María Martha Collignon, investigadora del ITESO, afirma que las medidas del gobierno para frenar la ola de violencia tras el confinamiento no han sido suficientes, además de que las iniciativas gubernamentales se enfocan en la violencia contra las mujeres y deja desprovistos a otros grupos vulnerables de la sociedad
Hace dos años nos fuimos a casa sin saber cuándo terminaría la pandemia y con ella otras sensaciones como el miedo, la incertidumbre y la pérdida. Para muchas personas también significó estar confinadas por tiempo indefinido junto a sus agresores.
En nuestro país la amenaza de la violencia siempre ha estado presente y fue en 2020 que México vivió el año más violento en su historia con 36 mil 579 asesinatos. De ellos, 3 mil 723 fueron homicidios dolosos de mujeres y alrededor de 900 fueron procesados como feminicidios. según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
«En términos de los reportes, informes y el seguimiento por parte de varias instancias de gobierno el confinamiento había impuesto una condición de máxima vulnerabilidad y violencia en mujeres (…), esto dentro de un contexto preexistente de violencia de género», señala María Martha Collignon, académica del ITESO y coordinadora de la investigación «Violencias y confinamiento por COVID- 19», que analiza este fenómeno desde abril de 2020.
Sin embargo, los reportes oficiales jamás abordaron quiénes ni de dónde eran esas mujeres. Estos datos fueron relevantes para el grupo de académicos que llevan la investigación, ya que, al analizarse junto con diversas organizaciones, comprendieron que no todas las mujeres viven situaciones de violencia de la misma manera durante la pandemia.
Del mismo modo, la colaboración de colectivos como Impulso Trans A.C, el grupo Corazón Sensible y otros observatorios, dio cuenta de que los actos violentos ejercidos contra personas pertenecientes a grupos de la diversidad sexual eran invisibilizados en los informes y registros oficiales.
«Nos empezamos a dar cuenta que, así como la pandemia, la violencia no se vivía igual en todos los grupos ni por todos los individuos de una sociedad».
Las indagaciones del proyecto apuntaron a que parte de las personas de la comunidad LGBTQ+ se vieron obligadas a sufrir un fenómeno que denominaron ‘doble confinamiento’, es decir, negar su identidad ante los individuos que convivían durante el aislamiento, usualmente su familia, por temor a ser discriminados.
El 90% de las personas de la comunidad LGBTQ+ han vivido algún tipo de discriminación o maltrato por su orientación sexual, indica un estudio realizado por la consultora Kaliopeo, que determinó que el 36% de sus encuestados viven un ambiente hostil en su hogar.
Las viviendas no son los únicos escenarios en donde creció el ejercicio de la violencia. Según el proyecto, este incremento pudo experimentarse en el espacio público expandido, como las redes sociales y calles. Un ejemplo de ello son los constantes ataques al personal de la salud que se encontraba combatiendo directamente el covid-19. Las agresiones en el trasporte y en la vía pública fueron acompañadas por comentarios y críticas en internet.
Uno de los elementos que favorecieron al desarrollo de estas manifestaciones se debe al discurso que el gobierno estableció a la hora de gestionar la pandemia. «Discursos directamente vinculados a lucha (…) Se habla de amenaza, contagios, pandemia, constantemente se señala el peligro y se desdibujan las explicaciones racionales. Convierten en sujeto de ataque a aquellas personas que están en continuo contacto con un virus invisible», advierte la investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales.
La académica subraya que las medidas del gobierno para controlar la ola de violencia no han sido suficientes, además de que la mayoría de los programas e instituciones se enfocan a la violencia contra las mujeres y deja desprovistos de apoyo a otros individuos, como los pertenecientes a la diversidad sexual.
«La atención del gobierno a la violencia de género está desbordada. Creció enormemente que no se dan abasto».
Es por ello que la investigadora declaró que es necesaria la colaboración de las instancias de gobierno con colectivos, observatorios y grupos enfocados en estudiar y acompañar a víctimas de violencia para poder generar nuevas discusiones y políticas públicas capaces de atender a las personas vulneradas de forma más plural. Sobre todo, para saber cómo prevenir que la violencia no siga amenazándonos desde el interior de nuestros hogares.
