A 30 años de la fundación de la carrera de Derecho en el ITESO, aquí mostramos una revisión histórica de los logros y fracasos en materia de derechos humanos en México.
Un día después del terremoto de 1985, se encontraron cuerpos salvajemente torturados en las ruinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Nueva Sala de juicios orales del ITESO
En 1986 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, un avance en materia de derechos humanos, pero también una medida para detener un escándalo. Ese mismo año nació la carrera de Derecho en el ITESO.
Treinta años después, el tema de la tortura, la impunidad y la opacidad en los procesos legales sigue vigente con nombres propios: Ayotzinapa, Tlatlaya y otros casos en los que se dejan los derechos humanos como una cuenta pendiente en el sistema legislativo y judicial de México.
Basado en las Orientaciones Fundamentales del ITESO, la universidad y la Compañía de Jesús han tenido interés en la promoción de la justicia, a través de la fundación en 1993 del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz y la orientación del plan de estudios de Derecho.
“El derecho ha vivido una transformación importante hacia la teoría de principios y valores que ponen en el centro a la persona”, menciona Ana Sofía Torres, profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y coordinadora del área docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
La carrera ha incorporado estos temas desde sus inicios, y nunca como ahora se palpa la necesidad de acercar a los estudiantes a esta lógica del nuevo sistema penal.
“La situación de México nos obliga a pensar el derecho de otra forma. No solo es una herramienta de coercitividad en la que tienes que ir a un juzgado para que alguien te conceda, te garantice o te proteja un derecho. Es vincular a las personas y es un espacio que genera esas obligaciones, contratos y acuerdos, y eso está presente en toda la sociedad y en todos los ámbitos”.
La ley aprende de la historia
Antes de Ayotzinapa estuvo Acteal, las Muertas de Juárez (y ahora también en el Estado de México), la masacre de los 72 migrantes en San Fernando y una larga lista de crímenes sin esclarecer, sin justicia de por medio.
Aunque hay registro desde el documento Sentimientos de la Nación –de José María Morelos– de la necesidad de proteger los derechos humanos en México, y la propia Constitución lo contempla en diversos artículos, la firma de tratados internacionales e instancias que los regulan ha sido indispensable para fortalecer su defensa.
Con los ojos del mundo puestos en México, el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló en abril que la versión gubernamental sobre Ayotzinapa se construyó bajo la fabricación de declaraciones.
“En 1986, un caso como el de Ayotzinapa no habría sido el problema político y jurídico que ha sido para la Presidencia de la República”, considera Ignacio López, coordinador de Derecho.
Para avanzar, se debe aprender de la tragedia, y también del ejemplo internacional.
Un caso emblemático de desaparición forzada es el de Rosendo Radilla Pacheco. Veintisiete años después de desaparecer en un retén militar, el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su sentencia de 2009 es paradigmática en el derecho mexicano, “por establecer la obligación de adoptar estándares de derecho internacional en relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada”, según la CIDH.
Otro ejemplo: el matrimonio igualitario es legal en la Ciudad de México desde 2010, gracias a que la Asamblea Legislativa enmendó el artículo 146 del Código civil. Más de seis mil 500 parejas del mismo sexo habían contraído matrimonio hasta finales de 2015.
“En el caso de los migrantes, San Fernando nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo en México desde el sistema legal para protegerlos”, afirma López, quien también recuerda la propuesta de Ley de Hospitalidad al Migrante que el diputado jalisciense Pedro Kumamoto presentó en marzo ante el Congreso del Estado.
Estos dos últimos casos abonan a la necesidad de incorporar estándares internacionales a la legislación estatal e insistir en las aulas del ITESO en la perspectiva del derecho internacional.
“Los abogados del ITESO están conectados en esta lógica de proteger estándares de derechos humanos y deben tener el compromiso de incluirlos en su trabajo”.
Los retos
En estos 30 años, el actual coordinador menciona cuatro avances fundamentales en materia legislativa y política en el país:
El primero: la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1992 y la creación subsecuente de las comisiones estatales.
“Estos órganos, con todas sus fallas —que son muchas—, visibilizan el tema de los derechos humanos y, en ciertos casos, los ponen en el centro del debate”.
La comisión de la Ciudad de México ha sido punta de lanza a nivel nacional, afirma López, en temas como derechos reproductivos, sociedades de convivencia y matrimonio igualitario, así como derechos económicos, sociales y culturales.
El segundo avance: en 2008, con la reforma constitucional que busca privilegiar la oralidad en el sistema penal acusatorio y así agilizar los procedimientos. Desde 2014, el ITESO cuenta con profesores certificados en el sistema de justicia que en Jalisco se implementó hasta 2016.
El tercero: la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que amplía el espectro de supuestos bajo los cuales se puede acceder al juicio de amparo y deja en claro la posibilidad de invocar un derecho humano contemplado en algún tratado internacional, si este comprende una interpretación más amplia (a menos que la Constitución tenga una restricción expresa).
El cuarto: la capacidad de visibilizar rápidamente las violaciones a los derechos humanos, ya que López señala la defensa legal de la libertad de expresión como un cambio fundamental.
“Hoy para el gobierno no es tan sencillo controlar el mensaje, y esto ha permitido que se visibilicen casos de pederastia, de desapariciones forzadas o de violencia de género. La libertad de expresión, por lo mismo, también está bajo asalto”.
Hay muchas batallas por delante. Cíclicamente, el tema de la tortura vuelve. El Senado aprobó en abril la Ley General contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Sin embargo, “esta ley insiste en permitir la inclusión de pruebas obtenidas por tortura, a pesar de que estándares internacionales lo prohíben”, afirma el coordinador.
El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) del cual forma parte el ITESO, emitió al respecto una serie de sugerencias al Senado de la República:
“El sistema legal puede ser el vehículo para promover un cambio social y empoderar a aquellos que están en los márgenes. Pero debemos pensar el derecho siempre como algo más que una serie de reglas y normas qué cumplir”. Fotos Luis Ponciano/Archivo
