En un seminario organizado por el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Desoj) del ITESO, distintos académicos analizan los casos de Brasil, Bolivia y México respecto a las amenazas y conflictos que afectan a los tribunales de justicia en cada territorio 

Partiendo de la premisa de que en una democracia plena y de calidad, el ejercicio de gobierno se regula mediante un sistema de pesos y contrapesos, administrado principalmente por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se llevó a cabo el seminario La Politización del Poder Judicial y el Papel de la Suprema Corte en la Democracia (los casos de Brasil, Bolivia y México), organizado por el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Desoj) del ITESO. 

El Rector Alexander Zatyrka Pacheco, SJ; la directora general académica, Catalina Morfín; y Alberto Olvera Rivera, académico del Desoj, se encargaron de inaugurar el evento, en el cual participaron académicos de Brasil y Bolivia, así como del propio ITESO. 

Zatyrka Pacheco comenzó hablando sobre el escenario mexicano en el cual los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido señalados e increpados desde el Poder Ejecutivo bajo el argumento de que no sirven al bienestar de la población, y se ha establecido la posibilidad de una reforma judicial que pretende elegir a los ministros por voto popular. 

“¿Acaso no tendría más sentido iniciar una reforma y un saneamiento profundo de las instancias responsables de la procuración de justicia en todos los niveles del gobierno, tales como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y los poderes judiciales locales y el federal? ¿No sería más urgente optar por un modelo de seguridad que fortalezca a las policías locales y a la Guardia Nacional como auténticos garantes del Estado de Derecho?”, cuestionó Zatyrka. 

La académica del Desoj, Azul Aguiar Aguilar, dio los comentarios finales y habló de las implicaciones de la reforma judicial en México a raíz de las experiencias en Brasil y Bolivia –las cuales fueron expuestas durante el seminario–, destacó que es vital discutir el tema pues los jueces toman decisiones que afectan el funcionamiento del proceso democrático y los derechos individuales. 

“El Poder judicial hoy no es el que hemos entendido como apolítico y lejano, sino como un poder presente y cada vez más activo en la política nacional, es el mismo poder que permite que se preserven los cimientos de la democracia y que se marginen a actores autocráticos. Hay que defender la independencia del poder judicial y su poder de revisión constitucional porque son estos dos elementos los que nos permiten sostener una democracia que va más allá de lo electoral”, opinó. 

Aguiar Aguilar consideró necesario el establecimiento de un consejo especializado con representatividad de todos los poderes y de sectores especializados de la sociedad, que permita tener nombramientos de jueces con un mayor nivel de profesionalización y dentro del marco de una carrera judicial: “claro que se tiene que cambiar el Poder Judicial, pero queremos que sea un poder que sirva a la democracia y a los derechos, no un poder subordinado”. 

Brasil, el caso Lava Jato y Bolsonaro 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil fue uno de los actores clave en el proceso desestabilizador de la democracia brasileña, que terminó llevando a la victoria al proto-populista Jair Bolsonaro en 2018, pero una vez ocurrido esto, trabajó activamente para evitar el colapso total del régimen. 

Tal es la tesis que sostiene, Marjorie Correa Marona, académica de la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, quien consideró que este gobierno autócrata provocó una crisis política que no se ha disipado hasta ahora. En dicha gestión, la Suprema Corte brasileña se empeñó en garantizar la integridad en el proceso electoral que devolvió a Brasil a la senda democrática. 

Perteneciente a la extrema derecha brasileña, Bolsonaro llegó al poder a consecuencia de la Operación Lava Jato, una investigación por corrupción iniciada en 2014 por la Policía Federal de Brasil sobre lavado de dinero por más de 2 mil 600 millones de dólares en la que se vio inmersa una serie de políticos de alto rango y que culminó con la condena del ex presidente Luiz Ignacio Lula da Silva y su inhabilitación para competir por la presidencia –condenas que fueron anuladas y que le permitieron ser presidente de nueva cuenta en 2022–. 

“El diseño constitucional resultante de la redemocratización brasileña favoreció un protagonismo judicial y los desarrollos posteriores en la constitución, impulsados por la propia corte constitucional, profundizaron aún más el desequilibrio entre los poderes de la República, permitiendo que la élite judicial interviniera de forma acosadora en disputas políticas fundamentales”, explicó. 

Correa Marona consideró que, para revertir un proceso de autocratización, los mecanismos de rendición de cuentas deben estar presentes, pues es bajo el marco constitucional que se establece la competencia política y los tribunales tienen a su disposición el control judicial, que es el mecanismo para sostener la estabilidad del régimen, resolviendo los conflictos intra-élites, incluso entre adversarios políticos, y la adecuación de sus prácticas a las reglas del juego democrático. 

Bolivia y la elección de magistrados por voto popular 

Para el politólogo Fernando Mayorga Ugarte, académico de la Universidad Mayor de San Andrés de Cochabamba, quien ha sido analista de la experiencia política boliviana, el caso de su país llama la atención porque contiene lo atípico y lo inédito. 

