Las autoras de este texto comparan los fenómenos de la gentrificación en Yucatán y Roatán, y reflexionan sobre las consecuencias que, de no ser atendido adecuadamente, pueden sufrir a corto y mediano plazo quienes se ven obligados a desplazarse a causa de este fenómeno

El desplazamiento de las comunidades ha sido un fenómeno desde los inicios de la historia de la humanidad. Se ha obligado a los individuos a trasladarse según las condiciones del entorno, es decir, las características que les proporcionaban a los habitantes les beneficiaran o no. Cabe preguntarse: ¿la versión actual del desplazamiento sería la gentrificación? La sociedad ha impuesto condiciones económicas, políticas y sociales, que resultan no favorables para los habitantes locales.

¿Qué es la gentrificación?

De acuerdo con Hamnett (2003), el término gentrificación, en el sentido que actualmente le concedemos – haciendo referencia a la sustitución de la población y aburguesamiento de sectores urbanos -, surge en la década de los sesenta, introducido por Ruth Glass y utilizado para referir la invasión de algunos barrios obreros, próximos al centro de Londres por individuos de clase media que rehabilitaban la deteriorada edificación residencial, haciendo subir los precios de la vivienda y provocando la expulsión de las clases obreras que originalmente habían ocupado el sector. El proceso conduciría a un cambio radical del carácter socioeconómico de los distritos afectados. Esta autora eligió un término derivado de “gentry” que, de forma irónica, hace referencia a una burguesía rural típicamente británica.

Como señala el libro Cambios socioespaciales en las ciudades latinoamericanas: ¿procesos de gentrificación?, (2013) la gentrificación latinoamericana se diferencia de su par anglosajona por el cambio del uso residencial al comercial o de servicios preferentemente, destacando los «hoteles, restaurantes, bares, discotecas, agencias de viaje, boutiques, centros de llamada e internet» (Salinas, p. 286). Según este autor, las áreas centrales de las ciudades latinoamericanas son un problema para la imagen urbana que atraerá la inversión privada, por la fuerte ocupación del espacio público por parte de los sectores de menores recursos en estas zonas centrales deterioradas con valor histórico.

Zonas paradisíacas

En México, la península de Yucatán es uno de los destinos turísticos más importantes del país, un territorio donde la industria se ha consolidado como uno de los pilares de la economía regional. En 2022 sólo el Estado de Quintana Roo, donde se localizan Cancún y la Riviera Maya, registró la oferta de 127 mil cuartos de hotel, la recepción de 19.7 millones de turistas y una derrama económica de 19 mil millones de dólares (Sedetur, 2022).

Desde esta perspectiva es posible distinguir los siguientes casos: Cancún, una ciudad planificada desde el Estado, pero que creció veloz y desordenadamente, ejemplo de una urbanización que ha favorecido e incluso inducido la segregación socioespacial y que se ha edificado sin respeto ambiental. Mérida, que muestra notables procesos de metropolización, especulación inmobiliaria y elitización del espacio, y por tanto procesos de gentrificación hacia la consolidación como ciudad patrimonial. Izamal, pueblo mágico de Yucatán, que expresa venta de tierras ejidales y gentrificación, así como urbanización incipiente en pequeñas localidades mayas que han apostado por el turismo alternativo, que ofrecen distintos escenarios de venta de tierras, procesos de despojo, presencia de nuevos residentes foráneos y grandes retos para regular y orientar el crecimiento urbano de sus localidades, tal y como lo señala Manuel Xool en el documental del 2022 Mayapolis.

En cuanto a la zona turística de Honduras, Roatán, la transformación de esta isla, – que forma parte de las Zonas de Empleo y Desarrollo económico [ZEDES], las cuales buscan “incremento de la inversión en sectores intensivos de empleo, la creación de empleos formales y la reducción del desempleo y el empleo informal” (Sandí Torres, 2020) – ha generado mucha polémica y debate en el país, ya que se ha ido convirtiendo en un destino turístico y residencial de lujo, con un régimen especial que le otorga autonomía en materia fiscal, legal y de seguridad. Según la UNAM (2022), esto ha implicado la llegada de inversionistas extranjeros y nacionales que han construido proyectos como Roatán Próspera, que ofrece viviendas modulares, ecológicas y personalizables, con precios que van desde los 100 mil hasta los 500 mil dólares.

