El ITESO firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en materia de investigación y docencia.
El reto que comparten ambas universidades, la academia y el mundo del derecho, es convertir a un gremio que por tradición ha sido conservador del statu quo, en un gremio transformador de una realidad injusta a través de la idea de una reforma que incluya a los más excluidos.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y José Morales, SJ, Rector del ITESO
Esta fue la invitación que lanzó en el ITESO Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien vino a la Universidad Jesuita de Guadalajara para firmar con ella un convenio de colaboración en temas de investigación y docencia.
A decir de Enrique Ochoa, jefe del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO (SOJ), con este acuerdo se impulsará la formación de más jóvenes investigadores, cuyo trabajo enriquecerá el sistema jurídico y político del país.
“Queremos ser compañeros de la transformación del derecho mexicano para seguir contribuyendo con nuestras tareas universitarias a proponer soluciones a nuestros sistemas e instituciones jurídicas y políticas y hacerlas cada vez más libres, democráticas y justas”, dijo.
El acuerdo establece las bases de colaboración entre ambas universidades en materia de investigación, docencia y difusión de la cultura jurídica; permitirá organizar de manera conjunta coloquios, seminarios, talleres, coediciones e investigaciones jurídicas, entre otras actividades.
En la firma también estuvo presente el Rector del ITESO, el doctor José Morales, SJ, quien invitó a los involucrados en temas relacionados con el derecho, las ciencias políticas y las relaciones internacionales de la universidad, “a encausar sus esfuerzos de docencia, investigación y vinculación al análisis y construcción de propuestas viables y útiles para el país, la región y nuestro estado, que se sustenten en la dignidad de la persona”.
A pesar de las dificultades que se viven en la actualidad, Morales confió en que los jóvenes podrán construir los cambios sociales necesarios para, en un futuro, tener una sociedad más justa y humana.
“Las cuestiones inherentes a la calidad de la democracia en México nos reclaman esfuerzos importantes para estudiar, reflexionar, mostrar la realidad y, en su caso, proponer nuevos sistemas de configuraciones sociales. Creemos que el derecho sigue siendo, entre otros instrumentos sociales, una herramienta indispensable para establecer y conservar la democracia, la armonía y la paz de la vida en sociedad”, afirmó.
Salazar, quien antes de llegar a la UNAM fue académico del ITESO, señaló que el convenio no solo sienta las bases para la investigación con fines académicos, sino también para contribuir a solucionar los problemas del país. “Estoy convencido de que la universidad tiene una misión social insustituible, una misión que debe estar vinculada con la agenda nacional, con los problemas del país, que debe estar orientada a pensar los problemas del presente, pero sobre todo a aportar soluciones para sortearlos”.
«O el país toma rumbo o se puede desfondar»
“Tomarnos los derechos humanos en serio para salir del atolladero”. Esta fue la ruta estratégica que planteó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante la conferencia “Democracia y constitucionalismo”, que dictó tras la firma del convenio de colaboración.
Ante estudiantes y profesores del ITESO, el académico advirtió que el país está viviendo un periodo crítico e hizo una analogía con el momento en que un médico se encuentra frente a una persona que se debate entre la vida y la muerte. “Yo sí creo que estamos viviendo una de estas situaciones en las cuales que el país o toma un rumbo constructivo o se puede desfondar mucho de lo logrado”.
Señaló que la Constitución de México “no sirve como carta de navegación” por su complejidad y dio como ejemplo que hay entidades en las que aún no entran en vigor las modificaciones hechas en 2008.
“Los legisladores hicieron la salvajada de decir que la reforma de 2008 en materia de justicia penal entraría en vigor en las entidades federativas cuando las legislaturas en cada estado aprobaran la ley secundaria que la reglamentara”.
Además, existen figuras que se aprobaron y que todavía no entran en vigor, como la Fiscalía General de la Investigación y Persecución del Delito, por lo que la consideró como un instrumento normativo difícil de usar para enfrentar los retos actuales.
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“Y lo peor: tenemos una Constitución muy estéril, que no la tomamos en serio. Por eso surte tan poco efecto un discurso [ver arriba] como el del Presidente Enrique Peña Nieto de hace algunos días”, sentenció el académico, quien explicó que cuando el mandatario dice que usará todo el peso de la ley y propone nuevas reformas, la sensación es que eso no servirá, “porque esa ruta para enfrentar los problemas no llega a impactar -al menos no en el corto plazo- en la realidad”. Fotos Luis Ponciano
