Ocurrieron en la dictadura argentina y en la chilena o en los campos de concentración nazis; ocurren hoy en Siria o en los territorios ocupados de Palestina atacados por Israel. En México, los crímenes de lesa humanidad ya están sobre la mesa.
POR IGNACIO LÓPEZ, COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN DERECHO
El pasado mes de junio, la organización Open Society Foundations presentó un reporte denunciando la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en México. ¿Su conclusión? Sí los hay.
Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán… los casos de abusos y crímenes cometidos por el Ejército mexicano se multiplican y preocupan a expertos nacionales e internacionales
El reporte aborda la situación de nuestro país desde una óptica jurídica para determinar si se han cometido este tipo de crímenes. Subrayan los autores del reporte que “mientras este análisis no cuestiona los méritos o idoneidad de una política pública para combatir al crimen organizado, o el derecho y obligación del Gobierno Mexicano de proteger a sus ciudadanos, sí escruta la legalidad de los métodos mediante los cuales esa política ha sido implementada”.
Los crímenes de lesa humanidad (lesa significa “agraviado, ofendido”; esta categoría fue incluida por vez primera en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en 1998) son actos de violencia (asesinatos, tortura, desaparición forzada, utilización de violencia sexual como medio de intimidación y destrucción de comunidades) llevados a cabo de forma generalizada o sistemática en contra de la población civil.
A partir del análisis realizado –el cual utiliza los criterios de la Corte Penal Internacional– el reporte concluye en México sí se han cometido crímenes de lesa humanidad (no crímenes de guerra) atribuibles tanto al Estado por acción y omisión, como a grupos de criminales, entre ellos el cártel de los Zetas.
También es fundamental porque reconoce la legitimidad formal del accionar del gobierno mexicano en su combate al crimen organizado y al mismo tiempo señala que ha habido abusos y omisiones en el ejercicio de la autoridad estatal que han derivado en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Finalmente, enfatiza que el Poder Judicial ha sido incapaz de procesar de manera efectiva este tipo de casos.
Si bien esto puede parecer bastante obvio, es importante detenernos a considerar las implicaciones del reporte. Una de las principales obligaciones de cualquier Estado es la búsqueda de la seguridad de sus habitantes. Un gobierno que no es capaz de brindar seguridad pierde su razón de ser y puede provocar una crisis de legitimidad del Estado, sobre todo si la incapacidad de prevenir y sancionar se extiende durante periodos largos de tiempo con gobiernos diferentes, como parece ser el caso de México en, por lo menos, las últimas tres administraciones presidenciales (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto).
Lo que podemos deducir es que la crisis de derechos humanos en México se está tornando, poco a poco, en un problema de seguridad nacional. Los números del reporte son escalofriantes: en cuanto a tortura, en los últimos 10 años hay mil 884 investigaciones federales, solamente 12 procesos abiertos y apenas ocho sentenciados por dicho delito; en cuanto a las desapariciones forzadas, tenemos 313 investigaciones y tan solo 13 personas sentenciadas.
El hecho de que se haga énfasis en que el Poder Judicial, auxiliado por las agencias de seguridad y persecución del delito del Gobierno sea incapaz de abatir la impunidad, ratifica la degradación del Estado no solo en los hechos, sino en el imaginario de la población.
La aparición de grupos de autodefensa, la identificación de porciones significativas de la población con los grupos criminales antes que con las autoridades estatales y la incapacidad de procesar asuntos tales como el de Ayotzinapa, han encendido los focos rojos.
No es mi afán ser alarmista, pero la situación del Estado Mexicano se asemeja a las condiciones que vivieron ciertos países durante la llamada Primavera Árabe; hay similitudes que permiten considerar que la continuada deslegitimación del Estado mexicano puede venir aparejada con un fortalecimiento de grupos criminales y paramilitares que debiliten al aparato estatal hasta niveles críticos.
El Estado Mexicano en su conjunto no puede seguir jugando a la política cuando de derechos humanos se trata. Es urgente, un asunto de seguridad nacional, que se acabe con la impunidad y se desarticulen inercias institucionales que permiten a actores estatales y no estatales incurrir en crímenes de lesa humanidad y permanecer sin castigo. Foto Amnistía Internacional
Puedes consultar el reporte íntegro en este enlace: https://osf.to/1ZqSc7C. Foto Archivo
