Cuatro académicos del ITESO ofrecen para CRUCE sus perspectivas para el próximo sexenio; concuerdan en que la reducción de la violencia, la inseguridad y la desigualdad en los ingresos son bases fundamentales para que el proyecto de nación del presidente electo tenga éxito.

Economía

 Prioridad, combate a la desigualdad

Durante los próximos seis años, Andrés Manuel López Obrador tendrá que hacer frente al problema social más grave de México: la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, considera Luis Ignacio Román, profesor e investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO.

Para ello, el nuevo gobierno deberá implementar una política gradual de crecimiento de los salarios en beneficio de los trabajadores con menores ingresos, así como políticas que incentiven al pequeño y mediano empresario, aumentar la inversión en zonas depauperadas, y lograr que los grandes corporativos paguen sus impuestos.

“Con los niveles de desigualdad que hay en este país, no basta con hacer algunos programas sociales en favor de los pobres o una política de corto plazo a nivel salarial. El problema es muchísimo más grave y requiere una estrategia de largo plazo”, explicó el académico.

López Obrador también deberá atender otros retos económicos como la falta de políticas en el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad ecológica, la concentración del mercado en pocas empresas, el despoblamiento de las zonas rurales junto con el hacinamiento en las grandes metrópolis, y la debilidad de la micro y pequeña empresa (Mipyme).

Sin embargo, decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco o la propuesta de quitar las comisiones bancarias del senador de Morena Ricardo Monreal, ha provocado turbulencias en los mercados y desconfianza en los inversionistas, lo cual puede afectar las intenciones de AMLO de generar mayor bienestar económico.

“El aeropuerto es un antes y un después, es una destrucción de la confianza en el futuro gobierno, un golpe que jamás podrá resarcirse, aunque AMLO echara para atrás la decisión (que no va a ser el caso) ha perdido la credibilidad de inversionistas nacionales y extranjeros”, comenta Sergio Negrete, profesor de la Escuela de Negocios del ITESO.

El presidente electo anunció, entre sus propuestas de campaña, la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que pretende pagar una beca de 3 mil 600 pesos mensuales a 2.3 millones de jóvenes para que trabajen como becarios o aprendices dentro de las empresas.

“Hay que ser muy cautos con la aplicación del programa, porque si se ofrece que el Estado pague una parte de la nómina de manera temporal, se corre el riesgo de que las empresas puedan despedir a los trabajadores de mayor edad, generando empobrecimiento en sus familias”, explica Luis Ignacio Román.

Respecto al anuncio de nuevas inversiones como el Tren Maya, el profesor considera que deberán ser estables y no volátiles para que tengan una verdadera aportación a la economía nacional.

“Prefiero una inversión que no sea de montos gigantescos pero que genere efectos de encadenamiento productivo -creo que con el plural inicial es suficientehacia la pequeña y mediana empresa, sea consistente con la defensa del medio ambiente, y genere empleos dignos”, señala Ignacio Román. “También será fundamental que inversiones como las del Istmo de Tehuantepec no sean solo de industrialización, con una lógica maquiladora, eso generaría un colapso cultural y ecológico en el sur del país”.

Aunque AMLO prometió un crecimiento anual del 4%, Sergio Negrete consideró que ese objetivo no se va a cumplir “Todas las previsiones van hacia 1.5% o 2%, de allí en adelante depende de cómo esté la economía global y especialmente Estados Unidos. Además, las medidas del gobierno no incentivan el crecimiento ni el bienestar”, puntualizó.

Derechos Humanos

Hacia una seguridad ciudadana y no militar

En materia de Derechos Humanos, el problema más grave para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será hacer frente a la inseguridad pública y la violencia que actualmente azota el país, considera David Velasco Yáñez, SJ, profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

“El derecho a la vida es un derecho que el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar y proteger (…) Un ejemplo son las desapariciones forzadas y las casi dos mil fosas clandestinas”, afirmó.

Una posible solución sería apostar por la seguridad ciudadana, ejemplificada en casos como las policías comunitarias de Guerrero. “No es la seguridad del estado, la nacional o la interior, sino ese tipo de seguridad que entre ciudadanos y para ciudadanos nos podemos garantizar el cuidado de unos con otros, no por instaurar la justicia por propia mano, sino para poner en el centro de la seguridad a las personas, especialmente a los grupos más vulnerables (niños, mujeres e indígenas)”.