Sin embargo, esta transformación también ha tenido consecuencias negativas para la población local, que se ha visto desplazada y excluida de los beneficios de las ZEDES. Algunos de los problemas que se han denunciado son la pérdida de la identidad cultural y el patrimonio histórico de la isla (Rojo Mendoza, 2016), la privatización y el deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente, la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y transporte, y la violación de los derechos humanos y la soberanía nacional.

Análisis social

El desplazamiento de los habitantes originales se debe al incremento generalizado de precios, lo que ocasiona que la población originaria se ve obligada a trasladar su asentamiento a otro sector de la ciudad, pues no cuenta con los recursos suficientes para ajustarse a los nuevos precios del territorio. El impacto social se puede ver reflejado en la vida diaria de los individuos, puesto que sus condiciones de vida son transformadas y deben adaptarse al nuevo entorno en el cual se localizan. Indiscutiblemente la calidad de vida de esta población disminuye, por motivos de localización.

Por otro lado, el fenómeno de la gentrificación puede beneficiar en la mejora de los espacios, hacerlos más “sanos” para habitar, por lo que es un negocio atractivo y redituable para constructoras, sin embargo, las poblaciones de escasos recursos y que han pasado gran parte de su vida en esas localidades, se ven afectadas y orilladas a vivir en hogares en condiciones desfavorables, sin servicios públicos muchas veces y muchas otras sin banquetas.

Asimismo, el crecimiento de la industria del turismo ha causado la «urbanización planetaria», que se ha inclinado a una producción espacial, donde destaca la creación de nuevos entornos construidos dedicados al consumo turístico. A partir de 1974, la creación del centro turístico de Cancún en el norte del estado desencadenó un proceso de urbanización acelerado en la parte costera de Quintana Roo, causando que, en pocos años, la especulación de tierras y propiedades alcanzara niveles que comprometen el acceso a la vivienda para las clases trabajadoras.

De acuerdo con un artículo del periódico Milenio, el proceso de transformación urbana en Cancún ha tenido un impacto directo en la educación pública. Los alumnos que asistían a las escuelas solían vivir cerca, pero actualmente los estudiantes tienen que recorrer trayectos muy largos para llegar a ellas, provocando una reducción significativa en los grupos y horarios escolares. Según la Secretaría de Educación en Quintana Roo, más de 600 alumnos de las escuelas públicas del centro perdieron su turno y tuvieron que ser reubicados (Vázquez, 2023).

Por su parte, los colectivos o grupos vecinales de Honduras reclaman una moratoria y que no se den más licencias para construir vivienda turística. Los residentes argumentan que durante el verano los barrios sufren cambios, pues quienes asisten a los bares llevan vandalismo, disturbios, robos y aumento significativo del ruido y la suciedad, además señalan que los beneficiarios de estos procesos son muy pocos y no viven en el barrio, por lo que no experimentan las consecuencias.

Según Solano (2016), los procedimientos de renovación urbana deben pensarse con la participación de los agentes involucrados en el proceso para promover el fortalecimiento social, económico y ambiental de las poblaciones originarias antes de iniciar cualquier proceso urbano, lo que impulsará el empoderamiento e impedirá el desplazamiento urbano.

Impacto económico

El fenómeno de la subida de precios en la vivienda es una situación económicamente normal, mientras mantenga una velocidad y magnitud proporcional a los factores económicos del mercado; equilibrio entre la oferta y la demanda. En el caso de las zonas turísticas, estás representan un mayor flujo nominal por ser zonas de ocio e inversión; si hay menos oferta y mucha demanda, los precios subirán.

A simple vista, pareciera un comportamiento sano para la economía, ya que permite el crecimiento inmobiliario, turístico, económico y social de las zonas paradisiacas. Sin embargo, tanto los locales hondureños, como mexicanos se encuentran ante precios de vivienda que su salario no puede pagar.

Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el salario mínimo es “la cantidad mínima recibida por jornada de trabajo” (2022). En el 2023, el salario mínimo general de México pasó de 172.87 a 207.44 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte de 260.34 a 312.41 pesos diarios. Por su parte, el salario mínimo de Honduras, no se establece por zonas, sino que instauran ciertas categorías por tamaño de las empresas, número de trabajadores y por rama de actividad económica que pretende garantizar a las personas un nivel de vida básico. En este caso, se tomará la actividad económica de restaurantes y hoteles, que de 51 a 150 trabajadores el salario mínimo mensual es de 13,437.88 lempiras hondureñas; 9,884.57 pesos mexicanos, que serían 329.48 al día. Lo dicho hasta este punto supone que el objetivo del aumento de los salarios mínimos es darles mayor poder adquisitivo a las personas, que les permita cubrir sus necesidades básicas como el alimento, la salud, la educación y la vivienda.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de la República Mexicana, institución que impulsa el desarrollo de la mejora de la vivienda, reveló que los precios de las viviendas mediante créditos hipotecarios se dispararon en el primer trimestre del 2023, siendo el precio de una vivienda promedio a nivel nacional de 1 millón 601 mil pesos mexicanos. En este contexto, un trabajador con un suelo mínimo de 6223.2 pesos mexicanos mensuales, tendría que trabajar 22 años para poder adquirir la vivienda. Ahora, siendo más específicos, en Playa del Carmen, aumentó un 16.8%, y en Cancún, un 17.3%.

Por su parte, según el Banco Central de Honduras (BCH), el índice de precios al consumidor en el rubro de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles aumentaron de 426.0 a 437.9 en el INPC. (2023) En cuanto al precio promedio de vivienda, según Propestar; plataforma inmobiliaria global, en 2023 adquirir una casa ronda entre los 6.181.196 lempiras, que equivale a 19,561.15 pesos mexicanos (2023). Un trabajador con un sueldo mínimo mensual de 13,437.88 lempiras hondureñas debe trabajar 40 años aproximadamente para adquirir la casa.

La gentrificación genera una problemática político-económica en la cual el Estado se ve en la necesidad de intervenir para salvaguardar el bienestar de la población, o al menos así debería de ser. En la mayoría de los casos, como en Cancún, la llegada de inversionistas que se apoderaron de las playas que llenarían de hoteles fue un factor determinante para el crecimiento económico de la zona en las últimas décadas, Lo que generó una desigualdad económica enorme.

Aunado a esto, el Estado se ve beneficiado con el crecimiento económico a pesar de la inflación y la desigualdad económica que lo acompaña. Aunque este crecimiento económico repentino puede resultar beneficioso a largo plazo, este genera carencias en la estructura social que pueden salir a la luz hasta dentro de varias décadas después, lo que genera una inestabilidad política que provoca desempleo o carencia de trabajadores preparados, deficiencias en los servicios públicos y descontento de la población perjudicada.

Las políticas redistributivas como una posible solución

Por lo mencionado anteriormente, es necesario que el Estado proteja a los habitantes originales de la región mediante políticas redistributivas. En algunos casos estas son consideradas perjudiciales para el crecimiento, pero esto se debe a la forma en la que estructura el cobro de impuestos y su implementación, ya que la igualdad económica no perjudica al crecimiento, al contrario, lo estimula.

El punto de las políticas redistributivas no es perjudicar a los nuevos habitantes sino apoyar a los habitantes originales, ya que el objetivo es aprovechar el crecimiento económico sin que la inflación afecte de manera negativa a las personas de bajos recursos de la región. Para ello se buscaría usar el dinero generado por la gentrificación, para mejorar la infraestructura y que a su vez diera oportunidades a los habitantes originales, evitando su reubicación desfavorable.

Sobre las autoras y el autor

Este texto fue elaborado en la materia de Comunicación oral y escrita, en el semestre Otoño 2023, bajo la modalidad COIL [Collaborative Online International Learning], junto con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de Honduras.

De izquierda a derecha: Alejandra Farías Cabrales, estudiante de segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas y Emprendimiento; Ina Gabriela Casab Covarrubias, estudiante de segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Negocios y Servicios Digitales y Diego Iván Sigala Sanchez, estudiante de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica en ITESO.

Keyri Gisselle Osorio Cruz, estudiante de séptimo semestre de la carrera en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y originaria de El Porvenir, Atlántida, Honduras.

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