Aún con los obstáculos para acceder a la información resguardada por corporaciones militares, integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico del Gobierno de México reflexionaron en el ITESO sobre el potencial de la investigación interdisciplinaria y con las familias para construir un horizonte de justicia
En la deseada y discutida construcción de paz para nuestro país, el camino comienza por reconocer que, entre 1965 y 1990, durante la llamada Guerra Sucia, el Estado mexicano desarrolló mecanismos y estrategias para torturar, desaparecer, asesinar y cometer otras violaciones a los derechos humanos contra quienes se opusieron a su autoridad. Y para ese reconocimiento sea significativo hace falta saber lo que pasó con las personas a quienes desaparecieron, cómo funcionaba el aparato represivo y quiénes fueron los perpetradores que deben rendir cuentas.
Esa fue la asignación que tuvo el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), creado por el Gobierno de México, entre 2021 y 2024. El 5 de febrero un grupo de las y los historiadores, sociólogos y académicos que integraron dicho organismo se reunieron en el ITESO para compartir reflexiones sobre los logros y obstáculos a los que se enfrentaron en esa tarea de explicar lo sucedido.
El Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ”, la Maestría en Derechos Humanos y Paz y la Maestría en Política y Analítica Públicas del ITESO fueron quienes convocaron a la actividad, durante la cual resaltó la importancia de los archivos documentales como dispositivos de poder. La construcción y revisión que el MEH hizo de este tipo de acervos fue fundamental, pero solo representó el primer paso rumbo a un horizonte de justicia.
“Al contrario de lo que se piensa, el informe (que entregó el MEH) no es algo terminado, es algo que abrió casos para seguir trabajando”, dijo Daniela Morales Muñoz, historiadora e investigadora independiente para el Mecanismo. Y José Luis Soto, sociólogo que integró el equipo técnico de la Comisión de la Verdad, agregó: «Los procesos de esclarecimiento histórico concluyen cuándo los casos llegan a la justicia, cuándo hay reparación del daño. En este caso, las carpetas de investigación siguen abiertas, no hubo un solo proceso judicial que se consignara, las víctimas no fueron reparadas”.
El secreto de la violencia premeditada
El obstáculo principal al que el Mecanismo para la Verdad se enfrentó fue el hermetismo de las organizaciones de seguridad del Estado, como la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aunque estás agencias tenían ordenes de dar acceso a la información de su acervo, se negaron a hacerlo, a veces de manera directa y a veces a través de limitantes técnicas.
“Las instituciones tienen tal capacidad y tal control sobre esa información que pueden negar el acceso”, reflexionó José Luis Soto Espinosa. “Parece que dentro del Estado hay un límite de hasta dónde puedes encontrar información”, dijo en respuesta Donnovan Romero Ángeles, historiador e integrante del MEH.
Las y los panelistas también reflexionaron sobre la sistematización de la violencia, que, aunque se ejercía de manera clandestina, también era premeditada. Ejemplo de ello es la formación de los grupos paramilitares que se esparcieron por Jalisco, Guerrero, Nuevo León y la Ciudad de México, bajo el mando de los mismos agentes militares con el fin de reprimir las insurgencias. O los llamados “vuelos de la muerte”, que confirman la existencia de “operativos que fueron creados para el aniquilamiento”, dijo María Soledad Lastra, socióloga e historiadora que también investigó para el Mecanismo.
El valor de la investigación histórica y las buenas prácticas
Cristina Gómez-Johnson, historiadora y moderadora durante el panel en el ITESO, invitó a reflexionar sobre la cercanía de las redes de violencia investigadas por el MEH con el presente. ¿Por qué vale investigar el pasado y mirar lo que está pasando hoy con una perspectiva histórica?, propuso la investigadora de la IBERO CDMX.
El motivo más claro, de acuerdo con quienes participaron en el Mecanismo para la Verdad, es la ausencia de las personas a las que se llevaron, pues varias de sus familias aún buscan respuestas de lo sucedido luego de su desaparición.
También pesa el reconocimiento de aquello de lo que las y los sobrevivientes fueron testigos, y que mucho tiempo se negó debido a la clandestinidad. “A muchas personas les decían que estaban locas. ¿Cómo va a haber un sótano con una cárcel clandestina en el Campo Militar 1? Una casa de seguridad en Lomas de Chapultepec, ¿cómo se te ocurre?”, comentó José Luis Soto Espinosa.
Pero aquello en lo que los panelistas más insistieron fue en la impunidad garantizada e intergeneracional, que ha permitido que las violaciones de derechos humanos continúen hasta la actualidad.
Ante los cuestionamientos del público sobre el hermetismo de los militares con sus archivos, las cuatro personas invitadas no dudaron en concluir que la información es una herramienta de negociación en el presente. “Si los militares de ahorita permiten que caigan los militares de hace 30 años, ellos también van a caer en 10 o en 20 años. Garantizar la impunidad de la generación de militares que salen, les permite a ellos garantizarse su propia impunidad”, compartió Soto Espinosa como hipótesis.
Para finalizar la discusión, las y los invitados destacaron las buenas prácticas recuperadas durante el trabajo del MEH. Destacaron, sobre todo, el trabajo cercano con las personas sobrevivientes, las familias y sus propios archivos. A través de esas colaboraciones generaron cartografías participativas sobre sitios clandestinos de detención y tuvieron material para refutar las versiones oficiales con las que los militares y policías justificaron su actuar en ocasiones.
La mediación y la interdisciplinariedad son otro par de elementos clave para que el trabajo de investigación tenga un mayor impacto, pues la capacidad de traducir la historia al lenguaje jurídico hace posible la apertura de una carpeta de investigación, por poner un ejemplo. Una buena experiencia, subrayada durante el panel, es la recuperación de las antiguas instalaciones de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal como el sitio de memoria Tlaxcoaque, pues ese lugar fungió como cárcel clandestina en la que se cometió tortura y otras violaciones a los derechos humanos.
El trabajo que no se debe al Estado, a través de la investigación y el acompañamiento independiente, fue el último punto que señalaron entre las buenas prácticas. En esa línea Cristina Gómez-Johnson hizo un llamado a todas las personas asistentes, a participar al menos con la denuncia de la reconstrucción de la verdad. “pensemos en las responsabilidades que tenemos como sociedad civil, no solamente esperemos que lo resuelva el gobierno, porque la calle es nuestra”, concluyó.
FOTO: Zyan André
