Jesuitas en Nicaragua: hacer lo que puedan por la gente

Nicaragua vive días aciagos. Días que ya son meses que ya son años. La dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perseguido, encarcelado, exiliado e incluso retirado la ciudadanía a cualquier persona que alce la voz contra el régimen, y hace unos días dio un duro golpe a una de las instituciones que no habían dejado de alzar la voz contra las tropelías del Estado: el gobierno nicaragüense se apropió de la Universidad Centroamericana (UCA), casa de estudios confiada a la Compañía de Jesús, se adueñó de sus propiedades y además canceló una de las personalidades jurídicas de la orden religiosa en aquel país. Y no obstante las dificultades y la persecución, para los jesuitas la consigna es clara: servir al país y hacer lo que puedan por la gente.

El 1 de septiembre pasado tuvo lugar la mesa de análisis «Nicaragua hoy: ¿desafío continental?», realizada en línea y organizada por la Conferencia de Provinciales de Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL), su Red de Centros Sociales y la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal). En ella participaron Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) Francisco Suárez, SJ, del ITESO, y José María Tojeira, SJ, vocero de la Compañía de Jesús en Centroamérica. Antes de sus participaciones, Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de la Ausjal, dirigió unas palabras en las que calificó lo ocurrido en Nicaragua como «un injusto atropello de derechos» y dijo que era importante generar un diálogo «con la sociedad de Centroamérica y el mundo para buscar apoyos que resuelvan la situación». Mencionó también que desde la Ausjal están al pendiente de lo que requiera la provincia jesuita de la región para que sean sus integrantes quienes «indiquen por dónde puede darse el apoyo a esta causa».

Alejandra Nuño comenzó el análisis de la situación con una presentación titulada «Nicaragua: antecedentes de la crisis actual», en la que hizo un repaso histórico para ir desentrañando la manera en que la pareja Ortega-Murillo fue disponiendo reformas y tejiendo alianzas para perpetuarse en el poder, acciones que incluyeron la cancelación de personalidad jurídica de partidos políticos adversarios, la renovación de nombramientos de manera ilegal y la reforma para permitir la reelección presidencial indefinida. «A partir de 2018, las instituciones de seguridad comienzan a jugar un papel importante en la represión, lo que trajo el rechazo de instancias internacionales y el cierre de embajadas», enlistó la directora del CUDJ, para después afirmar que «hubo todas las alertas y no fueron atendidas adecuadamente».

Al tomar la palabra, José María Tojeira dijo que lo que se ha vivido en Nicaragua ha sido un intento por silenciar a cualquier grupo contrario a la pareja Ortega-Murillo, en lo que describió como «un sistema de control que se ha ido perfeccionando más que el que hubo en El Salvador en tiempos de la guerra civil. En El Salvador la sociedad civil se podía expresar, podía denunciar las violaciones a los derechos humanos, en Nicaragua parece imposible».

El jesuita recordó que en 2018 la UCA abrió sus puertas para recibir a las personas que huían de una protesta que estaba siendo reprimida, hecho que fue condenado por el gobierno nicaragüense acusando a la universidad de proteger terroristas. «Hay un deseo de tener a toda la gente atemorizada y en vilo. Es una dictadura que controla papeles, personas, redes, hay incluso una ley para condenar a quien critique al gobierno en redes sociales», dijo Tojeira.

El vocero de la Compañía de Jesús para Centroamérica expresó que, contrario a lo que pueda parecer, lo cierto es que la dictadura Ortega-Murillo avanza a su final. La pareja, dijo, está alcanzando un «poder tan absoluto que tiene las semillas de su degeneración, caída y destrucción. Ya hay grietas de desencanto entre quienes les han apoyado y en un momento equis, no es posible prever cuándo, se va a quebrar».

Mientras esto ocurre, continuó, los jesuitas que viven en Nicaragua han reiterado su disponibilidad para permanecer en el país y seguir trabajando en lo que se pueda. Destacó la postura de los religiosos de mayor edad, quienes «han insistido en quedarse y hacer lo que puedan por la gente».

Al hablar de la manera en la que se puede apoyar a la UCA, José María Tojeira dijo que la prioridad es ayudar a los profesores y estudiantes que quieren salir. En ese sentido, la UCA Simeón Cañas de El Salvador y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala han fungido como primeras respondientes, y se sigue trabajando con Ausjal para buscar soluciones. Una dificultad, dijo, es que el gobierno está haciendo lo posible por retener al estudiantado inscrito en la UCA nicaragüense.

Para cerrar las participaciones y el diálogo con la audiencia, Nuño denunció el que calificó como «silencio cómplice» de otros países que están «más preocupados por esconder sus propias violaciones de derechos humanos» y dijo que los sistemas de protección internacional se han quedado cortos ante la crisis nicaragüense.

Por su parte, Tojeira dijo que la pareja Murillo-Ortega se ha mantenido gracias a la protección del ejército y la empresa privada, y mencionó que es necesario «buscar formas pacíficas de salida».