En la última sesión del semestre del ciclo Pensamiento jesuita sobre la actualidad, dos académicos analizaron las deficiencias de este sistema en México.
El modelo económico de libre mercado —llamado también neoliberal o capitalista— tiene como premisa la libre competencia entre todos.
Ricardo Herrera, SJ, Mónica Unda y Gabriel Mendoza, SJ
Los sociólogos Luc Boltanski y Ève Chiapello, en su texto El nuevo espíritu del capitalismo, lo definen como la exigencia de acumulación ilimitada de capital mediante medios formalmente pacíficos. Para estos autores, el capitalismo es la puesta en circulación del capital con el fin de extraer ganancias para nuevas inversiones.
En papel suena ordenado, pero en la práctica no es así, coincidieron en señalar los jesuitas Ricardo Herrera y Gabriel Mendoza, en la cuarta charla del ciclo Pensamiento jesuita sobre la actualidad, titulada “Modelos económicos y desigualdad social en México”. La sesión, llevada a cabo el jueves 21 de mayo en la terraza de la Biblioteca del ITESO, fue moderada por Mónica Unda, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la universidad.
Herrera, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología, afirmó que este modelo económico que América Latina adopta en la década de los 80, es una respuesta a la deuda acumulada por el Estado y la modificación del sistema anterior, que consistía en la industrialización por sustitución de importaciones, en el que la rectoría del estado era medular.
Por su parte, Mendoza enfatizó la perspectiva sociológica de la aplicación del modelo y cómo esta lógica de mercado repercute en los empleados y en sus salarios a la baja. Desmenuzó al capitalismo como una construcción social que apela a cuestiones más allá que las económicas.
“No solamente se trata de cuestiones del campo económico, sino que este sistema ha extendido sus efectos a todos los ámbitos de la vida social, hasta la íntima”, declaró.
Inequidad en el mercado
Una de las consecuencias de la ineficiencia de un modelo económico, mencionaron los ponentes, es la desigualdad, la cual tiene distintas dimensiones: el acceso a una vida digna, a oportunidades y a servicios de educación.
“En países desarrollados como Noruega, el más rico recibe seis veces más que el más pobre; aquí en México, el privilegiado recibe 30 veces más que el más pobre. Estamos en la raíz de la desigualdad: la percepción de los salarios mínimos”, declaró Herrera.
Mendoza señaló que, más allá de la aplicación, es el propio modelo capitalista el problema, por dos características: el régimen de acumulación —en el que no hay un tope y control para evitar monopolios y abusos— y el régimen salarial —en el que, a cambio de una paga fija, el empleado renuncia al derecho de propiedad sobre el resultado de su esfuerzo del trabajo, el cual beneficia a los dueños del capital que no necesariamente están obligados a retribuirles más allá de lo estipulado por el contrato.
“El capitalismo nos dice que el trabajador siempre es libre de elegir si trabaja o no trabaja con determinado empresario, pero en las situaciones que provoca el mismo modelo [desigualdad y falta de oportunidades], no se puede ser absolutamente libre”, explicó.
Agregó que son los trabajadores los que soportan este sistema, aludiendo a los esquemas de contratación con pocos beneficios. “Si no se revisan estos fundamentos que le dan sentido al mismo capitalismo, yo creo que el modelo no va a funcionar, por más que le pongamos parches”.
El rol del Estado
“La desigualdad es algo que nos compete a todos, pero no todos podemos solucionarla. Es un proyecto de Estado, y el Estado no ha querido tomarla y darle solución”, declaró Herrera.
Esfuerzos como subir el salario mínimo al mismo porcentaje al que sube la inflación no son suficientes para la creación de un país equitativo, dijo.
Tanto Herrera como Unda coincidieron en señalar que el cobro de impuestos con la finalidad de redistribuirlos es una vía que tiene que mejorarse para ser efectiva.
Herrera apuntó que la evasión fiscal de los más pobres, aquellos que incurren en el empleo informal, no es la vía más adecuada, pero intenta equilibrar la balanza, porque su posible contribución tributaria no alcanzaría a traducirse en beneficios directos para ellos: salubridad, infraestructura o acceso a empleos justamente remunerados.
Pero la falta de estos accesos también es consecuencia de que el Estado esté rebasado en el tema de la poca recuperación tributaria (11% del PIB), lo cual desemboca en recortes de gastos, es decir, menos inversión en infraestructura y mayor desigualdad.
Unda reconoció que no se está en condiciones para compararse con economías avanzadas como las de Suecia o Noruega, pero hacerlo con países latinoamericanos tampoco es alentador.
“Brasil recauda el 33% de su PIB; Argentina más o menos lo mismo; Chile recauda 26%; México solo el 11%. Esto nos dice que una de las fuentes principales de gobierno para actuar es muy reducida, por lo que su poder de gasto es menor. Y la manera en la que recauda no es progresiva —a la Robin Hood—, sino regresiva, donde cada vez los impuestos indirectos [los que pueden tener incidencia negativa para el que menos tiene] son los que más hacen el total de los ingresos tributarios”, analizó.
Soluciones con todos en la mesa
No se trata de castigar a empresas que generan empleo, coincidieron todos. Herrera defendió el derecho a las empresas a innovar y acumular capital, y advirtió que el problema está en el esquema salarial que no protege a sus trabajadores, además de la lógica de consumo que rebasa las posibilidades económicas reales de los usuarios, así como la incapacidad del Estado de prohibir los monopolios.
“Los monopolios distorsionan tanto a la sociedad, que crean grandes utilidades para ellos, fomentan la pobreza por la falta de competencia justa, y el Estado termina siendo un títere. No hemos tenido gobernantes que fomenten un modelo económico eficiente”, dijo Herrera.
Unda afirmó que una de las maneras en las que el Estado puede apoyar a la balanza de la desigualdad es por la vía del sistema tributario y por la del gasto público, “y también puede aportar en los salarios. Al fin y al cabo, es el gobierno quien está a cargo de la regulación laboral y quien podría hacer algo al respecto en el establecimiento de un salario mínimo”.
Ambos estuvieron de acuerdo al afirmar que se necesita regular a las grandes empresas, garantizar un sistema de bienestar y protección al trabajador y votar por administradores públicos que, más allá de ideologías, tengan propuestas económicas incluyentes para todos los sectores de la sociedad.
Además, sugirieron la recaudación de impuestos progresivos, con tasas tributarias más altas a los ingresos más altos, y que el gasto público se dedique a ofrecer infraestructura y sistemas públicos decentes de educación y salud. Texto Adriana López-Acosta Foto Roberto Ornelas
