrar las voces detrás de esta encuesta, porque mi hipótesis es que la acción colectiva y la acción comunitaria son mucho más complejas que firmar peticiones o ir a marchas”, explica Vázquez, quien este semestre imparte en el ITESO la materia “Problemática internacional”.
Observación participante, entrevistas a profundidad con actores clave, acercamiento con grupos organizados o comparar 2011 con la actualidad es parte del trabajo que tiene por delante la académica.
“A mí me parece que allá afuera hay muchas más experiencias de colaboración y protección generadas por la comunidad de las que creemos. Y aquí volvemos a lo epidemiológico: si la violencia contagia a otros y se reproduce, pues también la acción colectiva de defensa se reproduce”.
Pensar al gobierno, política pública, rol de la academia, de las organizaciones sociales desde una lógica anglosajona, es decir, “el gobierno se mete lo menos posible”. La mayoría de los problemas los asume la sociedad civil a través de organizaciones y el gobierno concursa recursos, las organizaciones presentan sus proyectos, ganan el dinero y los ejecutan durante cuatro o 10 años. Ellos operan, muy descentralizado.
Texto Enrique González Foto Roberto Ornelas
