En el aula abierta “La situación del agua en América Latina”, el presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua compartió los retos de la conservación del vital líquido.
“Las transnacionales han tomado como patio trasero a América Latina, y los gobernantes lo han permitido, agotando nuestros recursos hídricos”, dijo Javier Bogantes a la comunidad presente en el aula abierta de los posgrados del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano.
Una vez al semestre, la Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable y la Maestría en Proyectos y Edificación Sustentable, ahora en conjunto con el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social, abren una clase a la comunidad, con una invitada o invitado experto. El jueves 23 de noviembre, fue el presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua a dictar la clase.
Javier Bogantes, junto con otros defensores de los derechos del agua, crearon hace 20 años el Tribunal Latinoamericano del Agua, el cual interviene en conflictos de localidades con un modelo de ética exigente y justicia alternativa que, a partir de la aplicación de principios científicos y técnicos, actúa ante la crisis socio ambiental que se vive en diferentes regiones de América Latina.
La manera en la que interviene este tribunal, explicó el experto, es en dictar veredictos que se entrometen en la soberanía de los países, “porque normalmente tratamos conflictos que se dan con empresas de diferentes países o gobiernos de América Latina que legalmente están asentadas en zonas hídricas, pero no están cumpliendo con las normativas o hasta la constitución”.
“Estos proyectos son legales, pero son proyectos ilegítimos”, abundó. “Si una institución, por más legal, aprueba proyectos que atentan contra los ciudadanos, es ilegítima. Y están poniendo en peligro lo más importante para nuestra supervivencia, que es el agua y la tierra”.
Esta crisis de legalidad tiene variantes distintas: el capitalismo, la economía neoliberal, las diferentes posturas ideológicas, pero, fundamentalmente, la noción que el ser humano tiene del mundo.
Estos proyectos hidroeléctricos, petroleros, mineros o de monocultivos se hacen con un concepto de legalidad. Son legales y aprobados por estudios de impacto ambiental orquestados por los propios gobernantes que otorgan el permiso, o las compañías transnacionales que se instalan en regiones muchas veces de pueblos indígenas, y les quitan sus tierras y recursos con promesa de trabajos y bonanza económica.
“Hemos creído que todo lo que nos rodea está ahí para servirnos. Lo dice hasta la Biblia. Y es lo que hemos hecho, hasta acabar por destruirlo. Somos más estúpidos que cualquier organismo unicelular porque estamos usando la técnica que tenemos, para destruir nuestro planeta”.
Cualquier proceso sistémico como lo es el uso del agua, afirmó, debe contar con las seis E: ecológico, ético, estético, eficiente y efectivo.
“Podemos tener normativas maravillosas, pero de eficacia a eficiencia hay problemas de aplicación de la ley, de perversión y problemas políticos en los que las leyes que están para defender los derechos del agua no están funcionando”.
De los 90 casos atendidos por el Tribunal Latinoamericano del Agua, el problema número uno tiene que ver con la contaminación agroindustrial o de aguas servidas; le sigue el de industrias extractivas y, en tercer lugar, el de embalses y trasvases de agua.
“Se han invertido millones en tratados internacionales con el tema del cuidado ambiental y del agua, pero hemos visto que no se cumplen. Y no hay posibilidad coercitiva para que lo hagan. Lo que hacemos es devolverles estas reglas que ellos mismos han creado”, dijo.
