La política social de la 4T: ¿continuidades o cambios radicales?

Uno de los elementos más característicos en el discurso que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 fue la promesa de cambiar radicalmente el curso del país, a través de reformas, estrategias y transformaciones de fondo que cortaran de tajo con los vicios y males que, acusaba, los gobiernos anteriores habían sostenido por decenios. 

Sin embargo, en lo que a políticas sociales se refiere, esta promesa no se consolidó. Sobre ello versa el más reciente libro de la Red Mexicana de Investigación en Política Social (Remipso), Política social en tiempos de la Cuarta Transformación, que reúne 20 capítulos de la autoría de académicos e investigadores de diversas universidades y centros de investigación.   

En el libro se analizan diversos desafíos del gobierno en materia de pobreza, desigualdad y movilidad social, entre otros ejes temáticos, y cuestiona el papel de la estrategia social del autoproclamado movimiento de la Cuarta Transformación (4T), en contexto de las limitaciones legales, políticas y sociales que se viven en el país. 

Desde el ITESO surgieron dos capítulos, a cargo de académicos del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM) y del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano (DHDU). Los autores, así como colegas de la Universidad de Guadalajara y miembros de la Remipso, se reunieron para hablar de estos textos en el auditorio D1 de la universidad jesuita. 

Empleo digno, pendiente

David Foust Rodríguez y Luis Ignacio Román Morales, académicos del DEAM, escribieron el capítulo “Un balance de las políticas de empleo decente de la Cuarta Transformación”. Al respecto, Enrique Valencia Lomelí, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y fundador de la Red Mexicana de Investigación en Política Social (Remipso), señaló que los autores encuentran deficiencias severas en el sistema actual que impiden hablar de la construcción del empleo digno en el país.  

El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III añadió que los autores acusan una precarización del trabajo en México, con tasas de ocupación críticas reportadas en 2013 y 2019, correspondientes a los primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. Además, que al menos la mitad de las y los trabajadores tienen un empleo de mala calidad o no digno, en ambos casos (50 por ciento en 2013 y 52.12 por ciento en 2019). 

“Estas mediciones pueden aportar notablemente para una evaluación más sólida sobre la situación del empleo y las necesidades de políticas públicas para avanzar en la dignificación del empleo. Si un tercio de los trabajadores en 2023 está laborando en condiciones de precarización laboral, eso nos demanda muchas cuestiones en torno a la necesidad de políticas públicas. Punto de partida, sin duda, para la incorporación de pensamiento crítico en la docencia en las universidades”, afirmó. 

Al respecto, David Foust agregó que a estas condiciones se suma un déficit de la seguridad social, una brecha salarial promedio de 12 por ciento entre hombres y mujeres, y un desdibujamiento alarmante de los derechos colectivos laborales, a pesar de las mejores condiciones legales para ello. 

Política energética en la 4T

En tanto, Rodrigo Flores Elizondo, Francisco Álvarez Partida y Luis Carlos Shaar Velázquez, académicos del DHDU, también colaboran en la obra con el capítulo “Política energética en la 4T: disputa, discontinuidad y consideraciones para una política social”. 

Los autores evidencian la abierta oposición de la política energética de la 4T frente a la reforma energética instrumentada en el sexenio anterior, argumentando que la participación de generadores privados y el uso de fuentes renovables atenta contra la soberanía nacional y la seguridad energética. Esta ruptura deja a hogares y pequeñas empresas sin posibilidad de producir energía de forma autónoma y las ata a pagar precios elevados por el servicio. 

Sin embargo, el hecho de que el sistema eléctrico nacional sea dependiente de una producción energética que no se controla desde el país ha probado su inmensa debilidad. Es en ese contexto que los autores proponen reimplementar el uso de energías renovables como elemento clave para la recuperación económica y, tal vez más importante aún, como medida ante la crisis medioambiental causada por el cambio climático. Para hacer esto posible, sería necesaria una política de Estado transexenal que involucre a todos los actores, para lo cual, consideran, no hay cimientos en la actualidad. 

Aunque la contrarreforma de la 4T no se opone a la participación de la iniciativa privada en la generación de electricidad (el gobierno espera que 46 por ciento corra a cargo de ese sector), no hay una política clara y concreta que la incentive. 

“Nosotros consideramos que podemos desarrollar una política pública para incentivar el desarrollo nacional. Las claves de esta política pública son incrementar el proceso de compra de la CFE para quienes hagan generación distribuida fotovoltaica […], mejorar el precio de compra y disminuir costos de la tecnología [de sistemas solares fotovoltaicos]”, ahondó Luis Carlos Shaar Velázquez. Añadió también que es necesaria la capacitación técnica para la operación y mantenimiento de los equipos, a fin de que hogares en zonas de vulnerabilidad económica, o en su defecto propuestas colectivas, puedan convertirse en pequeños productores de generación distribuida como negocio. 

Comentó el capítulo Jaime Antonio Preciado Coronado, académico de la Universidad de la UdeG y también SNI III, quien aplaudió la alternativa planteada por los autores y su invitación a reflexionar respecto a la necesidad de promover políticas que aboguen por un control democrático de las energías a fin de que la participación ciudadana promueva por sí misma la descentralización y, por tanto, un manejo más democrático de la soberanía energética.

FOTO: Zyan André