José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que, mediante el uso de términos jurídicos indeterminados, se le está cediendo un «extraordinario espacio al Estado» para la opacidad
Con la justificación de salvaguardar la seguridad nacional, el Estado está ampliando los espacios de opacidad y restringiendo el control democrático sobre ciertas acciones de las que el gobierno ha ido clasificando la información, advirtió José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Invitado por el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO (Dsoj) y El Colegio Nacional, Cossío Díaz impartió la conferencia «Seguridad nacional: sus implicaciones constitucionales y de diseño en las políticas públicas», en el Auditorio D1 de la universidad jesuita.
Por medio de la asignación de tareas civiles al ejército, el gobierno ha justificado que cierta información sea clasificada como de seguridad nacional, aunque las tareas en cuestión tengan un carácter civil. Sin embargo, «si alguien pregunta por actividades que estén siendo realizadas por el ejército, la respuesta estándar es ‘no se les puede dar esa información porque es de seguridad nacional’. Esto tiene sentido [si se tratara de] operaciones militares. Pero, ¿por qué la construcción de una obra civil es información de seguridad nacional? Porque el ejército la hace», mencionó.
José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Marcos del Rosario Rodríguez, coordinador de la Licenciatura en Derecho del ITESO
«El país está viviendo un proceso de militarización. Los miembros de las fuerzas armadas realizan cada vez más funciones que le corresponderían a la sociedad civil. El Estado está logrando niveles muy grandes de opacidad [a través de] la asignación de obras a las fuerzas armadas», advirtió.
Cossío Díaz cuestionó que se aplique la etiqueta de seguridad nacional a las funciones en materia civil que el ejército realiza, no en razón de la actividad sino del sujeto que las desempeña.
Si bien la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal especifica que a la Secretaría de Defensa le corresponde llevar a cabo las acciones de carácter civil que el presidente de la República convenga, la autoridad federal está aprovechando este elemento para, a discreción, dotar de secrecía a determinadas actividades.
«Desafortunadamente, cada vez el presidente les va a encargar más cosas a los miembros de las fuerzas armadas. O, todavía más peligroso, les va a encargar a las fuerzas armadas aquellas cosas que el presidente no quiere que se conozcan», dijo.
Cossío Díaz consideró necesario seguir preguntando desde la colectividad y exigir respuestas.
Es necesario insistir en la máxima transparencia
El jurista, quien es miembro de El Colegio Nacional desde 2014, afirmó que a las autoridades les corresponde apegarse a los principios de máxima transparencia, publicidad y rendición de cuentas, «de lo contrario no habría ninguna posibilidad de observar lo que están haciendo (…) y estaríamos en una situación compleja e inclusive peligrosa».
«El presidente de la República y algunos integrantes de su gabinete han decidido que ciertas acciones que están realizando son de seguridad nacional, como el aeropuerto [Felipe Ángeles de la Ciudad de México], el Tren Maya y algunas otras obras», dijo.
Recordó que, durante su encargo como ministro de la SCJN, atendió un solo recurso extraordinario para determinar si podía ser considerado como de seguridad nacional, con la finalidad de fallar por la divulgación o no de dicha información. Sin embargo, agregó, desde que inició el mandato de Andrés Manuel López Obrador la corte ha recibido hasta 42 recursos extraordinarios para considerar ciertos asuntos como información clasificada, muchos de los cuales están relacionados con las campañas de vacunación para atender la contingencia sanitaria por Covid-19.
Añadió que se debe analizar si el concepto de seguridad nacional que está utilizando la SCJN es o puede ser autónomo de lo que dispone la Ley de Seguridad Nacional. «Si no puede ser autónomo, debemos regresar a la ley. Si es autónomo, entonces que la corte nos diga cuál es la justificación de autonomía de esos elementos», señaló.
Cossío Díaz remarcó que insistir en transparentar estos temas obedece a la necesidad de mantener vivos los controles democráticos, pues la discrecionalidad en el uso de las etiquetas de seguridad nacional e información clasificada contraviene el derecho humano a la información, garantizado en la constitución mexicana. Señaló además que tocará ir delimitando cada vez más el concepto de seguridad nacional para alejarse de la ambigüedad que hoy lo rodea y de la cual se aprovecha la autoridad. Por último, instó a la academia a retomar su papel como detonador de reflexión y crítica en esta materia.
FOTOS: Roberto Ornelas
