A propósito de la votación popular que se llevará a cabo el próximo 9 de julio sobre la ciclovía en Marcelino García Barragán, académicos del ITESO señalan que debe ser un ejercicio de deliberación no de búsqueda de mayorías.
POR GUSTAVO ABARCA
La permanencia o no de la ciclovía en el boulevard Marcelino García Barragán será sometida a una “consulta pública”, organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), el 9 de julio próximo, lo que ha despertado el malestar de organizaciones ciudadanas y suscitado dudas en relación con los mecanismos de participación que se utilizarán.
En las últimas semanas se ha escrito y hablado sobre si la ciclovía no es útil, si solamente es utilizada en periodos de clases o que contribuye al aumento de tráfico motorizado.
El otro lado de la moneda son las posturas a favor de la ciclovía como el hecho de que se trata de un derecho y que por esta razón no debe suprimirse, y que abona a la movilidad no motorizada.
Consulta contra votación
Una situación que ha llamado la atención es que lo que se realizará el 9 de julio es que se trata de una votación, más no de una consulta.
“La consulta pública es un instrumento para que los ciudadanos expresen sus opiniones en temas de carácter público. La votación sirve para decidir cosas, la consulta sirve para transformar las preferencias”, explicó Jesús Ibarra, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO.
El académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) enfatiza que el IEPCJ busca “votos sobre esta situación (la permanencia o eliminación de la ciclovía)”, explicó Jesús Ibarra.
De acuerdo con Ibarra, la intención del IEPCJ de organizar la consulta es buena, más no el modo en el que se llevará a cabo.
“La consulta pública es un instrumento que aporta mucho. El Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco tiene varios instrumentos, entre otros la consulta pública. Lamentablemente, el IEPCJ no ha entendido que estos instrumentos no tienen que ver con buscar mayorías, sino con dar opinión”, añade Ibarra en relación con la consulta a llevarse a cabo el próximo 9 de julio, para la cual sólo se contempla una pregunta.
En este sentido, el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz señala que la consulta debe ser un ejercicio deliberativo, en el que participen especialistas, ciclistas y vecinos, ya que más allá de la permanencia, o no, de la ciclovía, el tema de fondo a tratar es la movilidad no motorizada.
Raúl Díaz, académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano destaca que “llama la atención es que en la queja que los grupos ciclistas meten en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) señalan se requiere de mayor análisis. Están tomando un tema complejo y lo reducen a una consulta pública”.
Díaz resalta que “el salario mínimo de la participación ciudadana es la información o la socialización”.
“Llaman socialización a un sistema de promoción de proyectos donde doy poca información, no te doy un mecanismo o posibilidad de réplica, dialogo o discusión, e intento persuadirte de que lo que pretendo implementar es positivo para ti”, afirma Díaz.
En el caso de la información, se proporciona a los vecinos para que hagan un análisis, pero “no hay una manera de entrar en diálogo. La consulta es un nivel de participación que no es bilateral, ya que alguien decide las preguntas y entonces es un proceso de participación ciudadana muy limitado”, añade el académico del DHDU.
“El más significativo de los procesos de participación ciudadana es la colaboración en el que hay canales de diálogo, canales de discusión, no necesariamente de consenso”, destaca Díaz y añade que “la consulta pública que promueve el IEPCJ es una muy limitada porque no recoge una impresión de conjunto de la ciudadanía para que le abone a un proyecto de ciudad”.
Por lo que esta consulta, a decir del académico “contribuye a la fragmentación de una cultura democrática y deslegitimará a un grupo de la sociedad”.
¿Se violan derechos?
Un mecanismo de consulta pública, bien aplicado, sería muy útil para transformar la opinión de los inconformes, comenta Ibarra. Sin embargo, “la decisión (de hacer la ‘consulta’) está tomada y no puede ponerse a consideración de otro instrumento, por ejemplo, de un plebiscito para determinar si se hace o no. Esto no es procedente porque está violentando derechos que están en la Ley de Movilidad”, explica Ibarra.
El académico del DSOJ recuerda que “la Ley de Movilidad marca que los ciclistas tienen derecho a circular por vías seguras y que también deben tener esas vías para ejercer la movilidad no motorizada”.
Por lo tanto “el código electoral dice que está prohibido decidir sobre esos derechos. Lo que sí se podría hacer es una consulta pública para informar sobre los beneficios de la ciclovía, los problemas de contaminación, temas que podrían convencer a más de algún vecino inconforme de que se trata de una buena idea”.