Bolivia es el único país en el mundo en el que los magistrados del Poder Judicial son elegidos por voto directo de los ciudadanos, lo que ocurre desde el año 2011, fruto de una transformación profunda de la constitución política. Sin embargo, esta situación tiene sumida a esta nación en una crisis de gobernabilidad y un conflicto entre poderes del estado: “es una politización del poder judicial, que ha provocado, a su vez, una judicialización de la política, la cual tiene otras consecuencias negativas para la estabilidad de la democracia”. 

La decisión de designar a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia por la vía popular se tomó a fin de establecer una relación armónica entre legitimidad y eficiencia, ante una instancia que estaba muy cuestionada en su desempeño y que funcionaba bajo la lógica de pactos partidistas. Fue producto de la promulgación de la Constitución Política de 2009, durante el primer periodo presidencial del líder y fundador del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. 

Con la reforma, los partidos no presentan candidatos y no pueden hacer campaña, solo hay información de ellos por parte del órgano electoral, y los candidatos pasan por una preselección hecha con dos tercios del órgano legislativo y en base a méritos y trayectoria. 

“Pero resulta que el MAS tenía dos tercios de votos, y por lo tanto se introdujo un factor de preselección digitada, lo que trajo consecuencias negativas. Se llamó a elección de magistrados en 2011 y en 2017. En ambos casos los votos válidos fuero similares a los votos nulos y blancos (50 por ciento). Hoy día estamos en el proceso de selección para la tercera elección de magistrados, con similares problemas y bajo un signo de incertidumbre”, explicó. 

Estos magistrados son los mismos que han aprobado decisiones polémicas como la sentencia de reelección indefinida que avaló la posibilidad de que Evo Morales pueda ser candidato a la presidencia por tercera vez consecutiva –pese a que hace un año y medio se realizó un referéndum propuesto por MAS, en el que la mayoría voto por el no–; o la suspensión de la nueva convocatoria a elecciones judiciales en 2023, ante el conflicto político entre el actual presidente Luis Arce y el propio Morales (ambos surgidos del MAS) para decidir el candidato presencial de 2025, lo que ha hecho que los magistrados emitieran una auto prórroga de su gestión a fin de favorecer judicialmente la estrategia del actual mandatario. 

“Lo que estamos viviendo es fruto de la politización del tribunal constitucional, y una judicialización de la política. El proceso ya no depende de los actores políticos, sino de un actor externo que va jugando en función de sus propios intereses”, consideró Mayorga. 

México y la reforma judicial 

En los últimos años hemos presenciado una confrontación sin precedente entre la Presidencia de la República y algunos sectores del Poder Judicial, refiere Jesús Ibarra Cárdenas, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, esto a pesar de que desde hace 30 años se impuso un control de constitucionalidad, que ahora es amenazado por el populismo. 

“El populismo aquí es entendido en términos del ejercicio del poder gubernamental, en el que los líderes utilizan la ley y las instituciones para impulsar agendas de facción, un uso del poder patrimonialista, y en donde se busca silenciar, capturar voces críticas e instituciones que funcionan como contrapesos”, dijo Ibarra Cárdenas. 

Luego de que el PRI perdió la mayoría legislativa a inicios del sexenio de Ernesto Zedillo en 1994, se realizó una reforma que creó un Poder Judicial distinto. Con ella, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adquirió la facultad de resolver controversias constitucionales, resolver los conflictos entre poderes y garantizar la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, esta corte “independiente”, en realidad estaba compuesta sólo por cercanos a las preferencias del Presidente, pues el proceso de renovación de jueces no iniciaría sino hasta 2003. 

Años después, la SCJN sancionó asuntos como la Ley Televisa, la nulidad de las elecciones en Tabasco y Yucatán, y sentencias relevantes en derechos humanos, amparo y grupos minoritarios, sin embargo, el conflicto político se continuaba dirimiendo en el Congreso con fuerzas más paritarias.  No obstante, desde que, en 2018, Morena ganó la mayoría absoluta en las cámaras, es posible para ellos gobernar sin negociar con nadie, mientras que los actores que antes tenían un espacio de negociación en el Poder Legislativo, ahora tienen que judicializar muchos de los temas que no pueden resolver en los espacios antes mencionados. Lo anterior ha trasladado el ring político al Poder Judicial, por lo que desde el Poder Ejecutivo se plantea una reforma que permita la captura de la justicia al servicio del proyecto presidencial.  

La reforma judicial propuesta por el Ejecutivo establece un modelo de nombramiento por voto popular de jueces, magistrados y ministros, así como reducir de 11 a 9 el número de ministros de la SCJN, restringir la suspensión en acciones de inconstitucionalidad y amparo, y pide 8 votos para declarar inconstitucional una ley. 

“Estamos ante el riesgo de una renovación autoritaria, de la desarticulación del estado de derecho, entendiendo el derecho que sirve para limitar la arbitrariedad. Estaríamos ante un despotismo renovado, porque se limita la pluralidad. La elección popular de jueces los volvería representantes de intereses. Pero, cabe decir que el liderazgo carismático (del actual presidente) no es transferible, por lo que no habrá el mismo impulso cuando termine el sexenio y no veo condiciones para renovar la mayoría absoluta en el congreso, que es la que generó esto”, sostuvo. 

FOTO: Zyan André