En foros internacionales México es promotor de los derechos humanos de las personas migrantes, sin embargo, su política no salvaguarda los derechos de las personas que llegan al país huyendo de la violencia.
POR ILIANA MARTÍNEZ
“Telsa, hondureña de 28 años, permaneció recluida durante más de 20 días, junto con sus tres hijos (una niña de un año y dos niños de tres y cinco años) en la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’ en Tapachula, Chiapas, en noviembre de 2016. Era la segunda vez que huía de su país después de haber sido deportada por las autoridades mexicanas un mes antes. Telsa presentó su solicitud de asilo poco después de ser aprehendida por agentes de migración que los recluyeron, a ella y a sus tres hijos, en el centro de detención. Su solicitud de protección se basaba en las amenazas y la violencia sexual que sufría en Honduras” (Investigación de Amnistía Internacional Enfrentando muros bit.ly/2j2WeJ0).
El testimonio de Telsa ilustra la política del gobierno mexicano: en lugar de preguntar por las causas de salida para brindar protección a las personas migrantes extranjeras que huyen de la violencia en sus países, las deporta. Las personas tienen que luchar y buscar apoyo para acceder a sus derechos. La historia de esta familia es una de las cientos que documentan cada año en México las organizaciones de derechos humanos, con el fin de continuar denunciando que las condiciones de las personas en movilidad por el país no han mejorado.
El informe alternativo, preparado por más de dos centenares de organizaciones de la sociedad civil para el Comité de Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas, confirma estas acciones (consúltalo en: bit.ly/2vMFifN). De 2013 a 2016, México registró 600 mil 138 eventos de detención de personas migrantes, de los cuales 517 mil 249 finalizaron en deportaciones. Esto significa que se deporta al 86% de las personas que se detienen, muchas de las cuales, como el caso de la familia de Telsa, requerían de 
protección internacional. Esto también podemos verlo en el caso concreto de la niñez migrante en 2014 (cuando hubo un alto número de menores migrando), mientras EUA deportó a 3 niños y niñas de cada 100 que detuvo, México regresó a 77 de cada 100.
El gobierno mexicano recientemente presentó su Tercer Informe ante el Comité que da seguimiento a la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas (CTM o CMW por sus siglas en inglés). La Convención es un mecanismo legal de Naciones Unidas, a través del cual los países que la firman y ratifican, se comprometen a presentar informes periódicos sobre las acciones implementadas y sus avances en favor de la población migrante y sus familiares. Ante este panorama, es urgente el contrapeso de la sociedad civil que, a través de su trabajo de documentación e incidencia, demuestra de manera contundente las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones migrantes que son veladas por el gobierno mexicano.
Durante las últimas décadas, México ha sido uno de los principales promotores de la CTM y, en general, de los derechos humanos de las personas migrantes en numerosos foros internacionales. Esto obedece a que el 10% de su población es emigrante y enfrenta condiciones adversas en Estados Unidos. Sin embargo, cada vez es más difícil mantener esta posición, ante la incapacidad del gobierno mexicano de tener una política migratoria que no viole los derechos humanos de las personas migrantes. México no puede exigir lo que no puede ofrecer. Hay una fuerte contradicción.
Al realizar el balance en política migratoria, las autoridades mexicanas no salen bien paradas. La lista de fallas no se agota con las graves omisiones de atención a la población migrante extranjera. Hay otras comunidades migrantes nacionales que también enfrentan dificultades para el acceso a sus derechos. Por ejemplo, mexicanos que retornan, comunidades que se quedan a la espera de sus familiares, migrantes transfronterizos que cruzan todos los días de un país a otro para trabajar, jornaleros agrícolas con permiso de trabajo temporal, entre otras poblaciones. La mayoría de estas se abordan en el informe alternativo que elabora la sociedad civil, mismo que también ha sido presentado al Comité, para contrastar lo que reporta el gobierno mexicano. Como es de esperarse hay numerosas discrepancias entre ambos informes.
Es necesario resaltar la importancia de los esfuerzos de la sociedad civil para estar presentes en esos espacios de otra forma, no hay contrapeso, y se desaprovechan estos mecanismos internacionales para obligar al gobierno a rendir cuentas. Estos foros también obligan a los gobiernos a sentarse a dialogar con la sociedad civil y con los defensores de derechos humanos, a quienes raramente están acostumbrados a 
escuchar. Por tanto, hay que estar atentos a estos espacios, que, aunque parecen estar muy lejanos, tienen impacto en nuestras vidas. Una oportunidad que se tendrá en Guadalajara será la reunión preparatoria de Naciones Unidas para diseñar el “Pacto Global para una Migración regular, segura y ordenada”. Tendrá lugar en la ciudad los próximos 4 y 5 de diciembre del presente año, y el gobierno mexicano será el anfitrión.
Sin duda, no todo es blanco y negro. Existen diversas iniciativas del gobierno mexicano para abordar las numerosas necesidades de la población migrante, tanto nacional como extranjera. No obstante, las medidas se quedan cortas ante el rezago en política migratoria que tiene el país. Después de 130 años de historia migratoria (Durand, Jorge (2016) Historia mínima de la migración México-Estados Unidos. México: Colegio de México), falta mucho por hacer. Queda el reto de plantear medidas humanas para la movilidad en el corredor Centroamérica-México-Norteamérica. Si se pueden negociar acuerdos para que las mercancías, las empresas y los capitales financieros crucen las fronteras sin problemas, ¿por qué no las personas?
