Reunidos en el ITESO, familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles, autoridades y académicos debaten sobre los instrumentos de acompañamiento psicosocial en materia de desaparición forzada
Cuando el 17 de enero del 2011 desapareció el hijo de María Guadalupe Aguilar Jáuregui, jurídica y organizacionalmente no había absolutamente nada en qué encontrar refugio: ni Ley de general Desaparición Forzada ni Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas ni Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ni Comisión de Búsqueda de Personas.
Hoy, a más de 13 años de aquel momento, en el primer Encuentro de Acompañamiento Psicosocial a Familiares de Personas Desaparecidas, organizado en el ITESO en colaboración con el Gobierno de Guadalajara –a través del DIF y de la Dirección de Cultura–, autoridades de estas instituciones, así como organizaciones civiles y académicos, reconocieron la labor que los primeros familiares realizaron, sus denuncias y el empuje para que se formara un cuerpo de apoyo jurídico, económico, social y psicológico para un problema que no ha dejado de crecer. Actualmente son 114 mil 765 las personas desaparecidas a nivel nacional, y 14 mil 991 en Jalisco, según conteos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
“Creía que era la única mujer en el mundo que buscaba un hijo desaparecido, y qué tristeza cuando me fui encontrando personas con el mismo dolor que yo llevaba encima”, mencionó Aguilar Jáuregui, una enfermera jubilada que hoy coordina el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej), que da acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición forzada, y quien considera que aún es necesario cambiar el enfoque del problema en muchos niveles.
“Muchísimas personas e instituciones tienen a la desaparición forzada como un fenómeno. La desaparición forzada no es un fenómeno, es un delito con conducta criminal que lleva al delincuente a tener la certeza de que los matan, los despedazan y nadie va a saber quién fue, mucho menos porque los queman, los ponen en fosas o por tantas cosas que se les ocurren. Se debe tratar como tal, con toda la mano de la justicia, pues es un sufrimiento para todas nosotras cuando llegamos a ese camino”, declaró.
En el encuentro, moderado por Alejandra Cartagena, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ), también participaron Martha Leticia García Cruz, madre buscadora, activista y cofundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra; Jonathan Ávila Guzmán, periodista e integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad); Gabriel Aquiles González Ruiz, director de Vinculación y Atención a Familiares de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, e Iván Sánchez Rodríguez, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
García Cruz dirigió un mensaje a las universidades y especialmente a las instituciones oficiales encargadas de la búsqueda y atención a las víctimas de desaparición forzada, a fin de enfocar esfuerzos en reforzar estos organismos con herramientas funcionales para detener este crimen de lesa humanidad y garantizar la no repetición, reforzar la investigación penal, así como consolidar los registros y las bases de datos alrededor de los casos. También subrayó la necesidad de instituciones especializadas con personal capacitado, sensibles al tema, con estabilidad laboral y garantías indispensables parta el adecuado cumplimiento de sus funciones y sometidos a ejercicios de rendición de cuentas.
“El dolor que causa la desaparición de personas es inconmensurable; la magnitud de los casos perpetrados no debe serlo. Son seres humanos que han desaparecido y el Estado tiene la responsabilidad de documentarlos correctamente, buscarlos, enjuiciar a los responsables y responder a las necesidades de las familias. Es fundamental que las universidades problematicen el tema y ayuden a desarrollar estrategias de búsqueda […]. En un México donde está roto y herido el tejido social, si las y los académicos no escuchan a las familias que estamos buscando a nuestros hijos e hijas, si no se suman con sus saberes y formas de hacer investigación, estaríamos solas y ustedes serán cómplices de este horror”, declaró.
Desde su rol en Cepad, Ávila Guzmán, explicó que, si bien la búsqueda es uno de los principales objetivos de las familias, esta grave situación requiere también cubrir distintas necesidades emocionales, psicológicas, económicas, culturales o hasta de salud: “Acompañamos jurídicamente a las familias. Lo fundamental ha sido construir procesos e impulsar acciones que abarquen lo más posible. Pero también hacemos acciones de difusión, de acompañamiento psicosocial, desde los procesos de investigación e incidencia. Cuidamos que lo que realizamos se haga por y para las familias, pero además implica una decisión de caminar al lado, desde la horizontalidad, no asumiendo un papel paternalista”.
Aquiles González reconoció que las instituciones con las que se cuenta hoy día se deben al empuje de los colectivos, tanto a nivel local como nacional; sin embargo, ahora es necesario reforzar puntualmente a la Fiscalía General de Personas Desaparecidas, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a las comisiones de Atención Víctimas y de Búsqueda de Personas Desaparecidas locales, sin criterios políticos y sumando recursos tanto humanos como materiales: “Es este tema presupuestal, que ojalá lo traiga la nueva administración, para poder poner de nuestra parte, desde todas las instituciones que menciona la ley, y concentrarnos en los hechos de la desaparición, haciendo nuestro trabajo desde las áreas que tenemos”.
Como funcionario de la Comisión de Víctimas, Sánchez Rodríguez explicó que uno de los grandes retos de ésta es que atiende no sólo a quienes tienen familiares desaparecidos, sino que trabaja con todo el universo de delitos de la Fiscalía. También sugirió no perder de vista que este crimen está relacionado con la macrocriminalidad, es decir, es un asunto complejo que se relaciona con amplias redes de criminalidad y delitos de otra naturaleza, pero también con situaciones de descomposición social: “Hay otros delitos que impulsan que las personas salgan de sus casas, y está también la violencia familiar, la violencia de género, hay otras vertientes. Si algo he aprendido estos nueve años que llevo aquí es que cada caso es muy diferente”.
El encuentro fue inaugurado oficialmente por la directora del DIF Guadalajara, Diana Berenice Vargas; por la directora del CUDJ, Alejandra Nuño; por la directora del Departamento de Psicología, Educación y Salud (DEPS), Eugenia Catalina Casillas; y por el Presidente Municipal Interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, quien dijo que este problema debe ser atendido y acompañado por las autoridades de todos los niveles de gobierno, incluyendo una gran red de profesionales.
“Estamos seguros de que este importante encuentro será de gran utilidad para abordar las distintas dimensiones de un tema tan complejo, desde la empatía, el respeto y la reflexión continua entre autoridades, sociedad civil y los diferentes actores dentro de este inaceptable contexto de privación de derechos”, aseguró.
FOTO: Zyan André
