En el Día Mundial del Agua, recordamos a los habitantes de la ribera de Chapala que enfrentan enfermedades renales y muerte causadas por la alta concentración de metales en el lago más grande y más contaminado de México. POR ANDRÉS GALLEGOS
En contraste con el paisaje que exhibe el Lago de Chapala, las comunidades indígenas de San Pedro Itzicán y Mezcala están muriendo por la contaminación del agua del lago. La primera localidad tiene la tasa más alta del mundo en enfermos renales, según el United States Renal Data System, y en Mezcala, 23 personas han fallecido por insuficiencia renal, incluso niñas y niños.
Aunque los datos varían, reflejan el dramatismo que viven las familias que colindan con el Lago de Chapala. En el periodo 2008-2018, 3 mil 285 personas de la región tenían alguna afectación en su salud por la contaminación ambiental. El servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara, “Fray Antonio Alcalde”, detectó más de 600 casos de enfermos renales únicamente en Poncitlán y sus comunidades.
Como una alternativa para exigir mayor saneamiento y respeto a su derecho humano de acceder a agua limpia y saneada, las comunidades de San Pedro y Mezcala llevaron su caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), organismo no vinculante de dos décadas de trayectoria y con respaldo científico, en una audiencia celebrada del 22 al 26 de octubre de 2018 en el ITESO.
Aunque el Jurado del TLA concluyó que el Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones y violentado los derechos de la población de la ribera de Chapala, han pasado 16 meses desde aquella sentencia y las cosas no han cambiado casi en año y medio, señalan académicos del ITESO.
Sin llegar a la raíz del problema
A raíz del veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua, las autoridades (principalmente estatales) han pretendido atacar la contaminación de la ribera de Chapala mediante la operación de plantas de tratamiento. Sin embargo, esto no resuelve un problema más profundo: cómo el actual modelo de consumo del agua, basado en la extracción del vital líquido y no en su conservación, ha generado daños a los pueblos y las comunidades indígenas.
“La actual política pública estatal y federal está avanzando sobre la generación de infraestructura para limpiar el agua, pero no se están responsabilizando directamente de establecer el vínculo y decir que la contaminación del agua genera enfermedades”, explicó Mario Edgar López Ramírez, investigador del ITESO e investigador del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis).
Para señalar que las autoridades actúan conforme a la sentencia del Tribunal, éstas deben asumir el verdadero problema de la contaminación del agua y no “irse por las ramas”, explicó. “Lo que se exige es que se cambie el modelo de gestión del agua, no que se hagan más plantas tratadoras. Ensuciamos el agua y hasta el final, dejamos que la planta nos resuelva el problema, pero hay una cultura de muerte y maltrato al agua de por medio”.
Carlos Peralta Varela, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y especialista en derechos humanos, señaló que la omisión de la autoridad a la decisión del TLA es flagrante en tres temas: no se han actualizado las actuales normas ambientales sobre calidad y descargas de agua, no existe un saneamiento integral de la cuenca, y no se ha elaborado el estudio epidemiológico que relacione la contaminación hídrica con los daños a la salud de las comunidades aledañas.
“Se hicieron estudios por parte de la Universidad de Guadalajara respecto a, por ejemplo, la orina en los niños, pero no hay una investigación sobre las afectaciones generales a la salud y lo que le ocurre a la comunidad por parte de las autoridades estatales o federales. Por lo tanto, no hay una fórmula de reparación del daño y no se ha avanzado en acatar o cumplir temas de resarcimiento”, explicó.
En síntesis, para Peralta “las bases de las recomendaciones han tenido un cumplimiento pobre. No se puede decir que no se haya hecho absolutamente nada, pero en términos generales respecto a lo que pidió el Tribunal, se ha hecho muy poco”.
Mientras tanto, las comunidades siguen sufriendo
“Mi niño se me está yendo de las manos, tiene 12 años y la mitad de la vida luchando (contra la Enfermedad Renal Crónica). Ya rechazó un riñón porque él ya no tiene remedio; sus filtros están tronados. Él mismo ha dicho, ‘si a mí ya no me puedes ayudar, ayuda a otros niños para que no pasen lo que yo estoy pasando’”.
