Borrar el discurso xenófobo de Trump es una de las prioridades de la administración Biden-Harris en materia migratoria. Académicos y especialistas dialogaron sobre el panorama para México los países centroamericanos con el nuevo gobierno estadounidense.
Recién superados los primeros 50 días de Joseph Biden como presidente de Estados Unidos, el cambio en la política migratoria comienza a ser perceptible. Se trata, al menos hasta ahora, de un cambio más presente en la retórica que en los hechos, pero se espera que el discurso permee en las acciones en corto tiempo.
Así lo afirmaron Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi); Helena Olea, directora asociada de Programas para Alianza Américas; y Marissa Montes, directora de la Clínica Jurídica de Inmigración de la Universidad Loyola Marymount, de Los Ángeles, California, durante el conversatorio “(Re) Construyendo puentes: Perspectivas de la política migratoria con la administración Biden-Harris”, moderado por Sofía de la Peña, académica de COINCIDE.
El foro, organizado por el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Coordinación de Programas de Incidencia Social (COINCIDE) y el Proyecto de Investigación “Movilidad Humana por la región Centro-Norte del Occidente de México” del ITESO, fue la segunda parte de una conversación iniciada en noviembre pasado, previo a las elecciones que definieron la llegada de Joe Biden y Kamala Harris a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos, respectivamente.
Ya entonces las ponentes preveían que Biden buscaría retornar a las estrategias utilizadas por Obama durante su mandato; ahora constatan que de a poco se está trabajando para desdibujar lo hecho por Trump durante los cuatro años de su administración.
“Lo que tenemos hasta ahora son una serie de acciones ejecutivas (…) y declaraciones políticas con un efecto simbólico importante para romper con el discurso de la administración anterior”, señaló Helena Olea. Resaltó que los únicos cambios importantes hasta el momento iniciados son las medidas para desmantelar los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), mejor conocidos como el programa “Quédate en México”, y el ingreso a niños no acompañados.
“En general la frontera está cerrada; se mantiene la política establecida por la administración de Trump en la cual las personas que ingresan son inmediatamente rechazadas y devueltas a México. Tampoco los consulados están otorgando visas. Lo que tenemos es un flujo en tránsito atorado, muchas expectativas a partir del discurso y pocas medidas concretas”, dijo la académica.
Olea añadió que hasta el momento hay tranquilidad en que se proteja a quienes viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, también por sus siglas en inglés), estos últimos mejor conocidos como dreamers.
Marissa Montes agregó que la reforma migratoria que propone Biden prevé que estos sectores puedan aspirar directo a la ciudadanía. En su iniciativa, el presidente plantea un tipo de amnistía a fin de que los migrantes sean elegibles para la residencia temporal y permanente, previo a la obtención de la ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, la abogada advirtió que el proceso para adoptar estas reformas también depende de la rama legislativa, por lo que puede tomar años.
Por otro lado, resaltó que si bien el presidente declaró un paro en las deportaciones durante los primeros 100 días de su gobierno ─a fin de evaluar las prioridades de deportación─ “la orden no está vigente porque Texas puso una demanda contra la administración de Biden para esta acción ejecutiva”.
A decir de Helena Olea, esto evidencia una fractura importante en la sociedad estadounidense. “Buena parte de la política de integración e inclusión no se da de manera federal, sino termina dependiendo de las autoridades estatales e incluso locales”, dijo.
Borrando el discurso xenófobo
Donald Trump lideró al país bajo un “discurso xenófobo y supremacista blanco particularmente intenso”, que la administración Biden-Harris está trabajando para erradicar a base de acciones ejecutivas.
El último año de la administración del republicano coincidió con la llegada de la pandemia por covid-19, lo cual fue aprovechado por los simpatizantes de Trump para argumentar que eran los migrantes quienes traían consigo el virus.
Caso contrario es el estado de California y en particular la ciudad de Los Ángeles, que desde siempre “ha respaldado mucho a la comunidad migrante, aún en tiempos de Trump y durante la pandemia”, compartió Marissa Montes.
Un ejemplo es la asistencia económica que se otorgó a la población indocumentada de California en el contexto de la pandemia, negada por la administración de Trump pero auspiciada por el gobierno estatal y local, sin importar el estatus migratorio de las personas. Las vacunas, exámenes de diagnóstico y asistencia médica por covid-19 también está siendo totalmente cubierto por el estado, compartió Montes.
Lo que viven los migrantes
Gretchen Kuhner, directora del Imumi, con base en la Ciudad de México, comentó que desde la población migrante hay una percepción de mucha esperanza ante la llegada de Biden y Harris, pero también de mucha ambigüedad.
Señaló que los Protocolos de Protección de Migrantes “han sido la peor cosa que podría pasar a las personas solicitantes de asilo. De las 70 mil personas que Estados Unidos regresó a México, alrededor de 27 mil tienen casos todavía abiertos. Y en lista de espera hay más de 15 mil personas”.
El Imumi, junto con otras organizaciones civiles de Estados Unidos, están presionando para abrir una segunda etapa “que permitiría a personas con casos cerrados tener otra oportunidad (para buscar el asilo)”, en tanto que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) trabaja en una plataforma para registrar a las 27 mil personas con casos abiertos, si bien ha sido un proceso no falto de obstáculos.
¿Qué se viene?
Jaime Rivas Castillo, director del Observatorio de Juventud y Familia de la Universidad Don Bosco en El Salvador, señaló que desde Centroamérica hay una expectativa muy alta de lo que haga la administración Biden-Harris en materia migratoria. Explicó que otro factor a considerar es la postura que los gobiernos de estos países vayan a tomar ante el nuevo gobierno estadounidense.
A su parecer, el hecho de haber perdido la presidencia no impidió a Donald Trump “lograr su objetivo central, que era atrapar aún más a nuestra gente en nuestros países”.
Desde el contexto mexicano, Gretchen Kuhner celebra el fin de la era Trump pero con reservas: llegó Biden pero aún no se va López Obrador. Recordó que el gobierno mexicano se mostró muy colaborativo y a modo a las medidas migratorias impuestas por el país vecino, poniendo a la Guardia Nacional a ejecutar estrategias de contención en las fronteras. Que por cierto, la política migratoria en México sigue siendo la contención, según ha anunciado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Esto preocupa mucho porque no sabemos cuál ha sido la conversación entre Biden y el presidente López Obrador. Lo que sí han dicho es que no van a dejar cruzar caravanas”, señaló, en tanto que dijo que toca a México trabajar en las reformas a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para la armonización con toda la estructura de protección de niños en el país, incluyendo la no detención de niños y niñas.
Gretchen Kuhner afirmó que México juega un papel muy importante en las negociaciones y el apoyo a Centroamérica, tomando en cuenta que cada vez hay más solicitantes de asilo para entrar al país. “Hace falta el fortalecimiento de la estructura de asilo en México; no podemos atender 110 mil solicitudes de asilo pendientes con un presupuesto de dos millones de dólares al año”.
Coincidió Marissa Montes, argumentando además que urge que México adopte una política de integración de la comunidad migrante, toda vez que está en camino de convertirse cada vez más en un país de destino final.
Y para quienes siguen y seguirán cruzando el país únicamente como vía para llegar a Estados Unidos, “pasar por México no debiese significar un riesgo altísimo para la seguridad y la integridad de las personas. (Pasar por México) no debiesen ser años de sufrimiento”, concluyó Helena Olea.
