En 2006, más de 60 personas quedaron enterradas en la mina Pasta de Conchos. La tragedia es apenas un fragmento de un complejo problema en el norte del país.
Por Miguel Peón, escolar jesuita
A 10 años del siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006, sus cuerpos aún siguen en el interior de la mina sin poder ser rescatados. Son 63 de los 65 mineros abandonados que trabajaron en la mina de carbón Pasta de Conchos, propiedad del corporativo Grupo México y ubicada al norte del Estado de Coahuila. Los dos que no están ahí murieron en el intento de escapar. Las labores de rescate fueron detenidas por la empresa a menos de una semana de haber empezado.
Activistas calculan que, desde 2006, un centenar de mineros han muerto en Coahuila, sin que el gobierno mejore sus precarias condiciones laborales
Desde entonces, mes con mes, los familiares han presionado a los representantes del corporativo para recuperar los cuerpos, quienes se han negado a hacerlo, porque encontrar los restos demostraría la falsedad de su versión y la culpabilidad de la empresa minera por las condiciones inseguras que provocaron la explosión y el posterior abandono de sus trabajadores. En esta década, las familias han registrado con cruces blancas de madera en los caminos todas las víctimas fatales (más de 600) de los diversos accidentes en la región carbonífera del país.
Tampoco las autoridades estatales han respondido por estas muertes; ni por los 65 en Pasta de Conchos, ni por los que han seguido muriendo en las minas del carbón. Los familiares no solo piden cuerpos, sino condiciones para mantener la seguridad necesaria para los trabajadores y sus comunidades. Las entrevistas con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han sido infructuosas y el gobierno se ha mostrado indiferente y omiso, orientado a proteger los intereses de empresarios y autoridades estatales corruptas.
Ante este panorama desolador, y apostando por defender la vida humana, se inició una coadyuvancia en la vigilancia de las minas coordinada por Cristina Auerbach, quien ha acompañado a las familias de Pasta de Conchos desde la explosión. Con una intensa campaña de convencimiento a las familias y a los mineros para denunciar los centros de trabajo que fuesen inseguros, ilegales o clandestinos, y aumentando la presión nacional e internacional sobre las autoridades para que cumplieran su deber de inspección de los centros de trabajo, se ha logrado reducir el número de muertos: de 33 en 2012, a dos en 2013, tres en 2014 y uno en 2015.
Lo que las autoridades declararon algún día imposible, parece que está siendo logrado por el esfuerzo comunitario de los mismos familiares.
Además de los desechos de polvo de carbón, en algunas poblaciones como Cloete (pueblo minero en Coahuila), las empresas mineras han excavado tajos y minas a cielo abierto dentro del mismo pueblo, derrumbando casas y poniendo en peligro la vida de los pobladores que pueden hundirse en el terreno o caer en los pozos, construidos a menos de 200 metros de sus casas o, incluso, por debajo de sus pisos y patios.
“No basta detener las minas, es necesario reconstruir la vida comunitaria. La vida digna solo es posible si la cuidamos y construimos todos”
Una destrucción brutal al interior del pueblo, a la que se suma la intimidación y miedo: les dijeron que eran los “Zetas” quienes los expulsaban de sus casas, sometiéndolos a acoso, secuestro y hasta asesinato para, después, encontrarse a los supuestos “Zetas” convertidos en empresarios del carbón con apoyo de la autoridad local y estatal.
Las familias del pueblo de Cloete saben que no basta con detener las minas, sino que también es necesario reconstruir la vida comunitaria. Han abierto una oficina para organizarse e instalado una biblioteca que ha causado alegría y esperanza tanto a niños como a adultos. También cuentan con tres invernaderos y una fábrica de bloc que hace material de construcción térmico con el polvo de carbón, desechos que las empresas mineras pensaban inútil, pero que en países como España se utiliza para pavimentación y vivienda.
Son proyectos pequeños, comenta Auerbach, pero con un gran poder simbólico para los pobladores quienes, cuando ven que su trabajo empieza a tener frutos para su propio bien, se descubren libres del poder y la corrupción de los que dominan e imponen sus reglas en la zona.
Estas labores de defensa de la vida se llevan a cabo también en pueblos aledaños, seis actualmente, sumando unas 15 mil personas. A este esfuerzo nos convocan a todos en el país para unirnos a su demanda y lucha y llevarlo a nuestras comunidades, porque la vida digna solo es posible si la cuidamos y construimos todos. Foto CNN México