Este fue el testimonio de Verónica Lomelí, habitante de Poncitlán, recogido durante la XII Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, y uno de cientos de evidencias de dolor y tragedia en las comunidades aledañas al lago de Chapala. Los padres que han perdido a sus hijos o que se han quedado sin dinero para pagarles los tratamientos médicos, o los jóvenes enfermos que han perdido oportunidades de trabajo y bienestar, son parte de un ambiente de incertidumbre que persiste en comunidades como San Pedro Itzicán y Mezcala.
“Sigue habiendo difuntos por enfermedades renales y por otras patologías relacionadas a este asunto como cáncer o deformidades. Existe y es algo cotidiano”, señaló el académico Carlos Peralta, quien añadió que otra recomendación del TLA, consistente en la puesta en operación de un pozo termal para que la población de San Pedro Itzicán accediera a agua potable, sigue pendiente a pesar de llevar dos años construido.
“Ya está terminado pero todavía les faltaba la conexión a la red eléctrica. Estos pasos son lentos y no contribuyen a una mejora en la calidad de vida y la salud de la población, con una parte que continúa sin redes hidrosanitarias, y la Laguna de Chapala sigue teniendo un agua muy contaminada”, sentenció.
El Gobierno es inmune al dolor de las víctimas
En 2010, las autoridades de Jalisco tuvieron en sus manos un estudio que corroboraba y alertaba sobre la presencia de metales pesados (como plomo, arsénico o cadmio) en la cuenca del Río Santiago, así como sus consecuencias para la salud de los habitantes de localidades cercanas como El Salto y Juanacatlán.
Sin embargo, la investigación archivó en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y no se supo la verdad sobre la contaminación de la cuenca hasta diez años después.
“Esto es escandaloso por el nivel de afectación sobre niños de la región. ¿Qué pasa por la mente de un funcionario que tiene el estudio y decide meterlo en un cajón?, ¿qué está revelando el asunto?, en principio, indolencia de la autoridad, que solo importa el dinero. ¿Por qué ocultarlo?, para evadir la responsabilidad pública y el escándalo”, analizó Mario López, académico del ITESO.
El especialista consideró que este estudio es una corroboración de que existe un vínculo entre la contaminación del agua con las enfermedades renales y otros padecimientos médicos que sufren los pobladores de la ribera de Chapala.
La investigación encontró que 330 menores de edad de los municipios aledaños al Río Santiago estaban expuestos a sustancias tóxicas, su organismo tenía restos de metales pesados o sufrían de problemas neurocognitivos.
En 2016, la Organización de las Naciones Unidas corroboró que el Río Santiago era el más contaminado de México, debido a las descargas de materiales pesados de hasta 300 empresas de un corredor industrial que comprende desde El Salto hasta Ocotlán.
Riesgos hacia el futuro
La lógica extractivista en el uso del agua de Jalisco tiene fecha de caducidad, ante los problemas de contaminación del Río Santiago, el Lago de Chapala, y también la emergencia del cambio climático. Actuar de una manera diferente a la actual podría garantizar el abasto hídrico vital para el futuro de los jaliscienses.
Para Carlos Peralta, el cambio climático es una variable que afectará a las regiones semiáridas de Jalisco como la zona de Los Altos, la cual representa una fortaleza para la economía del Estado por su producción de carne, leche y huevo.
“La predicción es que Los Altos tenderán a una mayor desertificación y la lluvia disminuirá en los próximos años. En la medida en que no tengamos cuidado con los recursos, sin visiones sustentables ni alternativas para tender hacia consumos más responsables, estas regiones sufrirán mucho, no solo por la falta de agua sino por el desempleo y otros problemas que agravan la vida social”, indicó.
El investigador del Cifovis, Mario López, considera que los avances tecnológicos deben enfocarse hacia la vida, es decir, hacia el cuidado y protección del agua bajo esquemas sustentables. También considera que proyectos como la Presa El Zapotillo, una obra de infraestructura que pretende dotar de agua potable a la Zona Metropolitana de Guadalajara y las industrias estatales, pero al costo de inundar Temacapulín y otros poblados aledaños, no embonan en el nuevo esquema de manejo de agua que Jalisco debe adoptar.
“Ya no podemos hablar de progreso a través de la infraestructura, donde construir una presa es progresar, ahora ya no lo es”, declaró. “También hay que garantizar aguas potables en las llaves, porque no sabemos cuál es la calidad del agua que llega a nuestras casas”.
