Expertos de diversos países latinoamericanos coincidieron en que la implementación de un modelo que ponga los poderes político y económico al servicio de la gente es posible en la región.
Es posible lograr una economía del bien común en un sistema de mercado, en la cual los Estados ejecuten límites para las empresas privadas, combatan los monopolios y pongan los poderes político y económico al servicio de la gente, concluyó el viernes un grupo de especialistas de distintos países de América Latina, tras una semana de reflexiones sobre los posibles escenarios de América Latina ante a la administración de Donald Trump.
Los expertos son parte de la Red Latinoamericana de Economía Social de Mercado (ESM), como se llama el modelo económico que proponen, el cual surgió en Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial y se ha aplicado con éxito en varios países de la Unión Europea.
El modelo se basa en las relaciones de mercado, aunque privilegia el bienestar común, a través de la regulación; el impulso de los esquemas de seguridad social; un alto a los monopolios, y la puesta en marcha de prácticas de solidaridad y subsidiariedad.
Auspiciada por el Programa Latinoamericano de Política Social (SOPLA, por sus siglas en alemán) de la Fundación Konrad Adenauer, la ESM tiene 11 oficinas en 13 países en América Latina.
Gunter Rieck, director de SOPLA, explicó que los objetivos son la construcción de un puente entre Alemania y los países de la región, así como el diálogo sobre economía regional y gobernanza, como se llama a la participación de ciudadanos y gobierno en la construcción de un destino común.
En el mismo foro, el economista argentino Marcelo Resico, miembro de la Red y teórico del modelo, explicó que la economía social no cree en el sistema chorreo, como se identifica a la propuesta de que la riqueza que se genere llegará a los pobres en algún momento de la historia.
“La teoría social se pregunta cómo hacemos el pastel más grande y, al mismo tiempo, ve que la redistribución le vaya llegando a la gente”, porque si el pastel no crece, su repartición se vuelve violenta.
De esta forma, le apuesta al poder limitado por las leyes y una economía de competencia, sin monopolios. Al poder y la distribución.
Añadió que no se queda en la teoría. Desde su punto de vista, dos países de América, Uruguay y Chile, han dado algunos pasos firmes en el tema.
Otro miembro de la Red ESM, el ex canciller de Nicaragua, Norman Caldera, consideró que el modelo que se propone es un medio para la justicia social.
El Estado debe intervenir, afirmó; un Estado preocupado por los que menos tienen y pueden, lo cual no ocurre en lo que llamó el capitalismo salvaje. Agregó que la economía social de mercado exige un proceso de integración que no existe en América Latina, pues implica la disposición de los gobiernos de diversos países a “meterse la mano en la bolsa”, para lograr fines comunes. El obstáculo más grande, dijo, es la falta de voluntad política y de solidaridad regional.
Frente a la administración de Donald Trump y ante el tema de la integración, Caldera criticó al México que se queja de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Estados Unidos, pero maltrata a los centroamericanos que pasan por su territorio para llegar al país del norte: “El muro más grande que existe en nuestra región está ya construido entre México y Guatemala”, según él.
Luis Ignacio Román, académico del ITESO, explicó que la pregunta que convocó a los miembros de la Red en esta universidad fue qué papel tendrá la economía social ante la presencia de Donald Trump.
Las conclusiones fueron más allá. Una de ellas es la certeza de que puede haber economías de mercado, pero no sociedades de mercado. Otra, que los derechos no deben estar circunscritos a los precios, y que el papel del Estado es vital cuando la economía afecta los planos ambiental, social y de derechos de las personas.
Marcelo Resico había dicho antes que para la economía social de mercado son trascendentales las leyes, pero para su aplicación es indispensable el involucramiento de los ciudadanos. Si no hay interesados, concluyó, en América Latina el Estado seguirá significando un botín que diseña las leyes para el grupo más poderoso.
