El Sistema Nacional Anticorrupción coordina a actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para prevenir, investigar y sancionar la corrupción.
POR MARCELA GUTIÉRREZ
En el tercer día de las XXI Jornadas de Derecho, Derecho del siglo XXI, se llevó a cabo en el Auditorio Pedro Arrupe, SJ, la conferencia “Ingeniería del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”, con invitados como Alfonso Hernández Valdez, miembro del Comité de Participación Ciudadana del SNA y académico del ITESO, Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del ITEI y Ricardo Salgado Perillat, primer Secretario Técnico del SNA.
Alfonso Hernández habló principalmente del proceso de implementación del SNA tanto en el país como en los estados y la vital importancia de la participación ciudadana en el proceso. Para contextualizar, Cynthia Cantero explicó que desde el 2014 surgieron reformas que congregan la rendición de agendas, una de ellas es la detención, prevención y seguimiento de la corrupción. Dicha agenda está determinada a partir del surgimiento del Sistema de Transparencia, que incluye a la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Sistema de la Función Pública.
Actualmente el Sistema de Transparencia, adaptó nuevas responsabilidades que están orientadas a fortalecer la rendición de cuentas de las autoridades, así como a transparentar la información y crear nuevas responsabilidades para el sector privado.
El Sistema de Fiscalización por su parte, surge para que todos los estados sean también auditados, como los órganos de control y la Secretaría de la Función Pública. Su propósito es fortalecer la fiscalización de los recursos y controlar el desempeño que tienen las instituciones públicas y los funcionarios en el país.
En 2016 nace el Sistema Nacional Anticorrupción, con la intervención de gran cantidad de instituciones federales y locales y con un nuevo aparato, el Comité de Participación Ciudadana con cinco ciudadanos distinguidos como integrantes, que tienen injerencia directa con todo este sistema anticorrupción. “Un elemento positivo es que estos tres sistemas tienen una misma interacción. Velarán para que no solo las instituciones públicas rindan cuentas y sean sancionados por cometer corrupción, sino que también los particulares que ejerzan recursos públicos o que tengan relación con las autoridades serán castigados”, mencionó Cynthia Cantero.
En el caso de Jalisco, se aprobaron siete leyes secundarias que acompañan a esta agenda anticorrupción y que harán que cumpla con este deber a nivel nacional.
El secretario técnico del SNA, Ricardo Salgado, dijo que el SNA tiene todas las piezas para que funcione, pero sin autoridades. El plazo para que los estados reforma- ran sus Constituciones y crearan una ley estatal anticorrupción se cumplió el pasado 18 de julio. Dos entidades no cumplieron, mientras que otras ocho lo hicieron, pero con deficiencias. Falta el nombramiento de un fiscal nacional y de los magistrados para que pueda haber sanciones. “Jalisco en esta cuestión ha tenido un papel proactivo”, mencionó.
Para concluir, el profesor del ITESO, Alfonso Hernández dijo que la función del Comité de Participación ciudadana es muy importante para crear, entre otros aspectos, una plataforma digital nacional compuesta por siete sistemas para combatir la corrupción y hacer mancuerna con la sociedad civil para no dejar de presionar a las autoridades con respecto a este tema.
