En las XXII Jornadas de Derecho del ITESO se analizaron causas de la criminalización de las mujeres y de la violencia a la que son sometidas.
POR ANDRÉS GALLEGOS Y LAURA RODRÍGUEZ
Pese a las 37 mil 400 personas desaparecidas en México, las 260 mil personas asesinadas por la violencia criminal desde 2006, las miles de mujeres víctimas de feminicidio y violencia, y los más de 300 mil mexicanos desplazados para huir de la violencia, el gobierno federal se ha dedicado a negar esta realidad culpando a las víctimas.
Así lo consideró Miguel Édgar Cortez, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien participó en las XXII Jornadas de Derecho celebradas en el Auditorio Pedro Arrupe, SJ, del ITESO, del 13 al 15 de noviembre.
“Hasta hoy el discurso oficial es de negación, de decir que no hay una crisis de derechos humanos en México, ni una práctica sistemática de desaparición forzada, los cataloga como casos aislados, y si sucedió es porque es responsabilidad de las víctimas y no de las instituciones. Por eso hay que generar una nueva narrativa que reivindique a las víctimas”, manifestó Miguel Édgar Cortez.
El especialista consideró que se tienen que aplicar una serie de políticas que garanticen a las víctimas una justicia transicional compuesta de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición del delito.
“Nuestro país tiene una enorme deuda con las víctimas actuales de la violencia política y con las víctimas de tiempo atrás, entonces hay un gran universo que no se ha logrado cuantificar y ese es el gran reto del próximo gobierno y las instituciones: cómo garantizarles acceso a la justicia y la reparación”.
Sufren criminalización en la frontera
Santa, Rosario, Lilian, Rosa, Guadalupe y Lorenza son migrantes centroamericanas que fueron criminalizadas en la frontera sur de México.
Mariana Zaragoza González, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, estuvo en el ITESO para presentar el informe en el que participaron la Ibero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El informe “Criminalización de Mujeres Migrantes, análisis de seis casos en la Frontera Sur” documenta los casos de las seis mujeres que sufrieron vejaciones como ser detenidas sin informarles los motivos, ser torturadas sexualmente, exhibidas antes de ser juzgadas, separadas de sus hijos o no contar con asistencia consular.
Uno de los testimonios emblemáticos, dijo la académica, es el de doña Lilian, quien vive en Tecún Umán, en la frontera entre Guatemala y México.
“Ella tiene una sobrina que adoptó como suya y un día le pidió que fuera a México, a Ciudad Hidalgo, a hacer algunas compras, y nunca regresó. Cuando ella tuvo, por fin, información sobre su sobrina fue porque unas personas, traileros, le dijeron que la vieron en una casa y que la estaban prostituyendo. Doña Lilian cruza a México, pide asesoría y le dicen que vaya a la Fiscalía de Atención al Migrante de Tapachula”, contó.
“Va y mete una queja, diciendo que su sobrina estaba siendo detenida en ese lugar. Ella, personalmente, va y ve que su sobrina está ahí, no puede sacarla. Le piden que firme un documento para hacerle un cateo al lugar; ella firma, pero no sabe leer ni escribir, entonces, lo que hace es dejar su huella digital sin saber de qué documentos está hablando. Le dicen que a las dos semanas le van a llamar, cuando ya hayan hecho el cateo, para que vaya y recoja a su sobrina. A las dos semanas le llaman, le piden que se presente en la Fiscalía y, cuando se presenta, la detienen, le piden que otra vez firme, otra vez ponga su huella digital en (una hoja) en blanco. Cuando la pone, la detienen, la golpean y lo siguiente es ella, en la prisión, en la cárcel, detenida. Cuando está en su celda, sus compañeras le explican que ha sido detenida por trata de personas, por haber tratado sexualmente, con fines de explotación sexual, a su sobrina”.
Doña Lilian iba acompañada de su hijo de 8 años, quien tuvo que regresarse a pie hasta su casa. No hubo cateo en el local, aunque a la sobrina sí la liberaron. La señora estuvo cinco años en la cárcel.
La coordinadora del Prami de la Ibero explicó que las mujeres pudieron salir de la cárcel con estrategias como una huelga de hambre, el apoyo de organizaciones o por medio de una mesa instalada por el Gobierno de Chiapas que otorga perdón político. Esto, dijo, hace más complicado seguir procesos para exigir la reparación del daño.
Mariana Zaragoza comentó que ahora ellas están estigmatizadas, por haber estado en la cárcel, por lo que enfrentan un reto para reconstruir su vida de una forma digna.
Según el informe, en 2015, cuando comenzó el proceso de documentación, 96 mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social no. 4 Femenil de Tapachula; de ellas, 23 estaban acusadas del delito de trata de personas, 24% de la población total. El 70% eran de Honduras, El Salvador y Guatemala. Descarga el informe completo en: bit.ly/2AghTTz
