“Lo que estamos haciendo es desde abajo a la izquierda, pues así estamos defendiendo nuestras tierras”, comentó Domingo Pérez Álvaro, representante de los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, municipio chiapaneco de Chilón, al hablar en el ITESO sobre las disputas por las tierras circundantes a las Cascadas de Agua Azul donde se planea construir el Centro Turístico Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul (CIP Palenque).
En el Diálogo intercultural con indígenas de Bachajón que se realizó en el ITESO el 7 de octubre, en el marco de la Cátedra Jorge Alonso del Centro de Investigación y Formación Social, Karela Contreras, socióloga de la UdeG, afirmó que dicho proyecto (www.proyectomesoamerica.org), pretende “convertir a Chiapas en un Cancún verde”.
El CIP, cuyas obras están ahora detenidas debido a la presencia de policías y paramilitares –según la versión de Contreras– en los terrenos, pretende construir miles de habitaciones de hotel y centros comerciales y recreativos, lo que implicaría el despojo de 21 mil hectáreas de territorio y el desalojo de 7 mil familias indígenas que serían desplazadas a poblaciones en las que no hay empleo ni modo de trabajar la tierra.
Cronología del conflicto
A pesar de que los ejidatarios tienen un título de propiedad desde 1980, en 2007 el Gobierno de Chiapas desconoció sus derechos sobre estas tierras aduciendo que su territorio está en otras coordenadas, fuera de la zona en conflicto; desde entonces, dicha zona ha sido ocupada alternadamente por policías y paramilitares de un lado, y por los indígenas del otro.
Los tzeltales, adscritos a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, conformaron en febrero de 2015 su propia sede autónoma, en la que se reúnen para tomar decisiones, la cual fue destruida en marzo de este año actualmente se encuentra en manos de los “oficialistas”, como también llaman a los paramilitares.
“Para nosotros tienen presas nuestras tierras, pero no va a quedar así, porque en las tierras vivimos como campesinos y no vamos a dejar que el gobierno haga lo que”, enfatizó Domingo. A lo largo del conflicto han sido asesinados dos indígenas de la comunidad de San Sebastián y 130 han sido encarcelados, de los cuales quedan tres en prisión con cargos imputados de asalto y asesinato. Puedes seguir los pormenores del caso a través de la página del colectivo Pozol, www.pozol.org. Texto Roberto Ornelas Foto Luis Ponciano