La actual crisis humanitaria que vive México no tiene precedentes, y afecta de manera particular a los defensores de Derechos Humanos. “Uno de los rasgos más críticos de esta grave situación, es la desaparición y ejecución extrajudicial de defensores y defensoras, que ha provocado que en diez años, existan hasta 30 informes de organizaciones civiles nacionales e internacionales que denuncian la situación”, afirma David Velasco Yáñez, SJ.

Con políticas como una Ley de Amnistía o perdón para el crimen, o la creación de una Guardia Nacional conformada por miembros del Ejército y la Marina, el presidente electo no está mandando las mejores señales hacia una política de respeto a los Derechos Humanos, ni tampoco parece poner atención a las recomendaciones en la materia por parte de organismos especializados como Amnistía Internacional o la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El perdón viene mucho después de que se ejerce el derecho a la justicia y la verdad. Una vez que se ejerce la justicia, se castigue a los responsables de graves violaciones a Derechos Humanos, y se conozca lo que realmente ocurrió, puede venir el perdón, antes no”, explica David Velasco, SJ.

“Además, se siguen sin escuchar las voces y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado conocimiento experto en aspectos como desapariciones, feminicidios o tortura”, prosigue el especialista. “Esa es una condición sin la cual no habrá una cuarta transformación o cualquier otra ilusión que se proponga el nuevo gobierno”.

El jesuita considera que el nuevo gobierno no debe sostener un discurso que atenúe la situación “grave, crítica y conflictiva” de Derechos Humanos que vive el país y que afecta principalmente a los que menos tienen. Además, afirmó que AMLO se equivoca al plantear un Sistema Nacional Anticorrupción encabezado por un fiscal a modo.

“Si no es independiente, allí ya empezó la corrupción. El sistema corrupto que afecta a todos los mexicanos está corrompido desde el mismo momento que se propone un sistema que suaviza las situaciones y no va al fondo de los problemas”.

Política

Resultados en pobreza, seguridad y corrupción, claves para mantener popularidad

Aunque Andrés Manuel López Obrador llega con la mayor legitimidad política de los últimos 30 años gracias a los casi 30 millones de votos obtenidos en la elección del 1 de julio, corre riesgo de perder el apoyo popular si no da resultados en tres temas estratégicos: reducción de la pobreza, combate a la corrupción, y mayor seguridad.

Así lo considera Jorge Rocha, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, quien observa tres grandes retos políticos del nuevo gobierno: su relación con la oposición, con la clase empresarial y la sociedad civil.

Respecto a la relación que tendrá AMLO con los grupos opositores a su proyecto de nación, se puede correr el riesgo de que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) intente aprovechar sus mayorías en los congresos federales y algunos estatales para gobernar sin el auxilio de los partidos opositores.

“Con las mayorías que logró construir, Morena puede aprobar casi cualquier cosa, excepto cambios constitucionales, y puede caer en la tentación de irse de filo sin reconocer los planteamientos de otras fuerzas políticas. Aunque Morena generó una gran mayoría, hay otros sectores de población que tienen maneras diversas de ver las cosas, otros planteamientos y esas visiones tienen que ser reconocidas”, asevera Rocha.

En cuanto a la relación que el presidente electo tendrá con los empresarios, el académico considera que será un error mantener una lógica de enfrentamiento e imposición, lo que ya ha provocado tensiones en temas como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Sin embargo, Rocha ve necesaria la separación entre el poder político y económico que ha pregonado López Obrador.

“Muchas de las políticas de México eran dictadas o pactadas con el gran poder económico, es decir, el grupo de 20 súperempresarios que hay en el país. La separación es completamente sana para cualquier país”. La visión empresarial está centrada en acrecentar las ganancias propias, lo que contraviene los intereses de la mayoría, expresa.

López Obrador también deberá dar voz a los organismos de la sociedad civil mexicana y tomar en cuenta sus diversos planteamientos en varios temas. “De acuerdo a las señales lanzadas, se observa poca tolerancia hacia la crítica, es importante establecer relaciones más constructivas”.

Ante el uso de las consultas ciudadanas como herramienta para gobernar, Jorge Rocha cree que es necesario adoptar estos modelos de democracia participativa en México, sin embargo, su organización y puesta en escena han dejado mucho que desear, por lo que López Obrador debería cambiar la legislación en México para adoptarlas de manera legal.

“Yo sí creo que en este país debemos de consultar muchas cosas, tenemos una democracia cerrada y precaria, entre los grandes problemas en este país, no se les pregunta a los grupos sociales sobre las decisiones que toma el Estado respecto a los grandes problemas de este país”, afirma Rocha.