Urgen a cambiar la opinión pública sobre la tortura

En la mente de muchas personas, la tortura está justificada como una estrategia de defensa para alcanzar la justicia. Se sabe que no es legal, pero parece que hay un acuerdo tácito en el que no está mal visto violentar a alguien con tal de encontrar un culpable. El primer y más grande obstáculo para combatir esta práctica en México es lograr la abolición de esta idea que permanece en el imaginario colectivo, dentro y fuera de las instituciones.

La tarde de este jueves 3 de noviembre, Salvador Leyva-Moreno, secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública; y Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, (CUDJ), sostuvieron una charla sobre la situación actual de la tortura en México, ante estudiantes, en el ágora de la Biblioteca del ITESO

De acuerdo con Leyva-Moreno, lo más urgente es cambiar la opinión pública sobre la tortura. Uno de los trabajos que han hecho desde el surgimiento de la Defensoría, que comenzó a operar con la actual Administración, es la elaboración de una guía en la que se descarta, por ejemplo, que en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia afirmen que por ciertos comportamientos se puede saber cuándo alguien está mintiendo o no: “Cada vez está más tolerado. Si no legalmente, sí moralmente, y no sólo afuera de la Defensoría, sino también al interior. En la guía que hicimos hay un apartado de mitos en donde intentamos deshacernos de todo esto. Es difícil combatir o pelear contra esta narrativa cuando las máximas autoridades dicen que no se comete la tortura”.

Cuando alguien es víctima de un delito, directa o indirectamente, y se encuentra a un presunto culpable, es fácil caer en la tentación y esperar que se haga lo necesario para que confiese. Sin embargo, en estas prácticas se incurre en un sinfín de violaciones a la ley y a los derechos humanos.

Otro obstáculo es la simulación. Tan sólo en este año se han presentado más de 5 mil 300 denuncias por actos de tortura en contra de la Secretaría de Defensa de la Nación (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar), la Guardia Nacional, el

Instituto Nacional de Migración y policías estatales, entre otras autoridades. Sólo tres casos fueron llevados a juicio, y, además, los juicios difícilmente llegarán a buen puerto porque a menudo parten de investigaciones mal hechas.

El especialista mencionó que en el caso de las personas desaparecidas existe la posibilidad de que los familiares se movilicen y busquen justicia. Los reclamos y exigencias por este delito se vuelven incómodos para las autoridades, y eso tiene un alcance. En el caso de la tortura, en cambio, resulta muy fácil para los gobiernos no hacer nada, porque la persona afectada está en la cárcel: “No sólo está en la cárcel sino que nuestro Sistema Penitenciario Federal hace que, si la persona es de Guerrero, tiene su situación jurídica en la Ciudad de México y está privada de la libertad en Veracruz, sea imposible articular socialmente un movimiento de familiares”.

A esto se aúna la falta de voluntad de todas las autoridades.

“No hay una institución a la que realmente le interese el tema del combate a la tortura. Ni al sistema penitenciario, ni a la Secretaría de Gobernación, ni a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, ni a las defensorías locales, y eso genera un gran problema.

“Siguen exigiendo que la persona sobreviviente pruebe que fue torturada, en lugar de exigirles a las autoridades que demuestren que no torturaron”.

Frente a este panorama poco alentador para la justicia en el país, en la Defensoría trabajan para denunciar ante organismos internacionales algunas de las situaciones que se viven en México. Entre ellas está un caso que recientemente admitió la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el que describen cómo 22 mujeres del Centro Federal de Readaptación Social 16 (Cefereso), que cumplen con prisión preventiva, son víctimas de un sistema penitenciario ya de por sí violento con personas de su género.

Actualmente, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tienen casos sobre detenciones arbitrarias: “En este sentido aprovechamos para arrancar cuestiones estructurales. No sólo para que se atienda directamente a la persona, sino para que se cambie algo: arraigo, prisión preventiva, condiciones de internamiento”.

Hay dos aspectos importantes para combatir a la tortura. Uno, puntualizó Leyva, es el voto. Es decir, si todas las personas privadas de su libertad votaran, atraerían la atención de los gobernantes: “Serían personas que importan, porque ahora no les importan en lo más mínimo”.

El otro aspecto es la justicia restaurativa, que significa involucrar más a la sociedad en estos temas.

La gente, señaló el funcionario, no se involucra nunca con el sistema de justicia en general. «Es terrible cómo seguimos escuchando el testimonio de estas personas privilegiadas que dicen: ‘Hasta que no me pasó a mí, yo no sabía que esto pasaba’. ¿Y por qué no sabías? Ésa es la realidad en México».

FOTO: Jafet Misael Cupul Ramírez