La economía solidaria, un medio para la justicia social

El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas emitió una resolución en la que reconoce que el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad en y entre las naciones o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; reconoce también que para mantener el desarrollo social y la paz es necesario un crecimiento económico de base amplia y sostenido, así como seguir consolidando la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza, a promover el empleo pleno y el trabajo decente, entre otros asuntos. Con base en lo anterior, la Asamblea General decidió establecer que el día 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social. 

Un año más adelante, en una resolución adicional del día 19 de diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas señala que el trabajo decente y el empleo pleno son objetivos necesarios para asegurar la justicia social. Y, en el año 2022, la propia Asamblea General incluye en la discusión de la 110° Conferencia Internacional de Trabajo un punto de acuerdo sobre el trabajo decente y la economía social y solidaria. En suma, desde la perspectiva de Naciones Unidas, el desarrollo social y la justicia social se relaciona con el trabajo decente, el pleno empleo y la economía social y solidaria. 

Conforme a dichos referentes, la justicia social se entiende como distribución de la riqueza y vigencia de derechos. Y el trabajo funge como bisagra entre ambos elementos. Por ello, se identifica la necesidad de promover el trabajo, suficiente para todas las personas y respetuoso de los derechos al trabajo y en el trabajo. 

Estas aspiraciones de orden mundial se encuentran en cuestión por la prevalencia de las desigualdades, económica, social, cultural, territorial, de género y generacional. Las desigualdades dejan atrás a miles y millones de personas en el acceso a oportunidades; disparidades en el acceso a la educación de calidad, a la salud y la buena alimentación, a fuentes de trabajo estables y con ingreso suficiente, entre otros elementos, afectan la vigencia de derechos, el acceso a oportunidades y las condiciones de vida de la población. 

Y, centrando nuestra atención en el trabajo, es claro que las crisis del modelo de desarrollo vigente influyen fuertemente en la calidad del trabajo y de las condiciones del empleo, afectando con ello las condiciones de vida de la población, la dependencia de las familias de la economía informal y la creciente pérdida del disfrute de los derechos básicos para la mayoría de la población. El problema que se encuentra en la base es q“el trabajo se ha instituido progresivamente más como herramienta para la productividad, la supervivencia, la función mercantil y la reproducción del capital, que como actividad generadora de satisfactores humanos necesarios, de producción material de la reproducción social y de dignificación de la actividad humana”, como lo señala Luis Ignacio Román en Precariedad e informalidad laboral en el Área Metropolitana de Guadalajara (México), 2018 – 2021 (CEPAL- México, 2022. 

Ante ello, los principios y valores de la economía social y solidaria (ESS) cobran especial relevancia. La ESS no sólo plantea la urgencia de transitar hacia modelos tecnológicos sustentables, hacia esquemas organizacionales democráticos y hacia procesos de vida buena que redistribuyan la riqueza socialmente creada, el consumo de satisfactores esenciales y el bienestar de nuestras familias y sociedades; en el fondo, busca una reformulación de paradigma civilizatorio fincado en el progreso a costa de la depredación ambiental, en el crecimiento económico de unos cuantos a costa del empobrecimiento de las mayorías y en la acumulación de tangibles e intangibles económicos que son usados como armas políticas para pulverizar las iniciativas colectivas y comunitarias. 

En particular, el enfoque de la ESS sugiere que el trabajo es una actividad que dignifica a la persona, al tiempo que el cuidado de un medio ambiente sostenible se convierte en prioridad; ello implica que valores como el cuidado de las personas y el planeta, el igualitarismo, la interdependencia, la integralidad, y el autogobierno rigen el trabajo y el empleo. 

En definitiva, la ESS propone la implementación de políticas y mercados que satisfagan las necesidades sociales de manera equitativa, es decir, un modelo civilizatorio donde las libertades y la individualidad se exprese como una vocación diferenciada a la construcción de la vida como común-unidad o colectividad y no en función de la acumulación del capital o de la privatización de la riqueza socialmente construida 

Afortunadamente contamos con ejemplos que demuestran la viabilidad práctica de la economía social y solidaria. Un par de ellos son el Mercado Agroecológico Teocintle y el Mercado TOCA, que son espacios de encuentro -de libre acceso- de productores agroecológicos y de consumidores responsables, en donde se exponen productos artesanales y sustentables, pero también se intercambian saberes, experiencias y productos bajo esquema de trueque. Pero más allá de los productos, también se ponen en común las capacidades artísticas y técnicas en los talleres, los cursos y las presentaciones de los diversos participantes. Ahí en estos espacios se celebran la vida común y se intercambian productos que nutren el cuerpo y el alma. 

La celebración del día mundial de la justicia social representa, entonces, un llamado a impulsar acciones decididas para avanzar en la disminución de las desigualdades y en la dignificación del trabajo y del empleo, asuntos a los que están convocados gobiernos, empresas, empleadores, trabajadoras, familias. Para lograrlo, las aportaciones desde la institución de educación superior a través de la vinculación social, la formación y la investigación resultan de especial relevancia, para encontrar alternativas para la justicia, el ejercicio de derechos y el trabajo digno basadas en el diálogo social. 

FOTO: Roberto Ornelas